INFORME JURÍDICO QUE SE PRESENTA EN EL UNDÉCIMO ENCUENTRO DE LA UNExPP SOBRE EL ESTADO DE LAS DEMANDAS CIVILES Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

INFORME JURÍDICO A LOS DEMANDANTES y adherentes a la UNExPP

Saludamos a los delegados ante nuestro 11º Encuentro Nacional, en Tomé 2014. Antes de analizar las expectativas ante el cambio de Gobierno que se avecina, considero oportuno entregar un informe de nuestras gestiones o actividades y del estado de los juicios en tramitación.

ACTIVIDADES

Visita a los compañeros de la Región del Bío Bío. El viernes 12 de Julio, participé en la amplia reunión informativa citada en Chillán, con asistencia de más de 120 compañeros demandantes. Habían transcurrido casi cuatro años desde la última reunión en esa localidad. Fueron tres horas en que analizamos en detalle lo que ha sido nuestra lucha de tenaces trece años, dificultados y debilitados por las dañinas divisiones, en que nosotros hemos sostenido una invariable conducta unitaria con objetivos definidos, orientados en la defensa de lo que son nuestros derechos, tanto en el frente judicial como en la gestión y presión política, confiados en que será finalmente la justicia internacional la que nos dará razón, pero que debemos actuar en todos los frentes donde aparezca una posibilidad aunque sea remota la esperanza de lograr nuestros propósitos. Reiteramos el llamado a buscar la unidad del movimiento de derechos humanos. Luego, el sábado 13 de julio nos reunimos en Tomé igualmente en una sesión de trabajo informativo y de análisis con más de 40 compañeros. Se consolidó el compromiso de realizar en esa localidad el 11° Encuentro Nacional de la UNExPP de Chile en los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero 2014. Fue una jornada agotadora pero fructífera. En verdad, no fue muy prudente ese largo viaje conduciendo mi automóvil cuando aún estaba convaleciente de una operación.

El jueves 18 de Julio participé activamente en el Seminario Internacional de Santiago «Acceso a la Justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos». Aproveché de evidenciar y reprochar al Estado de Chile que sea el país latinoamericano que menos busca soluciones amistosas con sus víctimas en la Comisión Interamericana y me referí al caso visto en Marzo por la Corte IDH en Medellín, del torturado compañero Leopoldo García Lucero, aún en el exilio. El abogado y Embajador chileno González, se limitó a replicar que Chile no podría financiar tratamientos de salud a personas que permanezcan en el extranjero y que no aprovechan el Programa de Salud implementado por Chile para atender a las víctimas de la dictadura (¿?). Quedó en evidencia que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos existe un grave de retardo en la atención de las miles de denuncias que se interponen anualmente; ello está perjudicando el acceso a la justicia internacional. Sostuve una breve conversación con el Sr. Secretario de la Corte IDH, abogado Pablo Saavedra Alessandri, a quien le expuse la situación de nuestras demandas en Chile y las denuncias que hemos presentado a la Comisión IDH; al mismo tiempo, le hice ver que esperábamos mucho de la Corte IDH y que lo que se resuelva en el caso del chileno García Lucero servirá de precedente para ayudar a que el Gobierno de Chile decida reparar justa y adecuadamente a las víctimas, como manda la Convención contra la Tortura y el derecho Internacional Humanitario. El Sr. Saavedra me confidenció que la sentencia del caso García Lucero se conocería en Septiembre. Se notificó oficialmente a fines de Octubre y ya es noticia mundial que Chile fue condenado en la Corte Interamericana por el primer caso de un sobreviviente de prisión política y tortura de la Dictadura (víctima Nº 9.581 en la Nómina del Informe Valech). Esto sienta el precedente valioso de que en Chile persiste la impunidad y muestra que la tarea de la reparación está inconclusa, puesto que la deuda principal sigue pendiente. Ante la Corte Interamericano, nos hicimos parte como UNExPP de Chile con un documento “amici curie” (amigo de la justicia), que fue muy considerado en la sentencia final del caso García Lucero. Gracias a ello, estrechamos lazos de colaboración con la organización Europea REDRESS, que exige reparación para los sobrevivientes de la Tortura en el mundo.

A mi regreso de Europa, junto nuestra Presidenta Nacional, invitados por nuestros compañeros de Coyhaique y Puerto Aysén, pudimos visitarles y compartir con ellos en sendas reuniones informativas citadas en ambas localidades de la Undécima región. Agradecemos las muestras de cariño que recibimos.

