Los que hacen un escándalo y aprovechamiento de que un número insignificante de personas declaradas “desaparecidas”, no lo son en realidad, buscan encubrir con ello, su propia complicidad con los crímenes perpetrados por su gobierno (la dictadura militar). Si bien, el hecho de los “aparecidos” revela falencias estructurales en la comisiones destinadas a investigar y establecer la verdad, debemos tener presente que esos errores son de tipo burocrático.
Entonces no se debe confundir: Nosotros no condenamos “errores“ de las comisiones; comprendemos que puede suceder en un trabajo de tal magnitud; pero cuestionamos errores históricos, errores de concepción política; traición a ciertos principios éticos, tal como se dice en el artículo publicado anteriormente en el que Beatriz Vega Sonntag (residente en Bremen) afirma: “El gobierno mencionado (Lagos. Nota de NV), tal como los dos gobiernos anteriores, concentró su estrategia alrededor del concepto unidireccional de la “reconciliación nacional”.
El diagnóstico hecho por la autora mencionada implicaba hasta el gobierno de Lagos, pero entretanto hemos visto que Bachelet sigue en la misma línea.
La estrategia de los gobiernos Post-Dictadura (“Concertación”) dio la espalda a las víctimas del terrorismo de Estado en función a supuestos “intereses nacionales” (incapacidad y/o cobardía para enfrentarse a los militares en un momento que era propicio para doblarles la mano. Cuestión reconocida por altos dirigentes).
Sus “razones de estado” se fundaron en aquella reunión en Madrid, en la que se dieron la mano, jefes de las Fuerzas Armadas chilenas y políticos de la Concertación, en especial, socialistas; esta política implicó que las víctimas debían olvidar (argumento repetido por la Derecha) y perdonar (predicada con pasión, por el Cardenal de la Iglesia Católica, a sabiendas de que los torturadores y asesinos jamás han pedido que los perdonen, porque no tienen conciencia de sus crímenes. Se han declarado «héroes nacionales», por haber salvado supuestamente al país del «comunismo»).
La paz social requiere que impere la Justicia; Justicia que debe fallarse conforme a la verdad histórica; la paz y la reconciliación exige que se juzgue a los criminaoles y se rehabilite y repare integralmente a las víctimas.
En Chile, sigue vigente la auto amnistía y se aplica la prescripción en crímenes de lesa humanidad, incluso frente a las demandas civiles; el Estado alega prescripción para no pagar indemnización.
En ese escenario de abierta impunidad, de justicia con «clemencia» o de “justicia en la medida de lo posible”, la Unión de Ex Prisioneros Políticos no ha sido bienvenida por los gobiernos mencionados.
Es el momento oportuno para decir claramente cuáles son en verdad las graves omisiones y falencias de la política de reparaciones en los gobiernos post dictadura:
Hay que poner en evidencia que se nos está privando de nuestro derecho primordial a una indemnización justa y adecuada y que con eso nos han forzado a demandar judicialmente al Estado de Chile, aunque el Fisco no se inmuta debido a que estos juicios se tramitan bajo las reglas de un arcaico e inapropiado procedimiento llamado juicio de hacienda (que protege y privilegia exageradamente al Estado), donde el Consejo de Defensa del Estado se dedica a prolongar o retardar maliciosamente los procesos e inmoralmente alega PRESCRIPCIÓN, para dar por extinguida su responsabilidad civil con las víctimas y negarse a pagar la deuda.
Por eso, debemos intensificar nuestra campaña y redoblar los esfuerzos para modificar el procedimiento para estos juicios civiles de reparación a todas las víctimas de graves violaciones a los DD.HH. Respalda nuestra tesis por una justicia civil rápida la importante resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acordada el 21 de marzo de 2006 (impulsada por Chile en el máximo órgano internacional).
Nuestro proyecto de ley permitirá que los juicios por reparación a las víctimas tengan un trámite rápido como el del llamado juicio sumario, estableciéndose expresamente que el Estado no podrá invocar la excusa de prescripción para negarse a pagar el daño causado a las víctimas.
