Hace unas semanas publicamos un borrador sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Ahora está disponible el documento final y lo incluimos integro para nuestros lectores. En la introducción del informe se indica, «El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presenta a la comunidad nacional su décimo tercer Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, relativo a hechos ocurridos –entre mediados de 2014 y agosto del presente año–, en diversos ámbitos vinculados a los derechos humanos vigentes en nuestro país. Como hemos señalado siempre, el Informe que se elabora cada año, no pretende realizar un examen exhaustivo de cómo el Estado chileno cumple o no la totalidad de las obligaciones internacionales de derechos humanos: su propósito es informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DDHH, aspectos conflictivos de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad.»
Para bajar el documento (394 páginas) y leerlo presionar aquí.
En relación con la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, surgen evidencias del impacto que produjo el fallo de los compañeros de la Isla Dawson. Es interesante darse cuenta como la Señora Patricia Silva ya sea con “intención o por omisión” falta a la verdad. Nos podemos dar cuenta que no cambia su modus operandi. Al igual como se desinformaba a las autoridades, parlamentarios y a la opinión pública que se habían levantado todas las huelgas, mientras ellas estaban lejos de terminarse; así hoy ella habla de un fallo en que la Corte Suprema condena al Estado a pagar una indemnización de 10 millones, (Fallo de Tejas verdes) como si fuera el único fallo, sin embargo omite el dictado en el caso de un estudiante de Talca, representado por el abogado Boris Paredes donde se condena al Estado a pagar una indemnización de 25 millones.
El 2 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una Sentencia, mediante la cual declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho de protección judicial en perjuicio de Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Oyanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal al no habérseles ofrecido un recurso efectivo para dejar sin efecto un proceso penal que tomó en cuenta pruebas y confesiones obtenidas bajo tortura y mediante el cual fueron condenadas durante la dictadura militar en Chile. Asimismo, el Tribunal consideró que el Estado es responsable por la excesiva demora en iniciar una investigación respecto a las torturas que sufrieron Ivar Onoldo Rojas Ravanal, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Álvaro Yáñez del Villar y Omar Humberto Maldonado Vargas.
Este es nuestro primer boletín en el que damos cuenta de nuestras actividades durante el tercer trimestre de 2015. Nos parece importante destacar la realización de nuestro Encuentro Nacional extraordinario que tuvo lugar en Santiago los días 21 y 22 de agosto recién pasado. Este encuentro tuvo la particularidad de hacerse al final de una etapa de lucha que se prolongó durante siete meses, entre diciembre de 2014 y julio de 2015, período en que los ex pp mantuvimos una prolongada huelga de hambre a nivel nacional.
El pasado 9 de septiembre, un grupo de diputados del partido Demócrata Cristiano presentó un proyecto de ley (boletín 10297) que busca establecer medidas de reparación a las victimas de violaciones a los derechos humanos. La moción, enviada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, fue presentada por los diputados Claudio Arriagada, Fuad Chahin, Iván Flores, Sergio Ojeda, Ricardo Rincón, René Saffirio y Gabriel Silber.
Nuestro acuerdo del Encuentro Extraordinario UNExPP de Agosto 2015 nos lleva a hacer una gran embestida contra la impunidad, por medio de querellas colectivas por cada centro de tortura que hubo en la dictadura y al menos una querella por Región. Para preparar las querellas es necesario que trabajemos TODOS en una intensa tarea de REFICHAJE de todos los compañeros que ya han participado en nuestras demandas civiles (son 3100 casos), pero pretendemos ampliar esa cantidad con invitación a participar en esta importante acción judicial al máximo de compañeros que sea posible, de modo que podamos conformar los diversos grupos homogéneos de torturados que coincidieron en los mismos lugares y en el mismo período de tiempo. De esa forma, facilitaremos la actuación de los jueces especiales de causas de DD. HH. al presentarles un paquete compacto de casos y concentrar la investigación del sumario para establecer la identidad de los victimarios o torturadores para que sean procesados y condenados.
El fallo reconoce que las víctimas fuimos objeto “de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile y reseña la Convención Interamericana de Derechos Humanos para descartar toda prescripción de los delitos y acoger lo solicitado por los demandantes, atendiendo “el inconmensurable daño moral producto de su reclusión ilegal en una isla del fin del mundo, los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia”. En concreto, la sentencia considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional.
Estimad@s compañer@s, La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile manifiesta su emoción y dolor ante el sensible fallecimiento del compañero Boris Lagunas León, acaecida en trágicas circunstancias el pasado 13 de septiembre.