DECLARACIÓN PÚBLICA
La Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile y la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos de Río Negro estamos convocando al Quinto Encuentro con sede en Río Negro para los días 25, 26 y 27 de enero de 2008; el evento se denominará “Hermanos Guido y Héctor Barría Bassay”
El objetivo primordial de este encuentro anual es precisamente reclamar y denunciar la postergación injustificada a las víctimas sobrevivientes de las prisiones de la dictadura. Denunciar, nacional e internacionalmente como se atropellan Tratados y Convenciones de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile. Estudiaremos el modo de ampliar nuestras acciones de movilización en defensa de nuestros derechos. Desde el extranjero, debe surgir también una solidaria presión internacional para que Chile respete sus compromisos en Derechos Humanos en orden a indemnizar en forma adecuada y justa a todas las victimas, como manda la Resolución 60/147 de la Asamblea de la ONU.
En Chile no debemos permanecer impávidos frente a cada nueva postergación de nuestras expectativas y derechos, sino denunciar cómo nuestro tema se ha ocultado deliberadamente, se nos ignora e incluso se afirma con desvergüenza por autoridades de Gobierno a los medios informativos que “Chile como ningún otro país ha reparado los perjuicios y los daños cometidos”. Estamos viendo ahora cada mes sentencias de Cortes de Apelaciones que rechazan las demandas civiles interpuestas por familiares de las víctimas, aduciendo prescripción o acogiendo la excepción de incompetencia formulada por el Consejo de Defensa del Estado, en juicios que ya llevan 21 años de tramitación. Por su parte, la sala Penal de la Corte Suprema está variando su posición a favor de los criminales, cuando acoge la prescripción incluso en casos de secuestro calificado, como en el llamado episodio Río Negro, del que son víctimas los hermanos Barría Bassay detenidos desaparecidos. La responsabilidad de esto no es sólo de la administración de justicia, sino que es compartida también por los poderes Ejecutivo y Legislativo que siguen haciendo caso omiso de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohibe a nuestro país se aplique la prescripción en estos crímenes y ello se garantice en la legislación chilena.
De ahí que es cada día más urgente trabajar todos juntos CON CLARIDAD para que nuestros derechos sean reconocidos y garantizados en la legislación, como manda entre otras la Convención contra la Tortura. Más que nunca se requiere de una real UNIDAD de todas las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas, constituyendo un frente común para enfrentar las iniquidades e inconsecuencias. En materia de reparación será indispensable que todos los sectores perjudicados exijamos que la ley chilena establezca la imprescriptibilidad de las acciones judiciales por crímenes de guerra o de lesa humanidad y se facilite a toda víctima o sus familiares acceso una justicia rápida y eficaz para obtener una real e idónea reparación.
Hay que activar nuestra presión nacional e internacionalmente para que se conozca el atropello a los derechos humanos que por omisión y negligencia han estado cometiendo los gobiernos post dictadura. La ley Valech es fruto de un compromiso entre el presidente Lagos y el general Cheyre para cerrar el tema de la tortura con una reparación miserable a cambio del secreto del nombre de los torturadores por cincuenta años. En nuestro país gozan de plena impunidad los torturadores. Haremos el llamado a acciones, tanto nacionales como en el exterior, que contribuyan a que se nos haga Justicia
ONG Corporación “UNExPP DE CHILE” y las
Agrupaciones de Ex Prisioneros Políticos de Río Negro y Osorno