LA PROPUESTA BACHELET EN DERECHOS HUMANOS SE HACE ESPERAR
(Por: Víctor Rosas)
Se está retardando demasiado la propuesta de derechos humanos de la Presidenta Bachelet, el tiempo actúa en contra de las víctimas… es una espera ya insufrible.
El Estado chileno debe atender las legítimas expectativas de las víctimas, en aras de obtener justicia, mediante medidas de carácter permanente.
La propuesta Bachelet debería hacer mucho más en materias de JUSTICIA e IGUALDAD con una visión orientada a las víctimas y sus familiares.
Para ello hay muy claras disposiciones en Tratados y Convenciones Internacionales que lamentablemente siguen siendo «letra muerta» en nuestro país, como la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 21 de marzo de 2006, que establece los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las victimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Será fundamental que se respete a cabalidad lo ordenado por el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, cuando manda:
“Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima, como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización” “Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda existir con arreglo a las leyes nacionales”.
Son claros y precisos principios y directrices básicos dados a los Estados para que cumplan sus deberes para con las víctimas:
a) derecho a una Indemnización Justa y Adecuada; y
b) acceso a una justicia rápida y eficaz, para que las víctimas obtengan una reparación digna.
No hemos logrado ser recibidos por la Presidenta Bachelet.¡¡¡TODAVÍA NO HEMOS SIDO OÍDOS!!! El cerco impuesto por los tecnócratas de La Moneda la mantiene aislada de las fuerzas sociales… cuesta romper esa burbuja. Ahora, ella estará de visita en Japón y Australia por varios días…. En un régimen presidencialista como el chileno casi todo depende de las decisiones y voluntad de nuestra primera mandataria.
Nuestra presión debe hacerse sentir. Así, mañana martes 4 de septiembre, nuestros compañeros de las organizaciones de ex prisioneros políticos de Valdivia a Chiloé han convocado a una marcha de protesta en Puerto Montt.
Nuestra fuerza principal es MORAL.
Carecemos de capacidad de movilización….limitados por la vejez y precaria salud… estamos lejos de ganar las calles (la Alameda se le niega hasta a la CUT, como recién se ha visto). Un sueño incumplido del compañero Salvador….»se abrirán las anchas alamedas para que pase el hombre libre…..».
Hemos privilegiado la vía judicial como un medio de protesta, para demostrar nuestro desaliento y desesperanza, pero la vía judicial está sembrada de «miguelitos» que impiden avanzar con RAPIDEZ, por eso exigimos que se cambien las reglas de juego con nuestra propuesta de reforma procesal civil en juicios de reparación en derechos humanos. En eso, todos debiéramos asumir un rol más activo que nos haga romper la indiferencia de los tomadores de decisión: autoridades de gobierno y congresales. En cada provincia y región del país debemos reclamar nuestros derechos y concitar los necesarios apoyos y comprensión que faltan para avanzar.
Compañeros, no podemos desmayar…la lucha continúa.
Víctor Rosas Vergara, abogado
Presidente de la ONG de Desarrollo «UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE»
Santiago de Chile, 3 de Septiembre de 2007
Será falta de dinero o falta de voluntad?. Por qué Chile siempre ha sido un país rico, lleno de pobres.
El saqueo de Chile (Por Equipo El Periodista)Treinta empresas enajenadas entre 1978 y 1990. Chile perdió 2 mil 223 millones de dólares. Los beneficiados fueron los propios interventores nombrados por Augusto Pinochet: Julio Ponce Lerou, Roberto De Andraca, José Yuraszeck, los grupos de Hurtado Vicuña, Fernández León y el grupo Penta de Carlos Alberto Délano.
1. CASOS EMBLEMATICOS
2. Informe Textual
3. Ricardo Ffrench Davis
4. Síntesis
«Ya en 1991 los chilenos habíamos decidido que era necesario que el país contara con un análisis histórico, bibliográfico y económico de lo ocurrido durante el período 73-90 con la propiedad pública del país».
Así comienza el Informe que entregó el pasado miércoles 20 la comisión investigadora de las privatizaciones que presidió el diputado Carlos Montes y cuyo resultado será enviado al CDE para que analice las acciones pertinentes.
