Por German Westphal
24-Nov-2015.- La Corte de Apelaciones de Santiago dictó nuevas sentencias en causas por violaciones a los derechos humanos, las que fueron investigadas por los ministros Leopoldo Llanos, Mario Carroza y Alejandro Madrid, respectivamente:
Por el delito de aplicación de apremios ilegítimos a Haydeé Oberreuter Umazábal, en el aspecto civil, se confirmó la sentencia que condenó al fisco a pagar $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a la víctima como indemnización por daño moral.
Por el delito de secuestro de Arturo Hillerns Larrañaga, en el aspecto civil, se condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a la cónyuge e igual monto al hijo de la víctima.
(Fuente: El Clarín)
En contraste, la Ley 20874 del gobierno de Bachelet otorga “una reparación individual pagadera en una sola cuota, correspondiente a $ 1.000.000 (un millón de pesos) por cada víctima individualizada en las nóminas Valech. A las viudas corresponderá un 60% de este monto, es decir, $ 600.000.” (IPS)
La discrepancia entre las indemnizaciones que otorgan los tribunales de justicia y las reparaciones del gobierno es abismante, especialmente en tanto que las reparaciones del gobierno benefician sólo a las viudas y dejan fuera de todo beneficio al resto de la familia. En los hechos, hay otras indemnizaciones judiciales que incluso son de mayor monto que las mencionadas.
Como si esto fuera poco, el gobierno de Bachelet busca descontar los aportes reparatorios de «cualquier otra forma de reparación que se conceda, independientemente de la fuente que de origen a la misma, fundada en los mismos antecedentes de hecho” (IPS), a pesar de que las indemnizaciones judiciales y los aportes reparatorios son patrimonialmente distintos.
(Ver el siguiente sitio del IPS y los formularios que se incluyen: www.ips.gob.cl )
Respecto a la reparación final que estudia el gobierno, ella también tendría diferencias substanciales con las indemnizaciones judiciales. En efecto, mientras éstas son de pago inmediato, la reparación final del gobierno se pagaría según tramos etarios, en cuotas de varios años, en circunstancias que la gran mayoría de las víctimas de prisión política y tortura son de tercera edad, con limitadas expectativas de vida por los padecimientos sufridos. En otros términos, el gobierno está apostando a que se mueran y así evitar cumplir con el mandato que le impone la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Dado lo anterior, la UNExPP está promoviendo una campaña de fichaje y refichaje de las víctimas de prisión política y tortura a fin de presentar ante tribunales un conjunto de demandas y querellas contra el Estado de Chile a fin de obtener las reparaciones justas y adecuadas a que Chile esta obligado como signatario de la Convención arriba mencionada.
18 opiniones en “LAS INDEMNIZACIONES JUDICIALES POR PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA Y “EL APORTE ÚNICO REPARATORIO” DEL GOBIERNO DE BACHELET”