ANÁLISIS DEL PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 2018-2021

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el viernes 22 de diciembre, participó del lanzamiento del primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 (PN de DD.HH), que de acuerdo a lo que se planteó en dicho acto, comenzará a implementarse a partir de enero del año 2018.

Luego de haber leído atentamente este documento, y en un análisis general podemos decir, que el PN de DD.HH, es un largo listado de muy buenas intenciones, presentadas en forma de propuestas para el periodo anteriormente mencionado.

Es interesante constatar que aparte de establecer, la decisión de “promover” una serie de medidas, ésta decisión no vaya con un respaldo jurídico, que le otorgue el peso necesario para que su implementación sea vinculante. Está claro que quienes elaboran este PN de DD.HH, no serán los que lo implementarán, sino que su realización o no, queda en manos del nuevo Gobierno que se instalará el 11 de marzo del 2018; la disculpa de su tardía presentación, es que esto, no es un tema de Gobiernos, sino que, es un tema de Estado.

No nos cabe la menor duda que este PN de DD.HH, presentado al país por la Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries, intenta ser un salvavidas, en el tema de derechos humanos, para la actual y saliente Presidente Michelle Bachelet.

Deja de manifiesto su abandono o burla del no cumplimiento de su excelente programa de DD.HH, presentado en su campaña electoral del año 2013, establecido como un compromiso de su Gobierno de resultar elegida. Por lo tanto, consideramos el Plan Nacional como una estrategia para encubrir el no cumplimiento de ese compromiso que hizo ante el país como candidata presidencial, a pesar de la insistencia y movilización de los afectados. De esta forma podrán decir posteriormente, “nosotros lo propusimos en nuestro Plan Nacional, pero ellos no lo realizaron”.

Analizando lo que se refiere a las medidas en favor de las víctimas del terrorismo de estado de la dictadura cívico-militar, podemos afirmar que luego de un “proceso consultivo” a nivel nacional y por regiones, el resultado indica que las prioridades para los expp son las mismas que se vienen planteando desde hace décadas, y que sirvieron de base para la creación del Programa de DD.HH, de la Presidente Michelle Bachelet. Programa que nunca implementó.

Es decir no era necesario dicho “proceso consultivo”, ya que todos los Gobiernos pos dictadura, recibieron en reiteradas ocasiones documentos de las diferentes organizaciones de EXPP, en que se planteaban esas exigencias. Justamente por eso, la Presidente Bachelet las incluyó en su programa de DD.HH. Por lo tanto, no era necesario seguir burocratizando el tema a través de “consultas nacionales”, que solo sirven para ganar tiempo y justificar su inacción, ya que buscan obtener respuestas, que ya desde hace mucho tiempo conocen.

Cuando observamos la derechización del futuro Presidente Piñera y de todos los partidos de “centro derecha”, y observamos sus declaraciones en relación con el tema de Derechos Humanos, nos podemos dar cuenta que para ellos el énfasis está puesto, en como mantienen y amplían los privilegios de los criminales de lesa humanidad, con la intención de permitir su excarcelación argumentando “razones humanitarias y de derechos humanos”, como ha pasado ya otras veces en chile y también en Perú y en Argentina. Tenemos muy claro que este listado de propuestas, terminarán siendo nada más que eso, propuestas que no se concretarán.

Hay que ser muy iluso para pensar o creer que las propuestas de este Gobierno podrían ser tomadas y realizadas por el próximo Gobierno. Por favor, seamos serios y tratemos de no menospreciar la inteligencia de las todas las víctimas sobrevivientes.

Todas las medidas anunciadas en este PN de DD.HH, en relación a los EXPP, tenemos el deber de rechazarlas tajantemente y clarificar su ineficacia y falacia.

1.- En relación con la propuesta del PN de DD.HH para dar respuesta a la exigencia de terminar con el secreto de los 50 años, “negociado con los militares” por el ex presidente Ricardo Lagos, debemos clarificar que esta no responde a los parámetros del Derecho Internacional Humanitario, ya que los cambios que se proponen, no terminan con la impunidad. No se trata no de una apertura real, ya que su contenido no será entregado a tribunales para la persecución y procesamiento de los autores del más grave de los delitos de lesa humanidad, como lo son el secuestro y tortura.

El cambio radica en que sólo se le permitirá a los Jueces a solicitar antecedentes, que les pudieran permitir avanzar en los procesos de la búsqueda de la verdad y responsabilidades penales, en los procesos que se siguen en relación con los compañeros ejecutados y detenidos desaparecidos. Es decir no se buscará la responsabilidad de aquellos que secuestraron y torturaron a miles de chilenos sobrevivientes de la prisión política y tortura.

Es importante aclarar que, en relación al “supuesto resguardo de la intimidad” de las víctimas, se trasgrede no sólo la legislación penal nacional, sino que también el Derecho Internacional Humanitario. Las normas procesales obligan a toda autoridad o funcionario, que haya tomado conocimiento, de que se ha cometido un delito, a presentar en el plazo de 24 horas, la denuncia ante la justicia.

La reiterada omisión a esta obligación, convierte a la autoridad o funcionario, en responsable como encubridor del delito. Más grave aún, tratándose de tortura, las normas internacionales establecen que se debe disponer la captura y juzgamiento del criminal, encuéntrese donde se encuentre, indiferenmente donde lo haya cometido.
Esta omisión en forma de secreto constituye una gravísima violación a esa obligación que impone a todos los países el Derecho Internacional Humanitario. Véase especialmente las disposiciones de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la tortura.