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP de Chile
Nicolás Vega. Editor (Co-redactor de este artículo)
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El silencio de los soldados que condujo a los errores de los «desaparecidos»
Domingo 4 de enero de 2009 Por Beatriz Michell y Gloria Godoy / La Nación
Cuatro nuevos casos reabrieron una discusión que parecía estar sellada: la legitimidad de las comisiones de derechos humanos. Incluso, sectores de derecha volvieron a cuestionar la veracidad de las detenciones forzadas y asesinatos cometidos en la dictadura. Aquí, personas que trabajaron en las causas dan a conocer los motivos que llevaron a estos errores.
Abusadores», «frescos», «sinvergüenzas», «estafadores». Son algunos de los epítetos que algunos chilenos lanzaron en la web contra los familiares de las cuatro personas calificadas por error por la Comisión Rettig y la Corporación de Reparación y Reconciliación. Jorge Correa Sutil trabajó en ambas instancias y considera que el revuelo que ha causado esta noticia es desproporcionado. «La sociedad chilena demoró 20 años en darse cuenta de que había estado moralmente enferma e identificó la patología en la muerte de personas inocentes. Al cabo de 18 años se descubre que la comisión que estuvo a cargo de documentar y dar cuenta de esta historia, cometió cuatro o cinco errores. La pregunta es: ¿De qué nos irán a acusar de estar patológicamente enfermos a los chilenos de hoy? Nos pueden acusar de estar enfermos por sentarnos en esos cuatro errores, en vez de concentrarnos en lo que es realmente problemático: que una sociedad no haga esfuerzos para que las personas que saben qué suerte corrieron los detenidos desaparecidos, respondan», advierte el ex subsecretario de Interior.
El dardo que lanza Correa Sutil a los militares es el mismo que declaran la mayoría de los miembros de la Comisión de Verdad y Reconciliación: el silencio de las Fuerzas Armadas.
Incluso los que no son ni remotamente de izquierda, como la abogada Laura Novoa, indica que ésta es una de las principales dificultades que llevaron a los errores. «Del Ejército no se obtuvo nada, cero. Hicimos el esfuerzo de conseguir información, pero nos encontramos con una muralla. Obviamente eso dificultó el trabajo. No cabe duda de que hubo maniobras de algunos mandos militares para ocultar información. En Calama era muy penoso ver a los familiares, después de tantos años, buscando huesitos en el desierto. Hubo acciones destinadas a borrar las huellas de lo que había ocurrido», explica Novoa, que todavía se emociona al recordar su experiencia en la Comisión Rettig.
Con todo este revuelo, no han faltado los cuestionamientos de quienes pusieron en duda todo el trabajo de estas comisiones e incluso, unos pocos han extendido un manto de duda sobre la veracidad de la existencia de tantos detenidos desaparecidos. Ahí es donde a las personas que han trabajado para reconstruir la historia de la violación de derechos humanos durante la dictadura, les surge la indignación máxima.
«Errores o no, la situación es la siguiente: personas que usaron el aparato del Estado, que mataron, torturaron, tiraron al mar a personas, durante años han mantenido silencio. Aquí lo que se hizo fue un trabajo contra todo el aparato del Estado, que ocultó los crímenes y por cuatro o cinco errores tenemos que armar este escándalo», cuestiona el senador radical y precandidato presidencial José Antonio Gómez, que participó en la Comisión Valech y cuyo hermano aparece en la Rettig porque murió baleado por Carabineros en 1979.
Los documentos incinerados
Los comisionados citaron por escrito a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y a Carabineros, además de instituciones de derechos humanos, de la sociedad civil y de la Iglesia. «La fuerza Aérea colaboró enviando los expedientes de los juicios de guerra. La respuesta del resto de las FFAA y Carabineros era que conforme a la legislación vigente a marzo de 1990, la documentación había sido incinerada», recuerda Jorge Correa Sutil. Se refiere a la Ley 18.771 de agosto de 1989, que mandó que la documentación del Ministerio de Defensa y de los demás organismos relacionados a él pudiera ser eliminada según la reglamentación ministerial e institucional respectiva. Así, se hicieron desaparecer muchos documentos fundamentales para esclarecer la verdad.
