QUIENES SOMOS

Contacto

Dirección postal: Paseo Phillips 16, piso 5°, Plaza de Armas, Santiago,
Teléfono: +56-2 26643676
Email: unexpp.ong05@gmail.com (esto es ong cero cinco).

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Contribuciones a nuestra cuenta de ahorro:
Banco Estado
Dirección: Eleuterio Ramirez 741, Osorno
Código Swift BECHCLRM

Nombre del Beneficiario: ONG de Desarrollo Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile

RUT:65.751.740-2
Número de cuenta de ahorro: 00169536740
Correo: unexpp.ong05@gmail.com
Número de Teléfono: 96271656
Osorno – Chile

1. SOMOS la “Unión de Ex-Presos Políticos de Chile” (ONG) que asocia a chilenos y chilenas que fuimos detenidos, torturados, procesados y condenados durante los años que duró la dictadura, ya sea por haber sido adherentes al gobierno de Salvador Allende o militantes de los partidos políticos que apoyaron su gobierno, o por habernos organizado y rebelado contra la dictadura militar.

2. Estamos dispersos en organizaciones locales desde Arica a Magallanes y con comités de apoyo en diversos países de América y Europa. Nuestra Directiva Nacional está constituida por dirigentes que residen en diversas ciudades del país.

Presidente: Nelly Cárcamo Vargas, de Osorno
Vicepresidente: Víctor Rosas Vergara, de Santiago
Secretario General: Sergio Reyes Soto, de Punta Arenas
Tesorero: Sergio Aranis Rodriguez, de Santiago

Directores:
José Vitalino Gutiérrez Araneda, de Temuco
Humberto Manquel Millanguir, de Panguipulli
Héctor Enrique Placencia Urrutia, de Chillán.

Tribunal de Disciplina:

Héctor Infante, de Lautaro
Francisco Figueroa
Pedro Bandes Farías, de San Felipe

Comisión Revisora de Cuentas:
Claudio López
Guillermo Galleani
Senén Sotomayor Pérez, de Santiago Metropolitano Sur

Encargado de Salud Prais:
Mario González Cea, de Osorno

Delegado Internacional de Europa ante la Federación Internacional
de la Resistencia (FIR) – Asociación Antifascista:

Eduardo Astorga Sandoval, de Alemania

Delegado ante la CIDH en EE.UU.:
Guillermo López Martínez, de EE.UU.

Encargado de comunicaciones y edición de Facebook y Página Web:
Sergio Reyes Soto, de Punta Arenas

3. Al producirse la dispersión de la organización nacional de víctimas de prisión y tortura, los que coincidíamos en mantenernos unidos en torno a definidos objetivos y método de lucha como grupo social de presión en favor de nuestras reivindicaciones, el 8 de marzo de 2004, día en que presentábamos una nueva demanda colectiva en la Corte de Santiago, acordamos constituir la UNIÓN con autonomía de los partidos o movimientos. En abril de 2004, con delegados de todo el país elegimos nuestra primera directiva nacional encabezada por el abogado Víctor Rosas Vergara, se afinó nuestra propuesta legal de indemnización y nos convocamos a nuestro Primer Encuentro Nacional e Internacional en Iquique a fines de mayo del 2004. En ese evento declaramos que la REPARACIÓN constituía un DERECHO irrenunciable de las víctimas y reafirmamos el acuerdo de continuar impulsando demandas civiles colectivas contra el Estado de Chile hasta que se nos garantice en la legislación el derecho a una indemnización justa y adecuada como exige el derecho internacional humanitario. A fines de ese año nos reuníamos en el Segundo Encuentro Nacional en Osorno, cuando se daban a conocer impactantes verdades reveladas por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

4. La ley 19.992 aprobada en forma precipitada por el Congreso el 16 de diciembre de 2004, produjo gran decepción entre los afectados dado que la reparación omitía el derecho a una indemnización y sólo consideraba magras medidas de rehabilitación: en materia previsional, una pensión vitalicia inferior al salario mínimo y declarada incompatible con la de exonerado político; en educación se otorgaba un beneficio para completar estudios (simbólica para la mayoría compuesta de adultos mayores); en salud, ciertos beneficios adicionales dentro del colapsado e insuficiente PRAIS; a cambio de ello, se garantizaba impunidad para los torturadores al establecer el secreto por 50 años de los antecedentes entregados a la Comisión estatal, con una descarada violación a las normas de la Convención Internacional contra la Tortura, dando el “encubrimiento oficial” a los autores de un crimen de lesa humanidad.

