BACHELET, LA AMNISTÍA DEL BICENTENARIO Y LA IMPUNIDAD

“Porque los presidentes podemos tomar decisiones sobre muchos temas, pero hay temas que son particularmente delicados, y por eso creo que yo no me cierro a mirar este tema seriamente, profundamente, humanamente, y mirar cuáles casos uno pudiera imaginar y pensar, y cuáles de ninguna manera”
Michelle Bachelet a radio Agricultura
15 de Julio de 2009

Esta declaración de la presidenta Bachelet no sorprende a los ex prisioneros políticos que hemos seguido la trayectoria en materia de DDHH de la Concertación durante los últimos 20 años. Se inscribe en el ADN concertacionista que negoció las leyes de transición y la impunidad de los militares violadores de los DDHH en 1989 y comienzo de los 90.

La declaración universal de los DDHH y otros Tratados Internacionales establecen muy claramente que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y deben ser sancionados con las penas más altas. Chile es signatario de esta declaración, amén de una serie de tratados y convenios internacionales que norman internacionalmente este tema. Fue en esa condición que el Estado de Chile fue condenado en la Naciones Unidas por los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet, tanto en Chile como en el exterior.

La opinión pública internacional, sacudida por la violencia y magnitud de esos crímenes, ha mantenido la figura de Chile como el país emblemático en donde se violaron sistemáticamente los derechos de las personas. El exilio chileno, quizás el más masivo porcentualmente respecto de la población, testimonia a diario de esta triste realidad en un sinnúmero de países a lo largo y ancho del planeta. El millón de chilenos que abandonó el país y que actualmente está censado en 700.000 no retornó y no retornará nunca más a Chile, quedará como vestigio indesmentible de los horrores de la dictadura de Pinochet.

Los gobiernos de la concertación han hecho lo indecible por mejorar la “imagen internacional” de Chile. Su embajador en la Comisión de DDHH en Ginebra se mostró como el as de la exigencia del respeto de los DDHH en el mundo, salvo en Chile. Fue un destacado denostador de Canadá, país al que acusó de “maltratar” a sus minorías étnicas. Parece que al pueblo mapuche lo conoce solo en los manuales escolares y no está al corriente de su actual situación.

También se muestra como un hecho notable, único en el mundo, que Manuel Contreras haya sido condenado y esté en prisión, habiendo sido el jefe de la inteligencia de la dictadura. Olvidan decir que si fue a prisión fue por una presión abierta del gobierno norteamericano, que pidió su cabeza no porque hubiera cometido crímenes, sino porque los cometió en las propias calles de Washington.

La propia presidenta Bachelet ha hablado en sus giras internacionales del grado de avance en materia de DDHH y el orgullo de Chile de haber hecho una transición a la democracia en condiciones que pueden ser ejemplo para otros países. Lo que no dice es que esta transición se comprometió a no castigar a los culpables de violaciones de DDHH y las FFAA respetaron una situación que les garantizaba la impunidad. Además mantuvieron granjerías propias de un botín de guerra como el mantener hasta el día de hoy el 10% de las ventas del cobre de CODELCO (no el cobre de las transnacionales por supuesto) para sus gastos.
Transcurridos 20 años, el balance de los 4 sucesivos gobiernos concertacionistas en DDHH presenta un balance desolador.

En materia de verdad, pese a las tres comisiones gubernamentales, aún no se ha clarificado el destino de los prisioneros desaparecidos. La historia retendrá que un número importante fue asesinado y sus cuerpos lanzado al mar. Pero la identificación de la maquinaria represiva que operó, de los mandos involucrados, de la justicia que toleró y se negó a investigar los hechos, de los medios de prensa y comunicación cómplices en campañas de desinformación de la dictadura, así como todo el personal político civil al servicio de los crímenes permanece en el anonimato y en la más absoluta impunidad.