Sin embargo, aclara que dicha comisión especial, que recién recuperada la democracia debía investigar «la Anterior Administración de la Corporación de Fomento de la Producción y las Privatización de sus Empresas Filiales», es decir la «pérdida patrimonial» durante el Gobierno Militar, causada por la privatización de empresas estatales, el servicio de las deudas, el otorgamiento de créditos sin garantía, las donaciones de patrimonio físico, la condonación de deudas a terceros y las múltiples formas de subsidio al sector privado que allí se desarrollaron, no pudo avanzar.
«Lamentablemente, ruido de sables impulsados por el general Pinochet, obligaron a dicha Comisión a interrumpir abruptamente su cometido, dejando, 17 volúmenes de fotocopias de documentos probatorios y de análisis en los Archivos de la Cámara de Diputados, algunas conclusiones valiosas y muchas interrogantes».
Ella, sin embargo, concluyó:
El proceso de privatización ejecutado en Chile entre 1985 y 1987 significó la venta de 32 empresas pertenecientes a Corfo, con una pérdida patrimonial de 2.209 millones de dólares de 1989. A ello se agrega que Corfo asumió los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131 por ciento en relación a 1984.
La privatización de CAP significó cerca de un tercio de la pérdida patrimonial total sufrida por Corfo. CAP era una empresa rentable y de gran potencialidad al momento de privatizarse, y el Estado de Chile tenía el 95.96 por ciento de sus acciones. Los consejeros y representantes de Corfo aplicaron procedimientos anómalos e ilegales para traspasar su control accionario a privados, sin desembolsos equivalentes a los bienes que se adquirían. Según informe de la Contraloría General de la República, el traspaso de acciones CAP significó vender en 105,05 millones de dólares lo que valía 811.49 millones de dólares, arrojando consecuentemente una pérdida de 706.44 millones de dólares. Para efectuar el traspaso se realizó una emisión de acciones de pago, seguida de una reducción de capital y rescate de acciones, con lo que un grupo de inversionistas privados aumentó su participación de 16.7 a 49 por ciento, sin ningún aporte adicional y con una pérdida para CAP, estimada por la Contraloría General de la República, de 402 millones de dólares. Posteriormente, Corfo vendió el 3 por ciento de su participación, quedando así en manos privadas un 52 por ciento de la propiedad y control de CAP.
Con esta información en su poder los «comisionados» de 1991 decidieron oficiar a la Corfo para que solicitara a la Corte Suprema el nombramiento de un Ministro Visitador, que investigara y sancionara a quiénes resultaran responsables de las irregularidades, recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que se querellara haciendo efectivas las responsabilidades de los involucrados en el fraude al fisco, sugerir al Contralor General de la República, iniciar sumarios y denuncias resultantes de sus informes y antecedentes y solicitar al Ministro Vicepresidente de Corfo exigir, mediante acción judicial, las indemnizaciones correspondientes, a raíz de las irregularidades cometidas en las privatizaciones realizadas por dicha institución.
EL PATRIMONIO PUBLICO
«El objetivo inmediato de los economistas del Gobierno Militar fue hacer funcionar el mercado por tanto la defensa del patrimonio público no estaba entre sus prioridades», asegura el Informe Montes.
«Esto es claro -continúa- cuando se comprueba los altos costos de la nueva política económica, provenientes, básicamente, de la enorme cantidad de recursos que entregó el Estado al sector privado durante el período, dentro de los cuales se destacó el bajo precio al que se vendieron las empresas estatales, lo que significó una pérdida patrimonial de un 69 por ciento de su valor libro».
Según información proporcionada por la Contraloría General de la República, dice el Informe, se estima que sólo por la venta de 30 empresas enajenadas durante el período comprendido entre 1978 y 1990, el país perdió US$ 2 mil 223 millones lo que a 1990 correspondía al 6,4 por ciento del PIB de 1990.
