JUSTICIA TRANSICIONAL Y DESAFIOS DE REPARACIÓN

La Justicia “transicional” nace de la necesidad der consolidar un tipo de “democracia” que se conoce como una democracia vigilada “tutelada” (como dice el texto) .

En este tipo de “democracia” lo que se consolida es la impunidad, bajo el manto de las llamadas Comisiones de “Verdad y Justicia”, “Propuestas de Paz”, “Mesas de Diálogo” (en las que comprobadamente los militares invitados, fueron a mentir y a ocultar antecedentes)

El concepto de”reconciliación” planteado por los gobiernos postdictadura (transicionales), consiste en el perdón y el olvido. (comentario de N. Vega)

“La justicia transicional y los desafíos de la reparación”
por Jimmy Barberán Canales

art. publicado el 28/02/2009, en; CRITICA,CL

II.- Políticas de reparación. El Caso de Chile. (Extracto)

La Justicia Transicional dependerá en gran medida de la necesidad de consolidar la democracia, pero debe atenerse al modelo y fenómenos políticos iniciados en el caso de la transición chilena. Que en gran medida, y con mayor claridad comenzaron a delinear las posturas concesivas de aceptación de una democracia limitada o tutelada, desde la década de los 80s. Período que coincide con las grandes transformaciones, aperturismo del mundo soviético, y temores preexistentes del régimen militar, con miras a establecer una agenda orientada por las políticas económicas y sociales, relegando el tema de los Derechos Humanos a un compartimento, muchas veces olvidados, o simplemente ocultados bajo un manto de olvido e injusticias.(13)

El proceso de consolidación de la impunidad, tras la política de Verdad y reconciliación, que propiciara el Gobierno alteró totalmente las bases de una Justicia transicional. Muy alejada del carácter normativo y ético, que ya hemos revisado, nuestro proceso de transición valió un tono manifiestamente concesivo, que estuvo marcado desde el año 1991en generar “Una propuesta para Paz en Chile”, que perseguía neutralizar los efectos de la sensación de justicia y casos de DD.HH que nos presentaba tímidamente la Democracia (14). Según los alcances de estudios de Manuel Antonio Garretón, acerca de la Democracia y su Transición en Chile, adherimos plenamente a la crítica que este autor enfatiza en torno al proceso de transición a la Chilena, y que nos plantea la disyuntiva en cuanto a la cultura política e ideológica que nos legó el régimen pinochetista, que aún se mantiene en el discurso de algunos sectores de la derecha, y por otra parte las instituciones autoritarias que obstaculizan el logro de un justicia restaurativa al nivel de los estándares de pactos y tratados suscritos por nuestro país. Lamentablemente, el dilema que se enfrenta en la consolidación democrática es, respecto del pasado, dejar morir el tema de los DDHH o culminarlo, reconociendo la precariedad de las soluciones implantadas. Nos hacen francamente recorrer en un procedimiento que sólo se acerca –desde lo adjetivo y formal – a un verdadero proceso de Justicia Transicional como lo hemos definido, pero nos deja un velo de ignorancia y desconfianza – en la verdad sustantiva – de las políticas del Estado de Derecho.

Independientemente de si tales mecanismos y soluciones, implementadas en la transición chilena, pueden o no ser mejoradas sustancialmente, tal culminación no es inmediata, sino que debería materializarse en la reforma de la Justicia que se ha implementado en esta década, y la modernización de las policías y Fuerzas Armadas, redituando su rol en verdaderas garantes de la constitucionalidad, y no del autoritarismo constitucional que se institucionalizó tras la carta del 80 y sus posteriores reformas, que aún mantienen su lógica esencial de una postura coercitiva del estado, como si fuera un Leviatán frente a la sociedad civil, negándose el acceso a la información y los indicios de eventuales investigaciones para esclarecer el hilo conductor de las violaciones, y el paradero de las víctimas. Estas reformas son la clave, y se ubican en la conjunción del “nunca más” que apunta al pasado y sus causas y, por el otro, del “nunca más”, que apunta al presente de las actuales generaciones y al futuro, que se pliegan a las condiciones de una democracia social y política madura, conjugadas para evitar el desarrollo de la violencia de Estado que hemos protagonizado como sociedad.