2.- En relación con el “apoyo jurídico” de parte del Estado a las víctimas sobrevivientes, para que personalmente asuman la persecución penal de los responsables de su tortura y secuestro, esto desconoce la obligación del Estado de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile. Tenemos el deber de informar que la Subsecretaría de DD.HH, firmó un compromiso con la Corporación de Asistencia Judicial, para que esta institución asuma la asesoría de los expp en la presentación de querellas criminales en contra de los torturadores.
Queremos con mucha claridad manifestar nuestro más absoluto rechazo a esta medida por tres razones concretas:

– Consideramos esta medida como una burla y falta de respeto. En dicha Corporación trabajan estudiantes de leyes que realizan una práctica por un tiempo corto y acotado, rotándose permanentemente.

– Por otro lado existe la posibilidad de que en el proceso de las querellas criminales se pueda presentar demanda civil en contra de los torturadores y solidariamente en contra del Estado. Con estudiantes de leyes dependientes de la CAJ, esto no sería posible ya que por ser una entidad del Estado, no está facultada para ir contra sus propios intereses.

– Y por último, recientemente se publicó un artículo en el diario La Tercera, que dicho organismo tiene una lista de espera de 10.000 personas y que están dando audiencias para el mes de octubre del año 2021. Esto significa claramente una medida groseramente irrespetuosa con el derecho a justicia que les asiste a los Expp.

3.- En relación a la “apertura de la recepción de documentos de las/os compañera/os que no quedaron en el listado de la Valech II debemos manifestar lo siguiente:

Rechazamos terminantemente esta medida, por ser insuficiente e ineficaz, ya que igual a las anteriores, carece de un respaldo jurídico que permita que se cumpla con el objetivo de darles la oportunidad de apelar, y de completar sus antecedentes para ser reconocidos y obtener los beneficios que deberían estar ligados a dicho reconocimiento.
Lo concreto, es que se nombró a un funcionario en las principales oficinas del IPS que será el encargado de recepcionar nuevamente estos antecedentes, proceso que durará 6 meses (enero a junio de 2018), luego 1 año para estudiar los antecedentes y publicar un listado de los que se les considere como víctimas.

Es decir todo el proceso terminará en junio del año 2019. Lo indignante es que éste proceso de reconocimiento NO ES VINCULANTE con los beneficios de los anteriormente reconocidos por la Valech I y II. Supuestamente, después de este proceso se «debería” dictar una ley para que los compañeros reciban los beneficios. ¿UDS creen que Piñera hará eso? ¿Porque la Nueva Mayoría no deja la Ley establecida para asegurarles a los compañeros recibir este beneficio?
Lo más probable es que esto termine con la simple entrega de un diploma de reconocimiento, y como consecuencia de esto una retraumatización, de la que posteriormente los entes de salud del Estado no se harán cargo.

4.- En relación con la “política integral de reparación en salud”, ellos mismos, en su enunciado de la segunda meta, claramente reconocen que no está siendo implementada, al menos no, con un estándar mínimo de calidad y priorización. Podemos afirmar que este programa resulta absolutamente insuficiente y que lo que aquí en el PNDH se propone, se encuentra contenido en la norma técnica, por lo tanto es algo que debería ya haberse implementado.

Del presupuesto destinado al programa PRAIS, el 70% se destina a pago de sueldos y a gastos operacionales. Sólo el restante 30% son usados efectivamente para cubrir las necesidades en salud de los usuarios.

Si el Servicio Nacional de Salud, cubriera ese 70%, se liberarían estos recursos y llegarían concretamente a los usuarios. Evitando que finalmente este Programa termine siendo, una muy buena fuente de generación de trabajo para diversos profesionales, quienes últimamente no pueden entregar los apoyos necesarios para una atención satisfactoria, justamente por falta de recursos.

5.- Por último en lo que se refiere, a las medidas destinadas a facilitar el acceso a una solución habitacional, y a becas educacionales para personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, debemos decir que no serán efectivas ya que independiente de los puntos asignados, igual se tendrá que cumplir con todos los demás requisitos exigidos por ley. Por lo tanto, igual las víctimas terminarán en las interminables filas de postulación.

Como ya se ha hecho costumbre, las víctimas de atropellos a los DD.HH. hemos sido nuevamente burlados, y una vez más el Gobierno evade su responsabilidad por el no cumplimiento de sus compromisos en DD.HH, para lo cual tuvo cuatro años y sin embargo, no lo hizo.

Lo que queda claro es que los ex presos y presas políticos tenemos que seguir demandando nuestros derechos. En el área de salud, sigue siendo urgente organizar grupos activos de usuarios PRAIS en todas las regiones. En el área de justicia y reparación, debemos seguir presentando querellas criminales contra el Estado con recursos de indemnización, en tanto el Estado no resuelva globalmente este asunto con una ley de reparación justa y de acuerdo a tratados internacionales firmados por el Estado de Chile. El gobierno de turno no importa. Nuestra experiencia indica que los gobiernos de la llamada centro-izquierda, cualquiera haya sido el nombre de la coalición, no nos dieron solución alguna.

¡Estamos viejos y enfermos, muchos/as ya han muerto, pero aún no estamos vencidos!

Nelly Cárcamo V.
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile