HH: Senadores de la República Dirigentes de los Partidos de la Concertación:
Dentro de las víctimas de la violación sistemática de los derechos humanos con el terrorismo de estado de la dictadura militar, el grupo mayoritario es el de los ex prisioneros políticos. Sin embargo, fuimos ignorados durante los primeros gobiernos de la Concertación. Sólo en vísperas de cumplirse 30 años del Golpe, en agosto de 2003, el país escuchó la voz del ex Presidente Ricardo Lagos en su mensaje «No hay mañana sin ayer». Anunció una reparación «austera y simbólica» y cumplió. Fue de gran «simbolismo» para las pobres viudas a quienes no llegó la pensión «reparatoria vitalicia».
Gran decepción, pues ignoró la obligación del Estado de garantizar en la legislación el derecho a una indemnización justa y adecuada, como manda el art. 14 de la Convención contra la Tortura (tratado ratificado por Pinochet y que se encuentra vigente). En cambió, estableció una tardía pensión inferior al salario mínimo de subsistencia, que arbitrariamente se declaró incompatible con la de exonerado político. Estableció un beneficio educacional para los ancianos y se olvidó de hijos y nietos. Un tratamiento discriminatorio y excluyente si se lo compara con lo otorgado «a familiares» de Detenidos Desaparecidos o Ejecutados Políticos, quienes recibieron sus beneficios a contar de marzo de 1990. La ley 19.992 produjo sus efectos a contar del 2005, o sea quince años más tarde.
Son muchas las falencias e imperfecciones que se reprochan a la llamada Ley «Valech» (no es culpa del Sr. Obispo). Ahora, que estamos próximos a que se cumplan los 35 años del Golpe, creemos indispensable que la Presidenta Bachelet, ex prisionera política y torturada, entregue una propuesta de reparación que sea satisfactoria e incluya la indemnización que demandamos. Al mismo tiempo, exigimos una reforma procesal que saque del «juicio de hacienda» las demandas de reparación que entablen víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ese es un juicio de larguísima tramitación que puede tardar más de doce años (gracias a las maniobras dilatorias del Consejo de Defenza del Estado). «JUSTICIA QUE TARDA ES DENEGACIÓN DE JUSTICIA». Por ello, proponemos que se les dé tramitación de juicio sumario y que el demandado no pueda alegar prescripción.
Hemos solicitado muchas veces audiencia con la Sra. Presidenta de la República. La respuesta ha sido que «compromisos impostergables» de la Dra. Bachelet impiden concertar una reunión con la «UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE» . Para los asesores presidenciales el tema nuestro no es un compromiso para el Gobierno y en todo caso es «postergable», ¿hasta cuándo?
Nos hemos impuesto por los medios informativos que los jefes de los partidos de la Concertación recibieron a doña Lorena Pizarro y el acuerdo de solicitar a la Presidenta Bachelet anunciar su propuesta en derechos humanos. Desgraciadamente, no se menciona para nada los temas que nosotros reclamamos con respaldo del derecho internacional ratificado por Chile y que estando vigente es deber de los órganos del Estado promover y respetar (art. 5º de la C.P. del E.).
La UNExPP de Chile, con mi patrocinio ha presentado desde 2002 a la fecha 5 grandes demandas colectivas en contra del Estado exigiendo INDEMNIZACIÓN, representando a casi TRES MIL EX PRISIONEROS POLÍTICOS. Las causas se tramitan como juicio de hacienda a pesar de que la ONU aprobó en Asamblea General de 2006 la Resolución 60/147 que establece los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de derechos humanos a interponer demandas y obtener reparaciones, esto es garantizando el acceso a una justicia rápida y sin prescripción extintiva. Lo curioso es que esta importante Resolución fue impulsada por nuestro país en la ONU y sus principios son letra muerta para nuestras autoridades nacionales.
Nuestra organización de Prisioneros y torturados sobrevivientes de la Dictadura es autónoma de los partidos políticos, pero somos los «viejos tercios de la Unidad Popular» que todavía esperamos se nos respete en nuestros derechos. Por ello les adjuntamos algunos de nuestros documentos en que se incluyen nuestras propuestas.
Reciban fraternales y atentos saludos
Víctor Rosas Vergara
Abogado y
Vicepresidente de la UNExPP de Chile
«UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE»
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Lanacion.com Lunes 14 de julio de 2008 | 17:38
/ UPI
Concertación pide al Gobierno acelerar agenda de DDHH
Los presidentes de los partidos de la Concertación acordaron solicitar al Gobierno que se dé un reimpulso a la agenda legislativa de derechos humanos.
La vocera de la Concertación, presidenta de la DC, Soledad Alvear manifestó que esa es «la única manera de saber quienes están a favor de los derechos humanos y su respeto en cualquier circunstancia, y quienes están en contra, negándose a aprobar estas iniciativas».
Durante una reunión con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), las dirigentes de la AFDD expresaron su inquietud por el nulo avance de proyectos de ley como la modificación al artículo 93 del Código Penal, que busca evitar la prescripción de la acción penal; y la falta de ratificación de los acuerdos internacionales relativos a los derechos humanos.
En la cita también se acordó pedir al Ejecutivo que se establezca una comisión permanente que se dedique a recabar información respecto a violaciones a los derechos humanos, cuyas víctimas, por diversas razones, no entregaron su testimonio a la comisión Valech.
«Hay mucha gente que no se atrevió en su oportunidad a entregar su experiencia a esta instancia y nos parece de toda justicia que se abra una comisión para que reciba los testimonios dado que el Estado está en la obligación de repararlos», dijo Alvear.
Los presidentes de las tiendas concertacionistas concordaron con la agrupación que debe revisarse el contenido del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, ya que el estado actual del mismo no cuenta con la anuencia de las organizaciones. «A nosotros como presidentes de partido de la Concertación nos resulta difícil apoyar una iniciativa que no tiene la venia de la agrupación, sostuvo la tomonrl DC.
Por su parte, la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, dijo que es de suma urgencia que se cumpla la agenda de derechos humanos que contempla la aprobación de diversos tratados internacionales, la nulidad del decreto Ley de Amnistía y el traspaso de los beneficios de reparación a los hijos, nietos, viudos y viudas de los presos políticos, entre otras materias.
«Nos parece que es tiempo de avanzar y tomar decisiones, hemos manifestado a los presidentes de los partidos de la Concertación, que esperamos que el Gobierno entienda que en esta temática se debe avanzar con aquellos y aquellas que durante todos estos años hemos luchado por la verdad, justicia, memoria y reparación, y en este sentido queda una larga tarea por hacer y ojalá en este tiempo que queda de Gobierno de una vez por todas se enfrente», dijo.
Los presidentes de los partidos de la Concertación se comprometieron a plantear este mismo lunes en la reunión del comité político de La Moneda las inquietudes de la Agrupación, para que se retome la agenda de DDHH.