REPORTE SOBRE LA SITUACIÓN DE PAGO DE LA QUINTA DEMANDA DE LA UNExPP

La quinta demanda civil colectiva de la UNExPP fue iniciada el 2009 ante el 25° Juzgado civil de Santiago con la participación de 743 demandantes, ex prisioneros políticos torturados. En esta demanda civil, se rechazó la alegación de prescripción que hizo el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Se obtuvo un fallo favorable en primera instancia, en el que se fijó una indemnización de 50 millones de pesos. Este monto, posteriormente fue rebajado por la Corte de Apelaciones, a la irrisoria suma de 3 millones de pesos. Esta misma cantidad fue ratificada, finalmente, también por la Corte Suprema.

Desafortunadamente, las cortes acogieron el alegato del CDE por el rechazo de la demanda en 70 casos de familiares que demandaron por ex prisioneros políticos que habían fallecido antes de la presentación de la demanda. De igual manera se rechazó este derecho a los compañeros demandantes (14) que no se encontraban reconocidos por la Comisión Valech, aun, cuando éstos, contaban con otros documentos probatorios de su carácter de presos políticos.

De esta manera, es importante resaltar que como resultado de esta demanda civil, recibirán los 3 millones de pesos sólo 659 personas (que demandaron en vida). No recibirán los 3 millones, los compañeros y compañeras que hayan demandado en representación de un compañero Expp fallecido antes de la presentación de la demanda, ni los compañeros Expp que no están incluidos en el la “nómina de reconocidos por la Comisión Valech”.

Sin perjuicio de solicitar el cumplimiento de la sentencia en cuanto al pago de los tres millones de pesos, a quienes los tribunales determinaron, informamos que la UNExPP, envió la Quinta demanda como una nueva denuncia por denegación de justicia y favorecer la impunidad, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Solicitamos a CIDH la acumulación de este nuevo caso, con la denuncia enviada el año pasado referente a la Tercera demanda Civil colectiva (iniciada el 2006 en Chile con 603 demandantes). Asi, la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Demandas Civiles colectivas, se encuentran en calidad de denuncia, en la CIDH.

Con todo, hemos recibido innumerables consultas sobre cuándo el estado hará efectivo el pago de los 3 millones de pesos. Consultado sobre esta situación el compañero abogado Victor Rosas nos ha informado lo siguiente:

“Los trámites posteriores a la sentencia final de la Corte Suprema han sido muy burocráticos (como ocurre en la administración pública). Además, no son muchos los precedentes con situaciones similares (la inusitada cantidad enorme de demandantes).
La Corte Suprema antes de devolver el expediente a la Corte de Apelaciones toma su tiempo en dejar copias y anotar en diversos registros. Lo mismo ocurre en la Corte de Apelaciones previo a devolver el expediente y la documentación al tribunal de primera instancia. Luego el 25° Juzgado lo revisa y reingresa el expediente antes de decretar el cúmplase de la sentencia. Así, en ello transcurre un par de meses.

Como abogado de los demandantes solicité el cumplimiento del fallo, de modo que envíe un oficio requiriendo al Ministro de Justicia que se proceda al pago de la indemnización que se ha sentenciado. El tribunal debió previamente revisar todo antes de certificar que la sentencia está ejecutoriada, esto es que en Chile no cabe recurso alguno en contra. Luego, se mandó confeccionar copias de todas las sentencias, demás resoluciones y certificaciones que complementen el fallo para adjuntarlas al oficio que se debía dirigir al Ministro de Justicia. Adicionalmente, la jueza ordenó que la Oficina Administrativa del Poder Judicial haga la liquidación del crédito, donde se tuvo que reajustar con el IPC hasta mayo de este año.

Por todo eso, recién el 26 de Julio pasado, se logró que se remita el oficio del 25° Juzgado al Ministerio. El asunto estuvo en revisión en el Ministerio de Justicia y ahora el 15 de Noviembre pasado el Jefe de Fiscalía del Ministerio remitió al Consejo de Defensa del Estado todos los documentos relativos a la causa «Miranda Tara y Otros con Fisco de Chile», Rol N° C-31513-2009 del 25° Juzgado Civil de Santiago con certificación del 12 de Julio de 2016 acredita que la liquidación practicada sobre el crédito a pagar no fue objeto de impugnación dentro de plazo, por lo que se encuentra a firme o ejecutoriada.

Ahora, el Consejo de Defensa del Estado ya remitió un completo informe señalando al Ministro de Justicia y Derechos Humanos que procede que ordene el pago de la suma única y total de $1.980.954.000 (mil novecientos ochenta millones novecientos cincuenta y cuatro mil pesos). Cada una de las 659 personas que se indica recibirán la suma de $3.006.000 (tres millones seis mil pesos). Pero, agrega que, atendido que la liquidación del crédito considera reajustes solamente hasta mayo de 2016, procede que se faculte a la entidad pagadora para que actualice dicha liquidación de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde junio de 2016 hasta el mes de su pago efectivo. Finalmente, establece que se transcriba al señor juez de la causa copia del decreto de pago que se dicte.

Cabe señalar que el Estado no puede ser objeto de apremios judiciales para acelerar el pago, sino que la sanción o castigo por la demora consiste en que tendrá que pagar con reajuste si se tarda más de sesenta días desde que recibió el oficio del tribunal. El plazo ya está vencido en exceso. Por eso, resulta impredecible la fecha de pago.

Ante la inquietud de quienes tienen derecho a esa indemnización y molestia por la tardanza en el pago es necesario advertir que es preferible que consideren como lo más probable es que podrán recibir la suma correspondiente el próximo mes de enero del 2017. El decreto del Ministerio deberá individualizar precisamente a cada uno de las 659 personas. con su nombre, apellidos y RUT.

En cuanto tengamos mayor información se comunicará a través de nuestra página web www.unexpp.cl.”

El compañero abogado indicó igualmente el siguiente mensaje:

“Gran parte de los beneficiarios en este juicio adeuda todavía el 3% del bono por un millón de la ley del año pasado; dicha suma se deberá pagar a favor del fondo para financiar gastos de preparación de las querellas por tortura que promueve nuestra UNExPP. Con recursos suficientes será mucho más efectivo y rápido el trabajo contra la impunidad.

Es deplorable el escaso compromiso de gran parte de los compañeros para con la causa de todos. Peor aún, parte importante de los compañeros todavía no ha pagado siquiera la modesta cuota de $6.000.- que se pidió al inicio del juicio para solventar gastos de esta quinta demanda. Los honorarios que fueron pactados deben ser pagados al abogado que les defendió la causa civil.”

Esperamos que este reporte despeje las dudas que existen respecto de esta situación.