Es esencial abandonar las fórmulas iniciales que se esgrimieron durante la transición chilena de los ochenta, que por causa oportunista del momento, era preclara la idea de superar rápidamente el concepto de violaciones, forzando una situación sin debate y conformista, que en buenas cuentas preveía el dejar atrás lo más rápido el Informe Rettig. Conjuntamente, en esa lógica se comprende la expresión del presidente Aylwin, quién aduce el año 1991 lo que sigue; “ La verdad, por si mismo es parte de la Justicia , al menos en cuanto a la vindicación moral de las víctimas .También la justicia exige que el Estado, como órgano de la sociedad ,…debe asumir la responsabilidad que le corresponde, bien sea por acciones, omisiones , o sencillamente, el Estado os ha presentado el proyecto de ley sobre reparaciones a las familias de las víctimas que confió este Congreso”. Indudablemente, las tímidas intenciones por tomar conciencia, y dar paso a un modelo de incentivos, económicos y simbólicos, que fue consagrado como Políticas del Congreso, en la esfera de la reparación. ( dos eran los mecanismos de reparaciones: económica y pensiones de sobrevivencias).

La Comisión para la Verdad y la Reconciliación deja mucho en su estela por resolver. La propia Comisión no abarcó en sus trabajos todo aquello que le había sido encomendado durante su mandato y sus estrechas perspectivas han dejado muchas cuestiones que abordar. Las víctimas que se presentaron ante la Comisión a menudo lo hicieron en la creencia que descubrirían la verdad acerca de sus seres queridos – dónde yacen, cómo murieron, y quién fue responsable. Muchos se marcharon con poca más «verdad» que aquella con la que habían acudido. En cuanto a la cuestión del indulto, quienes se presentaron ante la Comisión fueron un porcentaje insignificante de quienes habían perpetrado los actos del pasado. Fueron, en gran parte, la clase de tropa … Aquellos que habían planeado las políticas concretas detrás de las bombas, brutalidades y atrocidades permanecieron sin ser nombrados por su nombre. Si se pretende que el ‘palo’ del acuerdo de amnistía – el de la amenaza de procesamiento – tenga algún día algo de credibilidad, estos casos deben ser investigados y juzgados. Hasta ahora, sin embargo, sólo se ha iniciado un caso en el marco de los procesos posteriores a la Comisión de Verdad y Reconciliación, y las consecuencias y debates políticos derivados de este caso reciente parecen haber conducido a renovadas discusiones secretas entre el gobierno y los antiguos agentes de seguridad sobre una segunda amnistía.

Hasta la fecha, las Comisiones de verdad y reconciliación, junto a los informes, no son convincentes, pues el Gobierno de turno, pese a sus acciones, parece haberse interesado escasamente en las necesidades de las víctimas. Los autores de la violencia del pasado andan sueltos; algunos incluso ocupan posiciones en las nuevas fuerzas armadas y de seguridad. El gobierno parece ahora reticente a instar más procesos y abundan los rumores sobre otra ronda de indultos, o silenciamiento mediante eternización de los procesos, que por cierto se reactivan coyunturalmente con los medios, las organizaciones de DD.DD. y lo errores de la transición, que no escatiman en silenciar a como dé lugar el pasado. De parte de los supervivientes y descendientes de las víctimas de la violencia de la dictadura, estos continuos de olvido y de inacción, tienden a sembrar el escepticismo, la desesperanza y la desilusión, que desnuda por otra parte: A los nuevo actores concertacionistas, y la falta de disposición para aplicar una política de redistribución concertada o para proponer reparaciones de amplio alcance susceptibles de abrazar a todos los sectores de la sociedad, ha significado que en gran medida se ha considerado a la Comisión de Verdad y Reconciliación, como un ejercicio de actitud benevolente para con los perpetradores de aquellos actos, permitiendo a sus autores irse a casa: a sus grandes mansiones de las áreas residenciales mientras sus víctimas se encuentran casi con las manos vacías, y siguen en el paro, las privaciones y la precariedad(15).

