Estamos en un período muy especial de nuestra prolongada lucha por justicia. Por primera vez, tenemos un categórico y definido compromiso del Gobierno de «solucionar las deudas pendientes del pasado», ello está expresamente prometido en el Programa de Gobierno, en su capítulo Derechos Humanos.
Allí se considera impunidad en materia de derechos humanos que en los juicios sobre crímenes de Lesa Humanidad se aplique la prescripción en materia de responsabilidades civiles; en el Programa se anuncia «Impulsaremos medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad… Debemos entender que,administrativamente, el Gobierno instruirá al Consejo de Defensa del Estado para que deje de alegar prescripción extintiva de la acción civil de las víctimas o sus familiares y que, en los juicios pendientes, se allane a soluciones amistosas o conciliación.
También, el programa agrega: «Adoptaremos medidas, legislativas, si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes de reparación». etc.
Para la UNExPP los objetivos a corto plazo son tener respuestas concretas de la Presidenta Bachelet sobre 3 temas:
1º Administrativamente, hacer cambiar la actitud del Consejo de Defensa del Estado, judicialmente, respecto a no alegar la prescripción civil, ni la incompetencia del tribunal penal para admitir demanda civil contra el Estado, y en los pleitos en actual tramitación allanarse a soluciones amistosas o conciliación.
2º Enviar al Congreso mensaje presidencial con un proyecto de ley que contemple una indemnización justa y adecuada para las víctimas de tortura en Dictadura, que corrija las deficiencias de la ley 19992 (podría ser tenida en cuenta la antigua propuesta de la UNExPP).
3º Asignar a una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de la Dictadura (así mismo lo dice expresamente el programa). En la asistencia jurídica debiera principalmente impulsar querellas e investigación judicial para perseguir la responsabilidad penal imprescriptible de los victimarios o torturadores (como hemos solicitado en nuestra declaración pública del 11 de marzo de 2014).
Víctor Rosas Vergara
Santiago, 3 de abril de 2014