Para tener una visión más completa del fenómeno, sin embargo, la Comisión dice que «es necesario considerar que la pérdida patrimonial total es enormemente superior a esta cifra, ya que las empresas y activos, enajenados o devueltos, entre 1973 y 1990, alcanzaron a 725». Y agrega: «También hubo traspaso de patrimonio público a privados al operar con 5 mil 809 predios con 9.965.868 hectáreas de tierras del Estado y al expulsar a campesinos de 230 cooperativas de las cuales eran legalmente propietarios. Adicionalmente, la Corfo dona 65 inmuebles y otros bienes, cuyo valor llegó sólo en 1989 a mil 900 millones de pesos (moneda de 1989), lo que representaba el 16,4 por ciento de su activo inmovilizado y cuando el Ministerio de Bienes Nacionales enajena 15 mil 888 inmuebles estatales, de los cuales 10 mil 869 fueron a manos privadas».
También hay pérdida patrimonial, al quedar la Corfo endeudada y descapitalizada por los préstamos castigados, las deudas contraídas para sanear filiales antes de venderlas y otras acciones de apoyo al sector privado.
Lo mismo ocurrió con la deuda asumida por el Banco Central para sacar a la banca y otras empresas de la crisis de 1982 y también con el valor de los pagarés de la deuda externa, inferior a su valor real, para atraer inversión extranjera.
También por los créditos blandos, los préstamos no cobrados, la licuación de créditos, los incentivos tributarios, las franquicias y la rebaja de tributos.
1. CASOS EMBLEMATICOS
1. ENDESA:
Hasta noviembre de 1988, la propiedad de Endesa estuvo mayoritariamente en poder de Corfo. Cuando dejó de tener más del 50 por ciento de las acciones, perdió su calidad de filial. El 30 de junio de 1983 en Sesión de Consejo Nº 93 se tomó el acuerdo Nº 687 de disponer la venta de hasta el 30 por ciento del capital accionario, lo que inició en 1987. Al 31 de diciembre del mismo año estaba constituida por sus centrales de generación de energía eléctrica y por trece empresas relacionadas, nueve de las cuales se dedicaban a la explotación de la generación, distribución y suministro: la Empresa Hidroeléctrica Pullinque SA, la Empresa Hidroeléctrica Pilmaiquén SA, el proyecto Colbún-Machicura SA y la Institución de Salud Previsional de Endesa, Ispen Ltda.
El 27 de enero del 86, Corfo ordenó la venta de sus acciones (Resolución 57) en la Empresa Eléctrica La Ligua SA a la Empresa Eléctrica de Coquimbo SA y el 11 de febrero del mismo año la Empresa Eléctrica La Ligua fue disuelta. El 7 de agosto del 86 Endesa vendió sus acciones de la Empresa Eléctrica Coquimbo en las que tenía el 97,76% del Capital a Ingeniería y Maquinaria Ltda. Sociedad constituida por Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers a través de venta directa, decisión tomada por el Presidente de la República.
Días después (21.08.86), Corfo, en Acuerdo 1.003, autorizó la venta de la Empresa Eléctrica Atacama a Ingeniería y Maquinaria Ltda. Por lo tanto, las empresas eléctricas La Ligua y Coquimbo fueron vendidas a Ingeniería y Maquinaria Ltda.
El 27 de enero de 1986 Corfo (Resolución 57) ordenó la venta de sus acciones de la Empresa Eléctrica Colchagua y de la Empresa Eléctrica del Maule a la Empresa Eléctrica Melipilla, lo que se concretó dos semanas después (11.02.86).
En octubre de 1986 Endesa vendió a sus trabajadores, a los de sus filiales y a los trabajadores de Colbún, el 100 por ciento de las acciones que poseía en la Empresa Eléctrica de Melipilla a un 47% de su valor libro y el 30 de diciembre de ese año vendió la Empresa Hidroeléctrica Pilmaiquén SA a la Sociedad de Inversiones IMSA. En octubre de 1987, en licitación pública, vendió al contado el 99,4 por ciento de su participación accionaria en la Empresa Eléctrica Atacama a la Empresa Eléctrica Melipilla SA y en diciembre de 1987, también en licitación pública, vendió al contado el 99,95 por ciento de la participación accionaria que poseía en la Empresa Hidroeléctrica Pullinque SA a la sociedad constituida por Inversiones Golán y Fecel Electricidad.
