Es lamentable y no nos sorprende que se legisle, una vez más, sin consideración alguna al efecto negativo para el bolsillo de las víctimas y familiares. Es penoso que se note tan marcadamente la mala voluntad, rayana en mala fe.
El Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
«Artículo 1°.- Prorrógase hasta por seis meses, el plazo de calificación establecido en la letra b) del inciso tercero del artículo 3° transitorio de la ley N° 20.405, contado desde la fecha de término allí dispuesta.
Artículo 2°.- Autorízase a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada por el artículo 3° transitorio de la ley N° 20.405, para que sus miembros, y dos de sus profesionales especialmente autorizados por la unanimidad de sus integrantes, tengan acceso a consultar los documentos, testimonios y antecedentes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040 de 2003, del Ministerio del Interior, autorización que se otorga con el objeto exclusivo de cumplir su obligación de calificación durante el plazo establecido en la ley N° 20.405 y en este cuerpo legal.
La Comisión Asesora a que se refiere el artículo 3° transitorio de la ley N° 20.405, y las personas que ella autorice en virtud del inciso anterior, se encontrarán sujetas a las mismas obligaciones, prohibiciones y sanciones establecidas en el artículo 15 de la ley N° 19.992.
La consulta de dichos documentos, antecedentes y testimonios se realizará, exclusivamente por quienes indica el inciso primero de este artículo, en el lugar donde la documentación se encontrare materialmente, quedando prohibido su retiro, así como su reproducción a través de cualquier medio.
Artículo 3°.- El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a reasignaciones de los recursos contemplados en el presupuesto aprobado del año 2011 para la Presidencia de la República y, en lo que faltare, con recursos provenientes de la partida presupuestaria del Tesoro Público.»
Comentario de la UNExPP:
La prórroga permitirá mayor tiempo de estudio y revisión de casos sin suficiente convicción para calificar. Sin embargo, así no se ha considerado el perjuicio económico ocasionado por la postergación. En efecto, nada habría impedido que ahora en febrero se publicara una primera nómina con todos los nuevos casos que ya tenga aprobados la Comisión, dentro del plazo original, de manera que ellos pudieran percibir la pensión y acceder al beneficio educacional.
Otra aceptable y saludable alternativa habría sido que se dijera en esta nueva ley que, considerando la prolongación del plazo, el pago de beneficios se deba hacer con efecto retroactivo a febrero de 2011.
Es lamentable y no nos sorprende que se legisle, una vez más, sin consideración alguna al efecto negativo para el bolsillo de las víctimas y familiares. Es penoso que se note tan marcadamente la mala voluntad, rayana en mala fe.
Hay que pensar que no es mera casualidad, cuando se observa tan torcida “segunda intención” en las decisiones políticas en materias de Derechos Humanos. De paso, con el artículo 2º de la ley de prórroga, se reafirma la obligación y vigencia del repudiado secreto, léase “impunidad para torturadores” o “encubrimiento oficial”.
Víctor Rosas Vergara, Abogado.
Que pasó con personas que sufrieron torturas, perdieron su guagua estando embarazada por golpes sufridos dando el lugar exacto donde sucedió el hecho, justificando con certificado medico la perdida por los golpes, dejada botada en la calle peor que un perro, haber calificado en la fundación Presidente Allende de España, y no haber calificado en la Segunda Comisión Valech. ¿Cómo se puede justificar esto de la no calificación? es una compañera conocida, y su caso avalado por otros compañeros de la época. ¿Como responder a este hecho? GRACIAS. Espero respuesta si la hubiera. Espero respuesta a mi consulta.