El 14 de noviembre de 1989, un extraño incendio afectó a la Escuela de Educación Física del Ejército, donde se encontraban «en almacenamiento transitorio» un cúmulo de documentos de la Fiscalía Militar, según lo que informó el entonces subsecretario de Guerra, Ricardo Izurieta, al vicecomandante en jefe del Ejército, mediante un documento archivado como «secreto». Ese fue el argumento que dio el coronel Carlos Molina Johnson en 1991 para no entregar información sobre los procesados por la Fiscalía Militar durante la dictadura.
En muchos casos de víctimas no se encontraron fotos, ni expedientes, ni RUT, ni certificado de defunción, ni nada. Como si no hubieran estado detenidos. Por eso, el trabajo fue duro y el tiempo se hizo escaso. Los que trabajaron en estas comisiones pasaron largas horas entrevistando, revisando la Biblioteca Nacional, recorriendo ciudades, solicitando información y encajando antecedentes. Según recuerda Correa Sutil, había varios sacos de dormir en las salas de la comisión para la gente que pasaba horas trabajando.
El instituto de la discordia
Los militares no fueron el único problema. Miedo a declarar de parte de las víctimas y falta de recursos para las investigaciones también dificultaron el trabajo. «Yo jamás me atrevería a cuestionar las comisiones y sus contenidos, porque es más el número de personas que no son reconocidas y que son víctimas, que estas pocas personas que aparecieron», explica Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Los comisionados aseguran que la posibilidad de cometer errores siempre estuvo presente y por lo mismo, fueron muy estrictos para que éstos fueran menos y no se pusiera en duda el trabajo. «Hay que tener presente que en la Corporación el grupo de personas que había era de distintas sensibilidades políticas. Estaba don Carlos Raymond que en esa época era vicepresidente de RN, estaba yo que era políticamente independiente. En casi el 86,4% de los casos la decisión fue unánime. Éramos un grupo completamente heterogéneo y lo único que nos unía a todos era la búsqueda de la verdad», recuerda Rodolfo Armas.
Por su parte, la directora del programa de Derechos Humanos de Interior, María Luisa Sepúlveda, le quita dramatismo al asunto. «Que haya un porcentaje de error no es el escándalo, si no que deberíamos ver que una situación como ésta no enlode el trabajo serio de dos comisiones, ni que los familiares sientan que se cuestiona la calidad de víctima de sus seres queridos», asegura.
Los casos se filtraron a la prensa el sábado 27 de diciembre, tres días antes de la fecha que La Moneda había fijado para dar a conocer los errores. La primicia se adelantó y después de algunos análisis, el Gobierno decidió presentar una denuncia en tribunales y en el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco y estafa. Además, reactivó la idea del Instituto de Derechos Humanos que tanto disgusta hoy a la Agrupación. Cuando la iniciativa se presentó en el Parlamento, en junio de 2005, todos estaban de acuerdo, menos la derecha. Ahora, el consenso es entre Alianza y Gobierno.
«Este proyecto perdió legitimidad cuando se negoció con la derecha. Viera-Gallo negoció con Alberto Espina y Andrés Chadwick lo mejor de este Instituto: la facultad de querellarse, y establecer que se deben respetar los derechos humanos, por ejemplo», explica Lorena Pizarro. La agrupación demanda, por un lado, un Instituto de Derechos Humanos autónomo, con capacidad para querellarse, de demandar la aprobación de tratados internacionales y de re-calificar víctimas. Por otro lado, piden la creación de la subsecretaría del ramo, para que el Estado se haga cargo de educar en derechos humanos, prevenir que se vuelvan a cometer estos crímenes y proteger hacia el futuro.
Con respecto a esta férrea oposición, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, asegura no entender las razones de la AFDD y que si bien «en eso podría haber opiniones diferentes, claramente sería un avance poder crear este Instituto» [ver página 7].