El informe Rettig y los acuerdos logrados en el gobierno de Aylwin, auguraban un comienzo definitivo de políticas serias, que Iban en el sentido de develar, correctamente el paradero de los detenidos desaparecidos, máxime si los líderes de opinión deseaban “cerrar” el tema, especialmente la derecha civilista y democrática abordaba el desafío y compromiso de propiciar encuentros, que culminaran reparando desde el Congreso a las víctimas de la violencia y tortura.(16) En estas políticas de reparación, que en la medida de lo político, y con cálculos economicistas, no respondían del todo en la restauración de los daños morales, físicos y psicológicos de las víctimas, fueron deslegitimándose tras el juicio político de Pinochet en Londres. Que sin lugar a dudas, colocó nuevamente las demandas de verdad y justicia las pretensiones de las organizaciones y agrupaciones de DD.HH. dejando al descubierto las insuficiencias y limitaciones de las mencionadas políticas. Dada la conflictividad del tema, el desprestigio de Pinochet y las Fuerzas Armadas, comenzaba la clase política a promover recomposiciones, que en el mejor de los casos, aspiraban a un acuerdo nuevo que privilegiara el proceso de transición con orden, y sin juicios de reclamación por los detenidos desaparecidos, porque el año 1998 sirvió de escenario a la “Mesa de Diálogo”, un nuevo intento de dar salida política a la investigación y conclusión de la responsabilidad del Estado chileno.

En enero de 2001, el Ejército proporcionaba al presidente Lagos la información errática del paradero de cerca de 180 detenidos desaparecidos, informes que se complementaban con los casos judiciales de Cuesta Barriga y Faldeos de Chena, en el regimiento Buin-Maipo, que más allá de reparar, sólo judicializaron aún más el problema, pero sin procesos que determinaran amplios poderes de los ministros instructores ( Jueces especializados de tiempo completo), lo que a la postre hizo fracasar administrativamente y bajo feroces presiones a diferentes ministros, entre ellos: Muñoz, Guzmán Tapia , Carreño Seamann, etc.(17)

Ante la impunidad procedimental, y la escasa reparación lograda, se intervino por la vía judicial civil, intentado demandas civiles de reparación, que se estrellaron nuevamente, con la Jurisprudencia de la Corte Suprema , quien declaró el daño y el curso causal de los perjuicios, pero también denegaba, en el fondo, las indemnizaciones por prescripción de los ilícitos. Otra vez las familias y las víctimas, veían diluirse las expectativas de reparación y restauración de su persona.

Entonces, la reparación diluida por las connivencias de fuerzas políticas dejó entrever la ineficacia de las políticas implementadas por la concertación. Es más, fueron los mismos grupos de detenidos y torturados, sus familias, y exonerados, quienes presionaban al Gobierno para lograr a lo menos, compensaciones mínimas por los atropellos sufridos durante el régimen.

En síntesis, las reparaciones se han limitado, a las compensaciones económicas, a las pensiones y emolumentos, que el Estado ha entregado y asignado a las familias de las víctimas de estos crímenes, o simplemente reparaciones simbólicas con eventos y agendas protocolares.

Se instauran lemas y formulismos, que lejos de reparar, solo reiteran que la responsabilidad concreta es del Estado por violencia derivada de agentes y funcionarios. Pero también, hemos querido recoger una visión transgeneracional y transpersonal de la reparación, que no se agota en aspectos únicamente económicos o jurídicos. Muy por el contrario, esta responsabilidad de criticar y volver una vez más a la memoria, nos permite profundizar en las causas que originaron el desborde de inhumanidad, que el mundo experimentó.

Entonces, los procesos de reparación deben necesariamente atravesar por las políticas de inclusión y convivencia; logrando el contacto con generaciones futuras. Pablo Salvat, agrega que el ámbito de interrogarnos, e inteligencia crítica, aplicada para orientar ciertos procedimientos, que se inscriban en la línea de una pedagogía crítica, que desarrolle la capacidad de ponerse en el caso de otros, especificando que la reconstrucción no sólo pasa por lo económico, sino también de la dignidad y la criticidad de los procesos económicos, sociales y jurídicos(18), contribuiría desde una perspectiva interaccionista-simbólica de realidades e historias de vida dialogantes, habermasianas para reconstruir una verdad que incluya la percepción de los otros, tanto en positivo como en negativo.

En el fondo desacoplarse de todo esencialismo, nos permitirá reafirmar la profundización cívica de nuestros jóvenes, quienes desde un enfoque relativista, tal como Hanah Arendt nos sitúa en la calidad de ciudadanos expectantes y activos ante los excesos del nudo poder. Es quizás, este ciudadano atento y vigilante del poder, quien podrá a partir de sus memorias, y acumulativamente, criticando los excesos del poder, cometidos en el pasado , permitirán la construcción de diálogos e instituciones postconvencionales (19), que apunten avalores y principios universales de convivencia en la sociedad del siglo XXI.