A solicitud de Corfo, Endesa acordó la división de la Empresa Eléctrica del Norte, Edelnor, en cuatro empresas: Edelnor como continuadora, Empresa de Distribución Eléctrica Arica SA, Emelari, Empresa de Distribución Eléctrica Iquique SA, Eliqsa y Empresa de Distribución Eléctrica de Antofagasta, Elecda.
El 12 de mayo de 1989, Endesa vendió a Corfo 146.546.227 acciones de Emelari, Eliqsa y Elecda quedando en manos de Endesa, sólo el 7,87 por ciento de estas empresas.
En noviembre (18.11.89), Endesa vendió a Corfo 146.546.227 acciones de Edelnor quedando en manos de Endesa sólo el 7,809% de las acciones. En la Junta Extraordinaria de Accionistas de Endesa, del 29 de abril de 1986, se acordó la división de la empresa con fecha retroactiva al primer día del año en curso (01.01.86) en una sociedad con el nombre de Endesa y otra llamada Empresa Eléctrica Colbún-Machicura.
A esa fecha, Corfo tenía el 98,2 por ciento del capital suscrito de Endesa pagado.
Las ventas de acciones a trabajadores de Endesa, de sus filiales y empleados públicos realizadas mediante las Resoluciones comprendidas entre la Nº 422, de fecha 19.10.87, y la Nº 523 de fecha 16.11.90 ascendieron a 5.044.636.703 acciones lo que significó una pérdida de US$ 488.408.213. La venta en Bolsa entre el 28 de septiembre del 87 y el 31 de diciembre del 89 ascendió a 1.649.973.243 acciones y hubo una pérdida, según valor libro, de US$ 107.281.287. En 1990 se vendieron en Bolsa 80.594.000 acciones y en 1991 40.000.000 acciones con una pérdida patrimonial, según valor libro, de US$ 10.692.152. Entre el 15 de julio de 1988 y el 24 de julio de 1990, la Corfo transfirió 708.346.530, en pago de prestaciones Ex Cora e indemnizaciones SAG, cuya pérdida fue de US$ 12.061.153.
La suma total de la pérdida patrimonial en la venta del 96,21 por ciento de acciones de Endesa que poseía Corfo fue de US$ 661.908.223.
2. CAP:
La privatización de CAP significó cerca de 1/3 de la pérdida patrimonial total sufrida por Corfo. CAP era una empresa rentable y de gran potencialidad al momento de privatizarse y el Estado de Chile tenía el 95,96 por ciento de sus acciones. Los consejeros y representantes de Corfo aplicaron procedimientos anómalos e ilegales para traspasar su control accionario a privados, sin desembolsos equivalentes a los bienes que se adquirían. Según el Informe de la Contraloría General de la República, el traspaso de acciones de CAP significó vender en 105,5 millones de dólares lo que valía 811,49 millones de dólares, arrojando una pérdida de 706,44 millones de dólares. Para efectuar el traspaso se realizó una emisión de acciones de pago, seguida de una reducción de capital y rescate de acciones, con lo que un grupo de accionistas privados aumentó su participación de 16,7 a 49% sin ningún aporte adicional y con una pérdida para CAP, estimada por la Contraloría General de la República, de 402 millones de dólares.
Posteriormente Corfo vendió el 3 por ciento de su participación, quedando así en manos privadas un 52 por ciento de la propiedad y el control de CAP.
La pérdida patrimonial total por la venta de CAP alcanzó a US$1.108.440.000.
3. SOQUIMICH:
Según el Informe del Perito Judicial Rolando Godoy, la pérdida patrimonial que se tuvo por haber vendido esta empresa, frente a la alternativa de no haberlo hecho es de US$ 261.977.202.
