AMNISTIA INTERNACIONAL REPROCHA INCOHERENCIA GOBIERNO DE CHILE

Irene Khan, Jefa de Amnesty International, tuvo dificultades para ser recibida en La Moneda, se le rehusaba la audiencia con la Presidenta Bachelet.

El Memorandum entregado a nombre de Amnesty International, coincide plenamente con las tesis de la UNExPP, al reprochar al gobierno chileno su incoherencia de lo que Chile (a través de la Presidenta) dice afuera del país pero no practica en su propio suelo:

«Los sucesivos gobiernos del país, incluido el que usted preside, han impulsado numerosas cuestiones de derechos humanos en los foros intergubernamentales”.

„El régimen de Augusto Pinochet dejó estructuras profundamente arraigadas y heridas que no sólo han afectado y siguen afectando a las víctimas directas de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y otras violaciones atroces de los derechos civiles y políticos, sino que también se han dejado sentir hasta hoy en el tejido social chileno.»

» Desde 1990, y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet hace 10 años, se ha avanzado mucho, pero es legítimo pedir un mayor progreso, lo que debería ser una prioridad para su gobierno.»

«Ha habido algunos avances, pero también se ha acumulado un extenso legado de “asuntos por resolver” de la era del gobierno militar, arraigados en la influencia de las leyes y la cultura institucional que persiste en algunos sectores de los órganos del Estado, y que pone serias trabas al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos al que Chile aspira. Además, las acciones y omisiones del gobierno han dado pie a nuevas formas de violación y negación de derechos que no sólo afectan a las víctimas de la dictadura, sino que generan nuevas víctimas en otros sectores de la sociedad chilena.»

«Amnistía Internacional observa otras muchas contribuciones significativas de Chile al desarrollo de un marco internacional de derechos humanos sólido y de las instituciones que vigilan su cumplimiento: el país ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a los remedios y a las reparaciones para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos reconocidos internacionalmente….». «Sin embargo, Amnistía Internacional ha detectado con preocupación varios ejemplos de incoherencia entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su aplicación en el ámbito nacional. En abril de 2009, Chile, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos, se someterá al examen periódico universal, en el que se tendrán en cuenta sus acciones. En este contexto, resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y demuestre de forma inequívoca la misma disposición a rendir cuentas ante su propia ciudadanía que ante la comunidad internacional por sus compromisos con los derechos humanos.» «. Amnistía Internacional insta a su gobierno a cumplir las promesas que contrajo cuando se constituyó y a aprovechar el último año de su mandato para sentar unas bases firmes que permitan a las generaciones venideras seguir encarando el pasado y garantizando el respeto por los derechos humanos en el futuro. Mostrar a la ciudadanía y al mundo su determinación por respetar los valores y derechos consagrados en su Constitución y contraídos ante la comunidad internacional sería un buen modo de celebrar el bicentenario de su independencia.» «El mero reconocimiento público de las violaciones cometidas en el pasado es insuficiente si no va acompañado de un esfuerzo concertado por poner fin a la impunidad que hoy sigue vigente, por proporcionar la justicia debida a las víctimas, tantos individuales como colectivos, y por emprender reformas políticas que sienten las bases para garantizar que no se volverán a cometer violaciones similares en el futuro.» «Resulta muy preocupante que la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191), promulgada bajo el régimen del general

Augusto Pinochet en 1978, y que abarca el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, todavía esté en vigor.» «Los crímenes contra el derecho internacional son imprescriptibles. Por eso, Amnistía Internacional considera preocupante que se hayan aplicado estas normas a casos de violaciones graves de derechos humanos (como desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos) y que algunos jueces insistan en justificar su aplicación a demandas civiles presentadas en procesos penales. Esta aplicación de las normas sobre prescripción contraviene varios principios establecidos por el derecho internacional. Las víctimas (presos y presas políticos/as y personas torturadas) reconocidas como tales en el informe de la Comisión Valech pueden optar a una pensión de reparación y beneficiarse de diversas medidas destinadas a proporcionarles resarcimiento en virtud de la Ley 19.992, que “establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica”, de 24 de diciembre de 2004. Sin embargo, Amnistía Internacional comparte la preocupación expresada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura: el limitado mandato de la Comisión Valech , la brevedad del plazo que tuvieron las presuntas víctimas para registrarse y otra serie de obstáculos, sumados al enfoque “austero y simbólico” del Estado, hacen que la política de reparaciones sea inadecuada. Además, se debe abordar las dificultades que tienen las víctimas de tortura al tratar de traspasar los beneficios a sus hijos/as y herederos/as. Amnistía Internacional cree que la política real de Chile en este ámbito no se ajusta a los principios relativos al derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario a obtener remedio y reparación, promovidos en las Naciones Unidas por el propio Estado chileno. Llevar a la justicia a los autores de los abusos de derechos humanos es un elemento clave de las reparaciones. Por lo tanto, el Estado chileno debe afrontar su responsabilidad con las víctimas, tratando todos los obstáculos que siguen en el camino hacia la justicia. Además de tales procedimientos legales, Amnistía Internacional cree que una reunión personal con los grupos de víctimas, dado la experiencia personal que tiene, les daría un fuerte apoyo moral a las víctimas, y una oportunidad de compartir sus propias experiencias, y sus reclamos para un proceso de justicia que ponga punto final a la continua impunidad del pasado.

A I luego de exponer sus principales motivos de preocupación (y que por cierto son particularmente vitales para nosotros) también entrega sus certeras «Recomendaciones : :

«– Tomar todas las medidas posibles para agilizar el proceso legislativo para aprobar la creación de una institución de derechos humanos autónoma conforme con los Principios de París».

_ Anular la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191) de 1978 y cualquier otra disposición similar que conceda una amnistía a presuntos autores de violaciones graves de derechos humanos.

_ Reconocer la imprescriptibilidad de los crímenes contra el derecho internacional y de las demandas civiles que deriven de esos delitos, con independencia de cuándo se hayan cometido.

_ Proporcionar reparaciones plenas a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares, incluyendo quienes viven fuera del país.

El Memorandum de AI , en esferas del Estado chileno, es letra muerta, desgraciadamente. Ahora, con el escándalo de los fraudes y errores en el Informe Rettig se está tendiendo una nueva cortina de humo y se desvía la atención y el debate público a un aspecto muy negativo para las verdaderas víctimas.

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