Mes: mayo 2026

El actual presidente de Chile, José Antonio Kast, fue electo con un 58% del voto popular. Importante sectores de trabajadores optaron por elegirlo en todas las regiones del país. Y debe quedar claro que su programa claramente indicaba cuales eran los objetivos de su coalición de derecha encabezada por su Partido Republicano. El estado para ellos debe estar al servicio de los empresarios. Debe ser un aparato reducido para que no incurra en grandes gastos que requieran el pago de impuestos para los capitalistas. Los impuestos generales como el impuesto al valor agregado no son problemáticos, ya que estos los pagan mayoritariamente los grandes sectores de consumidores, sin siquiera darse cuenta que lo están haciendo.

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A continuación va copia del fallo de primera instancia de la demanda del ex prisionero político Jaime Gallardo Urrutia en contra del Fisco de Chile. En este caso, como en muchos otros se alegó que este caso no podía juzgarse debido a que ya habia sido presentado anteriormente. Las Cortes de Apelaciones y la Suprema han desechado el alegato de «cosa juzgada» anteriormente. La novedad es que este caso fue determinado en primera instancia.

La doctora del PRAIS Occidente, Ana Toro Cepeda, ha iniciado una campaña de firmas protestando por la inclusión del Programa PRAIS dentro de la lista de programas a «descontinuar», por parte del actual gobierno. La petición se entregará a la Ministra de Salud, May Chomalí. Instamos a todas y todos que después de leer dicha carta procedan a firmarla. La petición está dentro de la plataforma change.org.

El título de la petición es «Riesgo clínico y ético ante la propuesta discontinuidad de PRAIS«, y, en lo fundamental, pide «Es por esto que como médicas, médicos, profesionales de la salud y todo/a aquel comprometido con la memoria y la reparación, instamos a las autoridades que proponen la descontinuación de PRAIS y a la figura principal de nuestro Ministerio de Salud, Dra May Chomali a reconsiderar cualquier medida que afecte la operatividad del PRAIS. La gestión de los recursos públicos no puede estar disociada de la evidencia clínica ni de los compromisos éticos fundamentales. Un programa de Derechos Humanos que se mide con una lógica de ahorro financiero ha perdido, en esencia, su función reparatoria.»

Para firmar la petición pinchar aquí.

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