En materia de justicia y castigo a los culpables, sólo se ha condenado a aquellos victimarios identificados y en contra de quienes los familiares de las víctimas presentaron recursos judiciales. El Estado de Chile, primer responsable de hacer justicia en esta materia, tal como lo impone la ley, no ha presentado ninguna querella en tribunales en contra de los criminales de lesa humanidad.

En materia de reparación, se ha entregado pensiones vitalicias a los familiares directos de las víctimas reconocidas de un monto que haría enrojecer a otros países que han reparado en este tema. Respecto de los chilenos y chilenas que fueron sometidos a tortura y prisión política se promulgó una ley reparatoria sancochada en 48 hrs por el parlamento que ha sido universalmente reconocida como insuficiente y discriminatoria. Se argumenta últimamente que es una reparación de 20 años repartida como pensión anual de un millón de pesos, subdividida mensualmente en $120.000. La burla es completa.

Si el Estado de Chile, gobernado por la Concertación, ha enfrentado el tema de los DDHH violados por la dictadura de la manera antes expuesta, no es extraño que la Sra. Presidenta manifieste su intención de estar dispuesta a estudiar la amnistía para los violadores de DDHH. En los hechos es mantener la misma política que dura desde hace ya 20 años.

Para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del Terrorismo de Estado durante toda esta larga transición a la democracia no ha habido el reconocimiento oficial debido. Durante la dictadura la denuncia internacional la hicieron ellas, las querellas ante la justicia han sido presentadas por ellas, el rescate de los lugares de memoria ha sido obra de ellas, la identificación de los criminales fue recopilada por ellas. Hoy día pueden afirmar que las pocas visitas a la Moneda fueron para ser utilizadas mediáticamente y no por una sincera voluntad política de esclarecer y castigar los crímenes.

Actitudes como las de Eduardo Frei que nunca quiso recibir a la AFDD y cuando lo hizo fue por 10 minutos y de pié o comentarios como los de Ricardo Lagos comparando las pensiones a los ex pp como el valor de una carretera, no necesitan comentarios.

Lo que la Concertación olvida y que no considerará en los últimos meses que le quedan en el poder, es que los crímenes en materia de DDHH están sometidos a jurisprudencia internacional. Si no hay justicia en Chile seguiremos nuestra lucha ante las cortes internacionales y no tenemos dudas que allí seremos escuchados.

En Chile ha habido denegación de justicia para las víctimas de DDHH desde septiembre de 1973, hacen ya 36 años. La Concertación nunca tuvo la voluntad política de enfrentar a la derecha en una materia tan sensible, quizás porque como alianza política nunca se sintió obligada a hacer justicia. En la Concertación confluyeron sectores políticos diversos, incluyendo partidarios del golpe militar, de allí esta ambigüedad política cuando se discute el tema de las violaciones a los DDHH.

Las víctimas de la dictadura pertenecían en su inmensa mayoría a militantes de izquierda. A eso se suma el factor generacional y la distancia en el tiempo y sobre todo, durante el período final de la dictadura, una clara decisión política: “cualquier cosa es mejor que mantener a Pinochet”. Entonces este “postulado político” abrió la puerta a todas las maniobras y concesiones, incluyendo no encarcelar a los victimarios. Lo demás es agua que sigue la corriente y las palabras de la presidenta se encuadran perfectamente en esta línea.

La amnistía para los violadores de DDHH es reponer el tema de la impunidad como saldo pendiente de la Concertación con las FFAA. Subyacente está la manida “reconciliación nacional” aparejada con el “miremos el futuro” y dejemos que los muertos entierren a los muertos.

De concretarse este último legado Concertacionista, la sociedad chilena seguirá incoando este persistente malestar existencial que cíclicamente la cruza: su incapacidad de entregar justicia digna a los millares de chilenos que lucharon consecuentemente por una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna o simplemente de verdad democrática.

Patricio Negrón
Vicepresidente
ANEXPPCHILE

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