Al 31 de diciembre de 1980 la Corfo tenía inversiones en Soquimich por US$ 123.490.005 compuestas por US$ 37.195.843 en capital y US$ 86.294.162 en aportes por capitalizar, con un capital pagado de US$ 37.196.937. En julio de 1981 se acordó la capitalización de estos aportes aumentando el capital a US$ 123.491.099 y el 26 de julio de 1984 el Directorio de Soquimich acordó reducir el capital, absorbiendo las pérdidas acumuladas, dejándolo en US$ 79.528.000. Corfo absorbió pérdidas por US$ 43.962.644. Entre 1983 y 1984 se vendió el cien por ciento de las acciones de Soquimich. La inversión de Corfo actualizada al 31 de marzo de 1988 comparada con los ingresos percibidos le significó una pérdida de US$ 49.554.312,14. Pero, como los activos estaban subvaluados se decidió su retasación en 1989, y su valor aumentó en US$ 61.344.000. De esta manera, en el período en que las acciones se vendieron, los activos y, por tanto el precio de éstas, estuvieron subvaluados.
El Presidente del Directorio desde 1980 en adelante fue Julio Ponce Lerou y el Vicepresidente del Directorio, desde 1981 adelante fue Sergio Melnick Israel. (Ver Anexo Informe del Perito Rolando Godoy).
La pérdida patrimonial fue, por lo tanto de US$ 61.344.000 y lo que se habría ganado en caso de no haber vendido llegó a la cifra de US$ 261.977.202.
4. IANSA:
Las pérdidas en las ventas de acciones de Iansa fueron las siguientes:
Del 44,54 por ciento de las acciones vendidas, la pérdida fue de 85,91 por ciento sobre el valor libro, es decir se vendieron al 14,09 por ciento de su valor. El 42,94 por ciento de las acciones se vendieron con pérdidas, sobre su valor libro, que fluctuaron entre un 24,4 y un 79,09 por ciento y sólo el 12,72 por ciento final se vendió con una ganancia sobre el valor libro de 3,75 por ciento.
Al 30 de noviembre de 1988, cuando se completó la venta de acciones la pérdida de Corfo frente a la alternativa de no vender fue de US$ 33.278.850 y esa pérdida calculada al 31 de diciembre de1989 fue de US$ 184.155.589.
2. Informe Textual
«Fue legal vender en forma directa sin licitación, fue legal que los mismos que diseñaban las privatizaciones y fijaban los precios de las acciones, pudieran posteriormente comprarlas. Fue legal que no se pagaran los préstamos al Estado o que se renegociaran cuando se necesitara. Nada estaba prohibido y todo podía decretarse con el fin de cumplir con rapidez los objetivos privatizadores que, a juicio de sus partidarios, constituyeron la base del éxito económico que ha caracterizado a Chile en las últimas décadas. Por lo tanto, se debe concluir que todo el proceso privatizador se desarrolló en Chile con normas legales decretadas ad-hoc por una dictadura».
«Para los economistas del Régimen Militar terminar con la propiedad estatal era una materia de principios, puesto que a su juicio es la base de todos los problemas económicos de una sociedad y, en especial la explicación de la crisis que afectaba al país al año 1973».
«Pese a que, entre los objetivos explícitos del proceso privatizador, se proponían `terminar con los subsidios’, vicio adjudicable a las empresas en manos del Estado, la entrega de ellos a la empresa privada fue masiva, durante todo el período, y la base del diseño de la nueva estrategia de desarrollo, no sólo a través del precio de venta de las empresas, sino a través de todos los recursos con que contaba el aparato estatal chileno».
«Según el diseño prefijado por los economistas del régimen, que por ningún motivo pensaban transar, se crearía una nueva clase empresarial dinámica y competitiva que fuera capaz de hacerse cargo del nuevo modelo económico en todos sus aspectos. La única exigencia que debían cumplir a cabalidad para iniciarse, debía ser la obsecuencia política frente el régimen, ignorando la rigidez del modelo que se imponía, los derechos humanos de los sectores excluidos y el fraude de algunos cercanos a la familia del General Pinochet».
«Aún hoy perduran los subsidios a la empresa privada, a través de franquicias tributarias e incentivos y todavía se paga las deudas contraídas por el Estado para apoyar a la empresa privada, nacional y extranjera, tanto en la crisis de 1982, como en otras etapas del proceso.
En el caso de la diseminación de la propiedad, obtuvieron justamente lo contrario con las diversas medidas implementadas. Los «capitalistas populares» se han esfumado. La mayoría vendió sus acciones a grupos económicos que recibieron con ello un aporte a su enriquecimiento y, aún en sus mejores momentos, ningún capitalista popular tuvo representación en ningún Directorio».