Para que nunca más en Chile, se revitalicen actos de esta naturaleza y violencia, es necesario que la reparación anuncie políticas de Justicia de restauración , en las cuales sea la sociedad, en su conjunto quienes deben coordinar discusiones necesarias para para definir la magnitud de los abusos, luego reconstruir la verdad, definiendo las aristas de un plano, que no se agota en lo individual, donde el dolor no sirve de diálogo con las generaciones futuras, como una problemática de agenda nacional.

Conclusiones Generales

La Justicia Transicional, como gran nudo crítico en las Políticas Públicas del siglo XXI, ha permitido concretizar altos logros institucionales, que han ido en la senda correcta de mejorar la sed de verdad, en cuanto a un logro moral, y de reencuentro, desde una perspectiva ético-discursiva de metarrelatos, que se superponen e interactúan en la construcción de memoria(as) histórica(as) con variadas perspectivas, impunidades y responsabilidades compartidas, que sientan las bases dialógicas de una historicidad democratizante y pluralista, que se dispone a la indagación y evaluación de actos y conductas políticas , hasta hoy ocultas en un olvidar antojadizo, que rehuye en parte la identidad, y por otra intenta levantar una imagen de futuro, descomprometiéndose de su historicidad de violencia e injusticia . Pero conjuntamente, se plantea como desafío el tema de la justicia y la reconstrucción de la unidad, como valor de la Nación-Estado. Al respecto, el sacerdote Eduardo Silva nos interroga ¿Cómo se repara el pasado, si él fue , pero ya no es más?

Esto advierte algunos presupuestos de la Justicia, elementales para establecer la verdad. La cuestión de recuperar la memoria histórica, que se torna en la mejor cura contra el olvido y la desconexión de presiones, que vienen del pasado horroroso, pero con movimientos sociales, y coyunturas que explican la crisis manifiesta de esta demanda por la verdad.

En este sentido, el carácter infaústico de las violaciones no exigen una actitud de perdón y olvido. Muy por el contrario, demandan una revisión del sistema oral y colectivo, de historias de vida, memoriales de los caídos, que impidan la expansión subjetiva del olvido, el cual se clasifica entre un definitivo y uno reversible.

Así, el costo institucional e histórico del olvido, nos pone frente a los procesos de Justicia transicional, hitos que dejan al manifiesto, la intencionalidad de la clase dirigente, por alcanzar un punto final, al provocar interpretaciones y ejecuciones de leyes de amnistía e intentos por soterrar las huellas de la violencia con las reparaciones económicas de los vejados y sus familiares, o en parte con la publicitación de las muertes de los responsables intelectuales en las grandes operaciones, que se pusieron en movimiento en la década del 70 y 80, respectivamente en la lógica de una acción de Estado que se fundamentaba en la filosofía de Seguridad Nacional, pero que en la praxis, conllevo arrebatos de inhumanidad y Terrorismo de Estado.

En cuanto a las reparaciones, estimo que no han logrado su finalidad de unificar e integrar a la sociedad, a fin de permitir una pedagogía crítica, que incursione desde el curriculum en la búsqueda de antecedentes que orienten el avanzar sin olvidar, reconstruyendo prácticas de ética pública discursiva, que encaucen a las nuevas generaciones en el derrotero de la justicia restaurativa y el arrepentimiento eficaz, de una sociedad que omite su responsabilidad, de recordar para no volver a vulnerar un bien tan preciado : la Vida Humana.

Referencias y Citas Bibliográficas

1 Rettberg, Angélika (2005) “Entre el Perdón y el Paredón: preguntas y dilemas de la Justicia Transicional”, Editorial Universidad de Los Andes, Colombia, IDRC, Bogotá, pp 2-3.