ESTADO DE LOS JUICIOS CIVILES CONTRA EL ESTADO DE CHILE

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cabe señalar que en la sentencia del caso “García Lucero con Chile” se establece que la investigación, el enjuiciamiento y castigo a los autores de tortura siguen siendo un desafío en Chile. Son muy pocos los casos que están siendo investigados, el castigo a los autores no es proporcional a la gravedad de los delitos y el Estado ni elimina los obstáculos ni asume iniciativas contra los torturadores. En el caso García Lucero, la Corte IDH tuvo, por primera vez la oportunidad de pronunciarse sobre la denegación de justicia y de la reparación adecuada para un sobreviviente chileno de la tortura, por las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet. Esta sentencia es el comienzo de un nuevo capítulo. La Corte ordenó reparaciones importantes y deja la puerta abierta para los futuros litigios contra Chile.
Como saben, nuestras denuncias internacionales contra Chile, que hemos presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están acumuladas en un solo expediente, en las oficinas de Washington, en espera de que se le dé curso. Necesitamos avanzar en el trámite de admisibilidad de las denuncias enviadas como ONG UNExPP de Chile, caso P-188-11 «Abarca y otros con Chile» (a cuyo expediente se han acumulado los casos P-262-12 «Aguilar y Otros con Chile» y P-735-12 «López con Chile»). Son los tres primeros juicios en que la Corte Suprema ha rechazado nuestras demandas civiles, aplicando la prescripción. Como antes he informado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adolece de extrema lentitud en el avance de los casos que cada vez en mayor número les son sometidos a su conocimiento.

El acceso a la justicia internacional aparece colapsado con una larga lista de espera. Por ello debemos tomar con entusiasmo los avances o satisfacciones que vayamos alcanzando en tribunales chilenos.

TERCERA DEMANDA. Es la causa «Salgado y Otros con Fisco de Chile» (iniciada en 2006). El 14º Juzgado completó la sentencia rechazando las demás alegaciones o excepciones del Fisco. La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia negativa, con fecha 10 de enero, aplicando prescripción. Hemos recurrido ante la Corte Suprema. Ahora, el 22 de enero, dentro del plazo legal, presentamos recurso de casación de fondo contra dicho fallo, fundados en que al aplicar prescripción, tratándose de crímenes de lesa humanidad, se infringe la Constitución y se desconoce las normas internacionales de Derechos Humanos; por eso, solicitamos en el recurso que se anule la sentencia y se dicte otra de reemplazo que acoja la demanda a favor de las 603 víctimas de tortura, o sus familiares.

CUARTA DEMANDA. “Abarzúa y Otros con Fisco”, fue la primera en que se ordenó pagarnos una indemnización a los ex prisioneros políticos, cuando rechazó la alegación de prescripción. La sentencia de primera instancia nos había acogido la demanda, pero favorecía sólo a menos de la mitad de los demandantes y los montos determinados fluctuaban desde 5 millones hasta 30 millones de pesos. En Marzo pasado, Corte de Apelaciones revocó esa sentencia, dando aplicación a la prescripción. Finalmente, el 30 de Septiembre se dio a conocer la sentencia de la Corte Suprema, después de mi alegato de Junio pasado. El fallo negativo en esta cuarta demanda permitirá que denunciemos un nuevo caso, por las 962 víctimas, ante la Comisión IDH y se acumule a nuestras denuncias anteriores. Estamos preparando la documentación y revisando la redacción de la nueva DENUNCIA; me propuse avanzar en esta enorme tarea antes del Encuentro. Sólo me faltan los párrafos finales A nuestras alegaciones de fondo, agregaremos certificados de defunción de muchos demandantes y certificados de nacimiento para mostrar la ancianidad o avanzada edad de las víctimas, a fin de obtener preferencia para el trámite.

QUINTA DEMANDA. “Miranda y Otros con Fisco” (nuestra última, iniciada en 2009). Tenemos una muy grata y estimulante noticia que reiterarles. En efecto, el 23 de Julio me he notificado de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por la Sra. Juez del 25º Juzgado de Santiago, doña Susana Rodríguez Muñoz. Es un formidable éxito judicial, aunque debamos lamentar que se rechazó la demanda indemnizatoria por los 70 familiares de compañeros fallecidos, en que el Consejo de Defensa del Estado alegó falta de legitimación activa para demandar el daño moral, y de 17 demandantes no reconocidos por la Comisión Valech. Lo transcendente es que la sentencia rechaza las demás alegaciones, excepciones o defensas del Fisco relativas a que se habría pagado la deuda o que ella estuviera prescrita o que no existiera responsabilidad objetiva del Estado. El Consejo de Defensa del Estado estimó que la suma demandada era un «monto exagerado». Prudencialmente, la sentencia, acoge la demanda respecto de 659 demandantes (seiscientos cincuenta y nueve) por la suma única y total para cada uno de ellos de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), por concepto de daño moral.

El Fisco apeló pidiendo que la Corte revoque este fallo. Se trata de una condena al Estado de Chile por cerca de sesenta y cinco millones de dólares. En la Corte abogaremos por la confirmación de la sentencia, con declaración de que se corrija el fallo para acoger también la demanda en favor de los familiares, viudas o hijos, que deben ser tenidos como víctimas y reparados. La sentencia dictada por la Jueza de Santiago es muy valiosa para la causa de todos los ex prisioneros políticos. No es aún una sentencia de término de juicio, el pleito continúa en su segunda instancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sabemos también que la mayoría de los ministros de la Corte Suprema todavía es negativa para las víctimas y que rechazan las demandas civiles con la alegación de prescripción.

