A LA OPINIÓN PÚBLICA
Nosotros, ex mineros del Teniente, ex militantes de la Unidad Popular y ex prisioneros políticos de la dictadura militar decimos:
Fuimos parte del movimiento histórico que eligió presidente de Chile al compañero Salvador Allende y junto con él llevamos adelante avances sociales gigantescos para toda nuestra sociedad, en particular la nacionalización del cobre para todos los chilenos.
Luchamos y apoyamos firmemente el cumplimiento del programa del gobierno popular, desarrollando trabajo solidario cuando se necesitó, para cumplir las metas del gobierno.
El 11 de septiembre de 1973 los militares nos detuvieron en nuestro trabajo, nos encarcelaron, nos torturaron, miles fuimos fusilados y miles expulsados del país junto con nuestras familias por decenas de años, por el solo delito de haber sido partidarios del legítimo gobierno de la Unidad Popular.
Al retorno de la democracia, los gobiernos sucesivos nos prometieron justicia y reparación conforme a los tratados en materia de Derechos Humanos que el Estado chileno firmó. Hoy, 40 años después de producidas las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, seguimos esperando se cumpla esa promesa de reparación.
No desconocemos los avances que se han concretado, como procesar y encarcelar algunos de los miles de criminales, en cárceles especiales. Sin embargo, el contraste entre victimarios y víctimas sobrevivientes salta a la vista: mientras los asesinos y torturadores gozan de excelentes pensiones, beneficios hospitalarios y prisión de lujo, sus víctimas sufrimos el abandono, la pobreza y la enfermedad sin una atención de salud digna, ni reparación apropiada tras una espera de más de cuarenta años.
La propia justicia chilena se ha visto obligada a reconocer, en una sentencia reciente de la Corte Suprema, que el Estado debe encontrar una solución definitiva, eficaz y eficiente por la vía legislativa, esto es, mediante la dictación de una ley que otorgue a las víctimas un resarcimiento patrimonial acorde con los daños causados en la época del gobierno militar. Nosotros hemos redactado un proyecto de ley de indemnización para todos quienes fuimos prisioneros políticos. Este proyecto incluso ha sido objeto este año de pre acuerdo en ambas cámaras del Congreso Nacional para ser legislado, pero el poder ejecutivo se ha negado a presentarlo a trámite legislativo.
Estamos fatigados de esperar y rogar a los gobiernos que se han sucedido en el poder que legislen una ley definitiva de indemnización. Nunca ha existido la voluntad política para hacerlo, las razones siempre han sido buenas para postergarnos. Nos consideramos chilenos de segunda clase y nos sentimos doblemente maltratados: la primera vez por la dictadura militar y la segunda vez como parias de la sociedad democrática.
Es por ello que hemos tomado la decisión de realizar una protesta pública a través de una huelga de hambre indefinida que iniciamos hoy lunes 1° de diciembre de 2014.
Esperamos que nuestro gesto reciba la atención de quien corresponda para obtener una respuesta satisfactoria a nuestra demanda que es moralmente justa.
EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE RANCAGUA
11 opiniones en “HUELGA DE HAMBRE EN GOBERNACION DE RANCAGUA A PARTIR DE DICIEMBRE 1RO.”