«Nunca los afiliados cotizantes han tenido representación en sus AFP, donde los administradores utilizan sus fondos para sus negocios, ni en los destinos de los excedentes de las empresas de las que supuestamente son dueños».
«El Objetivo Estratégico de los sectores que dirigieron el proceso 73-90 fue imponer un cambio estructural que transfiriera el poder a un nuevo grupo que se conformaría con los grupos económicos que habían venido formándose en Chile, pero especialmente con los tecnócratas del régimen que diseñaron las privatizaciones y también se apropiaron del patrimonio público, fuera como dueños de las empresas o ejecutivos poseedores de paquetes controladores de acciones. De esta manera se explican hoy las grandes fortunas surgidas en la época».
«El proceso privatizador implementado en Chile es totalmente inviable en una sociedad democrática con instituciones sólidas, porque estuvo ajeno a las buenas prácticas recomendadas por los organismos internacionales en torno a las privatizaciones y a las relaciones transparentes entre lo público y lo privado».
«Aunque el proceso privatizador sea considerado exitoso por el aumento de las rentabilidades de algunas empresas como lo expone el Instituto Libertad y Desarrollo, lo que redituaría mayores ingresos tributarios al Estado, es imposible negar que el proceso privatizador 73-90, junto al resto de las políticas del período, tuvieron efectos concentradores y excluyentes»
«Es muy gráfico comprobar que los nombres de los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las privatizaciones, corresponden en gran medida a los técnicos que las diseñaron desde la Corfo o que fueron interventores de empresas estatales como Julio Ponce Lerou con el grupo Soquimich, Roberto De Andraca con el Holding CAP y otros como José Yuraszeck, que dieron origen al grupo Endesa España con Chilectra, Enersis y Pehuenche, los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León o el grupo Penta de Carlos Alberto Délano que hizo su fortuna con las `diseminación de la propiedad’ a que se perseguía con la creación de las AFP».
3. Ricardo Ffrench Davis
«La literatura más benigna sobre los pro y los contra de las privatizaciones, aquélla que concluye que fueron muy positivas, señala que con las privatizaciones subieron las utilidades de las empresas y el producto nacional y que aumentó el empleo. Esos datos son ciertos, pero ¿qué tienen que ver con las privatizaciones? Si uno mira la información anterior y posterior a las privatizaciones -períodos 1975/1981 y 1985/1989- se da cuenta que, con o sin privatizaciones, todo estaba subiendo, nos estábamos recuperando. Si bien nos habíamos caído, ahora estábamos sacando la cabeza del hoyo. No eran las privatizaciones de los años 70, sino la llegada de créditos bancarios, que a Chile y a Argentina nos tiró para arriba entre los años 75 y 89».
4. Síntesis
El Estado perdió más de US$ 2.500 millones de dólares con las privatizaciones de 725 empresas realizadas durante el régimen militar, las que fueron vendidas en un valor mucho menor que el real al momento que fueron enajenadas.
La Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) fue vendida en US$ 105,5 millones, cuando su valor real ascendía a US$ 811,5 millones, es decir, US$ 706,44 millones menos. Esto representa un tercio de la pérdida total del patrimonio de CORFO.
La pérdida patrimonial de Soquimich implicó US$ 261,9 millones menos, frente a la posibilidad de haberla mantenido en manos del Estado.
CORFO dejó de percibir US$ 184 millones de dólares, por la venta de la azucarera estatal IANSA.
Entre las empresas que generaron mayores pérdidas patrimoniales con su privatización destacan, Endesa con US$ 895,6 millones; Chilgener US$ 171,1 millones, hoy Gener; Chilectra US$ 96,4 millones y Banco de Chile con US$ 66,9 millones.
Las pérdidas más importantes se concentraron en el período 1978-1990, con la privatización de las 30 empresas más relevantes, que implicó un reducción de US$ 2.223 millones para el patrimonio nacional.
( De: El Periodista: Año 3, N°86, Viernes 22 de julio de 2005)