5. En el 2005, continuando nuestra lucha judicial, logramos se admita a tramitación una segunda demanda civil colectiva con 511 casos. Ese año se nos concedió Personalidad Jurídica en el Ministerio de Justicia, como ONG de Desarrollo. Renovamos nuestras expectativas de una solución legislativa cuando en nuestro Tercer Encuentro en Tomé, de febrero de 2006, celebrábamos el triunfo electoral de la Presidenta Bachelet. Sin embargo, nunca nos concedió audiencia. Insistimos, presionando con una tercera demanda con 603 casos, en que se incluía familiares de ex prisioneros fallecidos y muchos exiliados. En el Cuarto Encuentro en Río Negro, de febrero 2007, se reactivó la movilización y ese año presentamos nuestra mayor demanda civil, la cuarta colectiva con 962 casos más. El Quinto Encuentro Anual fue organizado por Valdivia en febrero del 2008. La filial de Temuco convocó el Sexto Encuentro en Villarrica, de febrero del 2009, donde anunciamos la recepción de antecedentes y mandatos para hacer nuestra última y quinta demanda con 743 casos, completando un total de 3100 demandantes exigiendo la indemnización que en derecho nos corresponde. El Séptimo Encuentro Anual nos llevó a Puerto Montt en febrero de 2010, luego de la derrota electoral. Durante la administración del Presidente Piñera los encuentros anuales se sucedieron en febrero, en 2011 estuvimos en Frutillar, en 2012 nos reunimos en Loncoche y el 2013 en Panguipulli, donde se dio a conocer la sentencia de primera instancia que acoge la demanda civil para 31 demandantes que fueron prisioneros y torturados en Isla Dawson y Magallanes.

6. Nuestro 11° Encuentro Anual nos llevó nuevamente a Tomé donde, en febrero de 2014, llegamos con la esperanza que nos alienta constatar propuestas y compromisos del Gobierno electo, contenidas en el Programa de Derechos Humanos de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria. Interpretamos que allí se vislumbran soluciones legislativas y administrativas para impedir toda forma de impunidad en derechos humanos, tales como impedir la aplicación de prescripción de la responsabilidad civil en crímenes de Lesa Humanidad. En Julio de 2013 se nos acogió también la demanda en favor de 659 víctimas participantes en la demanda iniciada el 2009 (el Fisco ha apelado). Propondremos transacción al Consejo de Defensa del Estado.

7. Agotadas las instancias en Chile, luego de la sentencia que aplica prescripción para rechazar la primera demanda civil, iniciada el año 2002, la UNExPP presentó la correspondiente denuncia contra Chile, en febrero de 2011, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington DC (USA). Son 246 víctimas sobrevivientes de tortura, caso P-188-2011. En febrero de 2012, se le acumuló otra denuncia con 511 víctimas y en abril de ese año se agregó otro caso individual. Por último, en febrero de este año 2014, hemos acumulado otra denuncia con 962 casos por denegación de justicia en Chile. Ante la tardanza en el trámite de admisibilidad hemos invocado situación de “per saltum” acompañando 128 certificados de nacimiento de víctimas mayores de 80 años de edad (vivos) y casi 200 certificados de defunción de denunciantes. Colaboramos con REDRESS ante la Corte Interamericana de derechos Humanos apoyando el caso Leopoldo García Lucero, con un amplio informe “amicus curie”, en que la Corte Internacional por último acoge la denuncia y condena al Estado de Chile, por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos.

(Actualizado 23 de noviembre de 2020)