El Estado de Chile se niega a cumplir los tratados internacionales suscritos por nuestro país, como por ejemplo el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este artículo prohíbe que ninguna persona sea sometida a tales actos, y “en caso de que ocurran, se debe asegurar la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada para la víctima, incluyendo los medios para su rehabilitación lo más completa posible. Además, se establece que los Estados partes deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole para prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como para sancionar a los responsables”. En consecuencia, nos vemos obligados a demandar al Estado ante los tribunales de justicia para forzar el pago de este derecho, con todas las consecuencias que esto conlleva.
Nos enfrentamos al Consejo de Defensa del Estado, aparato que se dedica a contravenir estos mismos tratados y a obstaculizar los juicios, intentado alargarlos y solicitando la aplicación de la “PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA”, sabiendo que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Argumentan, además, que con las miserables “pensiones reparatorias” entregadas a modo de rehabilitación ya el daño estaría pagado.
El acto de judicializar este derecho, representa una nueva re-victimización de las víctimas por parte del Estado de Chile y trae como consecuencia además que de la indemnización que se establece, se tenga que pagar muchas veces un alto porcentaje a los abogados patrocinantes. Estamos conscientes que existen abogados inescrupulosos que se aprovechan y cobran montos de usura.
Es por eso que nuestra organización la UNExPP de Chile ha establecido un porcentaje que fluctúa entre el 10 y 12 % para todos los abogados que nos apoyan en esta cruzada en contra de la impunidad.
Es motivo de inmensa alegría saber que el 3 de julio salió un fallo de primera instancia en el Noveno Juzgado de Santiago, de una demanda presentada por dos compañeras y cinco compañeros de Osorno, patrocinados por nuestro equipo de abogados de Temuco. Sabemos que el CDE apelará a la segunda instancia pero confiamos en los buenos argumentos emitidos por la Jueza que respaldan esta decisión, no den lugar a bajar los montos.
Felicitamos al equipo de abogados de Temuco y a nuestras compañeras y compañeros por este significativo avance en contra de la impunidad de parte del Estado, cuyos administradores, llámense gobiernos pos-dictadura, nunca han tenido la voluntad política de cumplir con los tratados internacionales que Chile suscribió.
El Estado actual de Chile se niega a cumplir los tratados internacionales suscritos por nuestro país, no nos sugieran votar Jara será el continuismo de este gobierno que nos desprecia.
El Estado actual es de izquierda y odia pagar indemnizaciones a ancianos de izquierda.