Pero, este nuevo éxito judicial tendrá la virtud de influir muy positivamente en las futuras negociaciones que sostendremos, para que en Chile se legisle de una vez estableciendo el derecho a una indemnización justa y adecuada en favor de todas las víctimas de prisión política y tortura reconocidas. Deseamos que esta noticia sea tomada con moderación, en lo que realmente vale; pero confiamos que traerá una luz de alegría y re encanto hasta para nuestros más desesperanzados compañeros y juntos aplaudamos la constancia con que hemos estado llevando adelante nuestra desigual lucha en el ámbito judicial. No cabe duda, estamos progresando y seguiremos avanzando. Igualmente, este respetuoso y claro reconocimiento a las víctimas en la sentencia judicial constituye ya una forma de reparación moral.

Permítanme recordarles que justamente esa suma está bastante acorde con lo que hemos estado proponiendo en nuestro proyecto de ley, que contempla la indemnización base de dos mil unidades de fomento. Siempre he comprendido que debemos velar por los intereses de nuestros compañeros, por lo que con prudencia y celo tenemos que ser muy razonables y usar el sentido común, mesurar nuestras ambiciones. El universo de víctimas reconocidas de prisión política y tortura, casi 40.000 compañeros, será tomado en cuenta al legislar y ver el costo total de la indemnización: casi CUATRO MIL MILLONES DE DÓLARES. Con tales cifras no será fácil obtener el financiamiento. Sin embargo, en las negociaciones políticas, ahora, podremos argumentar que es muy factible que la justicia chilena ordene al Estado de Chile, que nos pague indemnización y la prueba de ello será esta sentencia. En las negociaciones nos veremos fortalecidos, pues el Estado de Chile puede ser judicialmente forzado a pagar una indemnización a las víctimas y que, antes de que ello ocurra, sería más razonable que se dicte la ley general que proponemos.

También, la causa especial de los compañeros de Isla Dawson, con sentencia que acoge la demanda en primera instancia, recién el 17 de Julio, ha ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, para conocer del recurso interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado. Las gestiones para un arreglo amistoso fallaron, pero con el próximo Gobierno se ven mejores expectativas, fundadas en el programa de Gobierno.

PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA PRESIDENTA ELECTA. El compromiso de Michelle Bachelet está definido en el capítulo de Derechos Humanos. Allí declara “hacerse cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos del pasado”. Anuncia que adoptará “medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles… del Estado” y que “revisaremos las actuales leyes reparatorias”. Para la implementación práctica de su programa anuncia: “asignaremos a una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de Crímenes de la Dictadura”. Es más, nos dice: “Impulsaremos medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en materia de DDHHH, tales como impedir toda aplicación… de la prescripción en materia de responsabilidades civiles”.
Como se sabe, la vía judicial presenta el inconveniente de que puede conceder indemnizaciones de diversos montos, según el criterio que tenga cada juez. Por eso, será siempre mucho más equitativo que sea el Gobierno quien impulse una ley general de indemnización, que sea justa y adecuada, acorde a lo que pretenden mayoritariamente las víctimas y sus familiares.

Nuestra responsabilidad como dirigentes obliga a que mantengamos la cabeza fría y que ningún desatino o vacilación nos vaya a hacer tropezar en nuestros intentos por reivindicar para todos nuestros compañeros, que se les garantice en la ley el derecho a una indemnización que sea justa y adecuada. También estamos conscientes que es muy difícil alcanzar la unanimidad entre nosotros, que todos estemos de acuerdo en lo mismo.

Lamentablemente, aún no hemos logrado constituir ese poderoso órgano de presión, como quisiéramos y necesitamos, para imponer al Estado nuestras condiciones como movimiento social. Nuestra Organización es débil y carente de aptitudes para una lucha masiva. Y ello se debe no sólo a la falta de unidad en el movimiento o a las divisiones que fraccionan y debilitan el accionar. Las víctimas de prisión política y tortura se han vuelto extremadamente pasivas, inmovilizadas, sumidos en la pobreza, la enfermedad, la vejez, la desesperanza o el abandono. Por eso es que cualquier logro o avance quisiéramos magnificarlo para en alguna forma iluminar con una sonrisa de esperanza sus oscuras vidas.

Reciban un muy cariñoso saludo con mi agradecimiento a quienes han confiado en el camino que hemos estado mostrando en estos largos años de lucha. Hacemos un nuevo llamado a fortalecer nuestra ONG UNExPP y por la unidad de todas las víctimas.

Víctor Rosas Vergara, Abogado y Vicepresidente de la UNExPP

Tomé, 31 de enero de 2014

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