Si bien La Moneda intentó aplacar el terremoto que se produjo por los cuatro errores reactivando el proyecto del Instituto, la idea abrió una nueva polémica sobre cómo debe ser el organismo que prevenga violaciones de los derechos humanos, como las que se vivieron en Chile entre 1973 y 1990. Así, se evitarían algo más que errores en la clasificación de las víctimas. //LND
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Domingo 4 de enero de 2009 Por Jorge Escalante / La Nación
Los desaparecidos de Chile
Era previsible que resurgiera el fantasma Cofré, en algunas de sus variables. Si bien hasta ahora ningún nuevo desaparecido ha renacido caminando por las calles de Santiago, sino que se trata de situaciones distintas, en el fondo da exactamente lo mismo.
Es imposible que entre los cerca de mil 200 detenidos desaparecidos calificados por el Estado, no exista un mínimo porcentaje de error. ¿Cuántos aparecerán vivos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? Un 1, 2, 3% de error.
El punto es que las comisiones Rettig y la posterior de Reconciliación y Reparación no contaron manzanas en un cajón. Trabajaron con crímenes, con víctimas y criminales, y el intrincado laberinto de la mente humana enfrentada a situaciones límites tan dramáticas, como las huellas del horror del terrorismo de Estado durante 17 años. Sí sería bueno una profunda revisión de estas calificaciones, para limpiar los residuos.
¿Cuántos judíos dados por muertos o desaparecidos aparecieron? Algunos, entre los millones de víctimas del nazismo. ¿Cuántos comunistas, gitanos y homosexuales aparecieron, dados por desaparecidos en los campos de concentración? Unos pocos. ¿Alguien podría sostener por ello hoy, salvo el fanático neo-nazi, que el holocausto fue una farsa de los judíos o el marxismo internacional?
Entonces, no vengan hoy aquellos que siempre pretendieron que el dictador Augusto Pinochet y su hombre fuerte de la DINA, Manuel Contreras, tenían razón al sostener que los desaparecidos eran una mentira del comunismo internacional, a sacar cuentas miserables para poner en duda la tragedia más grande de la historia de Chile.
¿Lanzaron o no casi 800 cuerpos al mar? ¿Dónde están las víctimas de la Brigada Lautaro? ¿Ocultos en algún lugar del mundo? ¿Mienten los mecánicos del Comando de Aviación del Ejército al confesar que reiteradamente abrieron las compuertas de los helicópteros para lanzar los cadáveres al mar? ¿Están equivocados los jueces que han procesado y condenado a más de 350 militares en más de 400 procesos abiertos en el país por delitos de lesa humanidad bajo la opresión militar?
¿Mienten los agentes que, confrontados con los hechos, terminaron confesando sus crímenes como Eduardo Oyarce Riquelme, Héctor Valdebenito Araya, Juan Morales Salgado, Jorge Pichunmán Curiqueo, Ricardo Lawrence Mires, Juvenal Piña o Andrés Magaña? Todos hechos comprobados luego judicialmente.
El Informe Rettig también tiene otros errores, como asignar la muerte del suboficial de Ejército, José González Ulloa, agente DINA, a un «enfrentamiento con grupos armados» de izquierda, como lo informó el Ejército de Pinochet a esa comisión en su momento. En consecuencia que luego, en uno de los procesos abiertos, se estableció que, en una riña interna, lo asesinó otro agente, Carlos Labarca Sanhueza, al interior de la Escuela Nacional de Inteligencia en el Cajón del Maipo.
Por ello ¿se podría sostener que es falso que a los escoltas del tirano no los mató el FPMR en el atentado, sino que se eliminaron entre ellos? ¿O que al teniente coronel Roger Vergara no lo ejecutó un comando del MIR, sino que lo asesinó su chofer?
Cualquiera sea la opinión que se tenga de estos dos hechos, poner en duda la autoría de grupos de izquierda en estos dos casos por el error de la Comisión Rettig con el suboficial González Ulloa, no resiste la mínima seriedad.
Lo que sí importa es que las comisiones investigadoras de los crímenes de la dictadura determinaron el mapa del exterminio masivo, y cualquier error puntual no invalida esa confirmación. Pero más importante que ello son los más de 400 procesos en los que, judicialmente, se ha establecido la certeza jurídica de estos delitos contra la humanidad. //LND