2 Ibidem.

3 Entendiéndose por orden y gobernabilidad, una modalidad bastante portaliana y conservadora, donde los Estados deben abandonar los conflictos, las injusticias cometidas en un período de dictadura y, los excesos que hayan violentado gravemente los derechos humanos de la población. Muy por el contrario, afirmamos que la temática de los derechos humanos debe afianzar y cimentar la gobernabilidad. En esta misma línea , Manuel Antonio Carretón para quién la Gobernabilidad democrática a que aspira todo Estado Contemporáneo y social democrático de derecho, se debe plantear, de acuerdo a la naturaleza y situación de cada régimen político, en especial los transicionales, que organizan y configuran la democracia desde una matriz histórico-cultural de una sociedad. No es válido entonces, hablar de gobernabilidad a secas, sino que en torno a un régimen político democrático, en que el Estado logre mediar institucionalmente con la gente, para resolver los problemas de quién y cómo se define la ciudadanía y cómo se canalizan los conflictos y demandas sociales. Por lo tanto, la importancia de la gobernabilidad, es considerada por Garretón, como una necesidad de reenviarla al sistema de partidos políticos, actores sociales, sociedad civil, modernización del Estado y configuración del juego democrático validando el conflicto y recogiendo las demandas colectivas, a través de la acción de las políticas públicas impulsadas por el Estado, y los nuevos actores del escenario del siglo XXI. Especialmente, se debe asumir una política pública en materia de Reparación de Derechos Humanos y de Justicia , tanto material como restaurativa. Garretón, Manuel Antonio. “Redefinición de Gobernabilidad y Cambio Político”, artículo publicado en el CAPP de la ACHCP de la U. De Chile, en la la obra dirigida por Luciano Tomassini “¿Qué espera la Sociedad del Gobierno?, año 1994, Santiago-Chile. P.63. ( En el mismo sentido Loveman y Lira , en el libro Políticas de reparación, capítulo I e Introducción)

4.Garretón, Op. Cit. P. 67

“Un sistema fuerte de partidos, y una sociedad civil débil, deben retroalimentarse en la búsqueda de la verdad, motivando acuerdos transversales, que desde una ética kantiana de la convicción, sirvan de contenido a los acuerdos de la clase política, quién es la contraparte necesaria de un Estado fuerte y autoritario, que recien abandona sus prácticas dictatoriales, y se vuelca a un edificio democrático del poder. Ello significa inclusividad del espectro de los Derechos Humanos, democracia interna, negociación y acción concertada, capacidad de formar coaliciones amplias y de establecer canales con la sociedad para asegurar que los nuevos temas, conflictos y clivajes sociales logren expresarse”.

5.Rodrigo Uprimny,(2004) “ Justicia transicional y justicia restaurativa: tensiones y complementariedades”. En «Verdad, reparación y justicia para Colombia: Algunas reflexiones y recomendaciones», en Fundación Social, FESCOL, Embajada de Alemania (eds.), Conflicto y seguridad democrática en Colombia. Temas críticos y propuestas, Bogotá: Editorial Gente Nueva.

6.LOS PRINCIPIOS CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Principios de Bruselas, Marzo de 2002. Apuntes del Dossier “ Curso de Derechos Humanos,Violencia y Reconciliación

7.LOS PRINCIPIOS CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Principios de Bruselas, Marzo de 2002. Apuntes del Dossier “ Curso de Derechos Humanos,Violencia y Reconciliación

Entiéndase por impunidad, de manera genérica y procedimental , según el Coloquio de Bruselas “….La impunidad como una constante en numerosos países, en los cuales se vivieron olas dictatoriales , y en las que, las víctimas se sienten doblemente victimizadas frente a sus estados. ( alto grado de indefensión y negación de justicia). En el fondo las autoridades no tienen voluntad o son incapaces de asegurar la justicia. Degenerando la transición como un proceso desafortunado, una gran problemática de fondo que consiste en:

A.Los procesos reproducen la sensación de injusticia

B. Se niega al otro, disminuyendo el nivel de juicio moral subjetivo del Estado y las comunidades.

C. Se termina deslegitimando la democracia como modelo de representación del buen gobierno.(Crisis de la representación)

8.Ob. Cit; LOS PRINCIPIOS CONTRA LA IMPUNIDAD Y POR LA JUSTICIA INTERNACIONAL

Principios de Bruselas, Marzo de 2002. Apuntes del Dossier “ Curso de Derechos Humanos, Violencia y Reconciliación. Elizabeth Lira, Loveman, Brian. Edit. UAH-ILADES.

9.Ob cit, Coloquio de Bruselas. También se puede profundizar en el fenómeno denominado Autorestricción de Soberanía en materia de acuerdos de Paz, donde se superpuso en múltiples procesos de negociación los derechos de las víctimas, debido a que las partes convinieron , de manera librey soberana , el contenido de los acuerdos de paz. Que en la mayoría de los acuerdos, se optó como en Colombia, El Salvador y Chile por la solución de propuestas que iban en la línea de un relato histórico común, que nos enseñara a prevenir nuevos hechos de violencia. Véase Rettberg, Angélika (2005) “Entre el Perdón y el Paredón: preguntas y dilemas de la Justicia Transicional”, Editorial Universidad de Los Andes, Colombia, IDRC, Bogotá, pp 20 y 21.

