Por Nicolás Vega:
El 23 de diciembre de 2008, a las 9:30 hrs., el Comando Unitario de Ex PP y Familiares se reunió en La Moneda con el Ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, para entregarle las firmas de los diputados que se comprometieron a apoyar una nueva Ley de Reparación.
De esa reunión salieron eufóricos, porque Vidal les prometió que en los primeros días de enero, el “Comando” recibiría una respuesta de la Presidencia en relación al proyecto de ley que impulsaría el Gobierno
Frente a esta situación, el Abogado Víctor Rosas, Vicepresidente de la ONG “Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile (UNExPP), sin el ánimo de descalificar a esa organización, sino con el objetivo de confrontar ideas que signifiquen un real progreso en las reivindicaciones de las víctimas del terrorismo de Estado (Dictadura militar de Pinochet y sus aliados civiles de la Derecha), se permite clarificar las razones por las cuales él considera que los problemas presentados por la organización mencionada están mal planteados y, en el fondo perjudican, pues postergan los intereses y derechos fundamentales de los ex prisioneros políticos:
Así lo considera Rosas:
“Dicho “comando unitario”, ha pasado a ser el «interlocutor válido» para el Gobierno.
Desgraciadamente para nuestra causa, estos compañeros no hacen presión en el tema primordial.
El tema primordial, dicho de una vez por todas, es la reparación consistente en la INDEMNIZACIÓN JUSTA Y ADECUADA que corresponde a toda víctima de tortura como manda la Convención Internacional.
El Comando, no entrega a los representantes del gobierno una propuesta concreta de indemnización.
No mencionan el grave problema que margina a las víctimas del acceso a una justicia civil rápida y eficaz para demandar la indemnización que se nos adeuda. Al mismo tiempo, ignoran nuestra propuesta de reforma procesal que vendría a evitar la actual denegación de justicia e impedir que el Fisco alegue prescripción en causas por reparación en violaciones graves a los DD.HH.
Esa es una diferencia bastante marcada entre las tres tesis de la UNIÓN de Ex Prisioneros Políticos de Chile y lo que plantea el Comando Unitario en su plataforma de doce puntos, relativos esencialmente apenas a nuestra segunda tesis, esto es: sólo busca subsanar las falencias y errores de la ley 19.992 (la reparación austera y simbólica de Lagos.
Varios puntos de esa plataforma estaban parcialmente ya en vías de solución en los artículos transitorios del proyecto de ley de Instituto Nacional de Derechos Humanos, que a pedido de la AFDD, fue retirado por el Gobierno.
Entonces, ahora sería preferible que el Gobierno asumiera derechamente la deuda por la reparación integral del Estado para las víctimas de tortura y, sin más tardanza, enviara al Congreso un completo proyecto de ley que acogiera todos nuestros planteamientos.
A nosotros, los miembros de la UNExPP se nos sigue negando audiencia con la presidenta Bachelet. Queda de manifiesto que se privilegia la conversación con las organizaciones «cupulares» dóciles, adheridas a sus respectivos comités centrales (comprometidos o sumisos con el Gobierno).
La «UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE» tiene un discurso mucho más claro, ( ! emanado de las bases ! ), que interpreta cabalmente el sentir de las víctimas y defiende lealmente sus intereses, sin claudicaciones.
Por otro lado, frente a los nuevos casos de «desaparecidos» que tampoco no lo eran, el Gobierno anuncia sólo la reapertura de las comisiones Rettig y Valech. Ojalá no se sigan parcelando los temas pendientes en derechos humanos y postergando sus soluciones con un pretexto u otro.
La búsqueda de la VERDAD debe ser una actividad permanente del Estado. Por ello, corresponde establecer un ÓRGANO ESTATAL PERMANENTE, con la misión de atender a TODAS las víctimas de graves violaciones a los DD.HH.; entregarles apoyo psicológico; verificar sus testimonios y medios de convicción para calificar; otorgarles la reparación legal según corresponda; darles la asistencia jurídica para perseguir la responsabilidad penal de los hechores.
Proponemos sea creada una Subsecretaría de DD.HH.
En el gobierno sigue la mala práctica de «apagar incendios» y al igual que todo maestro “chasquilla», ofrece soluciones de parche, incompletas e insatisfactorias.
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP de Chil
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes
Artículo 12
Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial.
Artículo 13
Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.
(Nota de Nicolás Vega: Los 50 años de silencio impuestos por la ley de Lagos, que impiden denunciar los nombres de los torturadores, son ilegales, de acuerdo a la legislación internacional)
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Artículo 14
1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a indemnización. (Nota de N. Vega: aquí no se mencionan las reparaciones “austeras y simbólicas» de Lagos y Eyzaguirre)