La reunión del sábado 28 en Chillán fue muy positiva. Ya a mediodía estábamos en el diario «La Discusión» de Chillán, donde fuimos atendidos por el jefe de crónica, don Marcelo Herrera. Adjuntamos el artículo aparecido ayer domingo 29 (contiene algunas inexactitudes), pero sirve y nos ayuda a difundir lo que hemos estado haciendo. Aprovecho de reenviarles la serie de fotografias que tomó en la reunión un compañero de Chillán.
Participó en la reunión el Alcalde de Chillán Viejo, don Julio San Martín (DC), quien prometió intentar que seamos recibidos pronto por el Ministro de Interior, don Belisario Velasco. El dirigente de Tomé, co. Juan Sandoval, informó del proyecto de visita en Septiembre próximo al campo de prisioneros de Isla Quiriquina y de la propuesta de programa. A más de la participación de muchos compañeros de Chillán, se contó con la asistencia de dirigentes y compañeros venidos de otras localidades de la región, incluso del co. Guillermo Ruiz residente en Neuquén, Argentina.
La ONG está programando una reunión en Santiago, que se convocaría para el sábado 25 de Agosto de 2007.
Fraternales saludos
Víctor Rosas Vergara
Ex prisioneros políticos piden indemnizaciones
Domingo 29 de julio de 2007.
En una especie de cruzada para lograr el gran objetivo propuesto, que es obtener indemnizaciones justas por los daños morales y psicológicos, producto de los vejámenes físicos sufridos durante el régimen militar, se encuentran ex prisioneros políticos.
Agrupados en la Unión de Prisioneros Políticos, la directiva nacional se reunió ayer con sus asociados en Chillán, para explicarles los alcances de las iniciativas a las que se encuentran abocados. “Como agrupación hemos presentado cuatro demandas contra el Estado, por 962 personas, de las cuales 140 son de Chillán, aún cuando en total son más de tres mil los afectados”, sostuvo Víctor Rosas Vergara, presidente nacional de la Unión de Prisioneros Políticos. Básicamente, explicó el dirigente, la agrupación no quedó conforme con el sistema de pensiones impulsado por el Gobierno y que se materializó tras el Informe Valech, sobre prisiones políticas y torturas. Por esta razón, solicitaron indemnizaciones, puesto que se ajustan más a los daños causados y son extensivas además a las familias, “lo que no ocurre con las pensiones, que además, son por montos irrisorios”, agregó Rosas.
Respecto al camino legal adoptado, el dirigente explicó que la demanda contra el Estado en la práctica implica años de juicio. Por esta razón, dijo, se está gestionando a través del senador Nelson Ávila, la adecuación de la justicia a los requerimientos de la ONU sobre el tema, que apuesta por una agilización en materia de indemnizaciones para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El objetivo, indicó, es que sea incorporado en la Comisión de Derechos Humanos para su futura indicación a un proyecto de ley en el Parlamento.
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