10. Botero Catalina y Restrepo Esteban; Estándares y Procesos de Transición en Colombia,pp.27. En Rettberg, Angélika (2005) “Entre el Perdón y el Paredón: preguntas y dilemas de la Justicia Transicional”, Editorial Universidad de Los Andes, Colombia, IDRC, Bogotá. Conjuntamente, véase texto de Juan Guzmán Tapia, quién cita en su libro “En el Borde del Mundo” el Decreto ley 2191 , promulgado el 18 de abril de 1978, y por el cual el regimen militar, una vez iniciada la transición se procuraba una auténtica póliza de seguros contra eventuales juicios de derechos humanos, contra todo riesgo , inclusive la posibilidad de investigar. Mediante este texto legal, relata Guzmán , los generales se aseguraban que l justicia jamás volvería atrás, ni se ocuparía de sus crímenes. Prácticamente esos años se habían borrado de la memoria colectiva nacional, lobotomizando nuestra memoria histórica y política , quedando resumida a las cenizas del olvido. Ver pp.137 y 138. Reproduzco textualmente la expresión, para una mejor comprensión “… Durante largo tiempo se demostró la eficacia del dispositivo. Apenas se presentaba a los tribunales una querella por violación de los derechos humanos, era de inmediato transferida a la jurisdicción militar, que sistemáticamente la calificaba como improcedente . Esta situación comenzó a cambiar expresamente, por interpretación legal del caso de un menor secuestrado y desaparecido, caso gonzales Barraza de 1986, que excluía claramente la desapariciones y crímenes contra menores de edad, posibilitándole al juez de Calama instruir el Sumario de investigación criminal, que dejó a la vista la adhesión de la Corte suprema , quien como verdadero cortafuego, apoyó a los militares, cometiendo una imprudencia, enviándole asunto a los tribunales militares. Lugar donde nunca más se investigó el tema…”

11 Stahn Carsten, “Geometría de la Justicia Transicional”, en Rettberg, Angélika (2005) “Entre el Perdón y el Paredón: preguntas y dilemas de la Justicia Transicional”, Editorial Universidad de Los Andes, Colombia, IDRC, Bogotá; pp. 84 y 85.-

12. Fillipini, Leonardo “ Instituciones de la justicia de Transición y Contexto Político” en Rettberg, Angélika (2005) “Entre el Perdón y el Paredón: preguntas y dilemas de la Justicia Transicional”, Editorial Universidad de Los Andes, Colombia, IDRC, Bogotá;pp, 146 y 147.

3. Portales, Felipe. Chile: Una Democracia tutelada. Edit. Sudamericana, pp.27-30, año 2000. Santiago-Chile.

4. Procedo a transcribir una cita periodística, tomada por el autor citado, por medio de la cual queda claro en 1991, el carácter político de los acuerdos. “ Yo no tengo ninguna duda que el informe Rettig va a ser conocido por el país,…por las FF.AA. y no va . El país va a saber más verdades . las verdades en que estuvimos todos, … Creo es un paso fundamental, después vendrán los necesarios acuerdos …, porque dentro del año debemos actuar , aclarando la verdad. , pero también dentro del año se deberá poner punto final”. Claramente esta fuente periodística , destaca desde la Tercera, los argumentos del Senador DC , don Gabriel Valdés, quién no hizo reparos de tipo morales , para acordar un fair play con la oposición y las FF.AA. ( 4-1-91).

5 Vid, Reconciliación y reparación: un balance por Nahla Valji (2004)En Rev. Vanguardia Dossier, «Potencias emergentes: China, India, Brasil y Sudáfrica», No. 12, Julio/Septiembre. . Concordamos plenamente con las conclusiones de este especialista, quien ha reflexionado en otras latitudes acerca del Terrorismo de Estado y la impunidad de los perpetradores.

6. Loveman Brian y Lira Elizabeth. (2005); Políticas de Reparación en Chile , Edit. LOM, pp.32-35.-

7. Medidas que violentaron una vez más las motivaciones de reparación y justicia que algunos sectores de la clase política y las víctimas esperaban con gran emoción. No lográndose estos objetivos la sensación de obstrucción y de aletargamiento de las pistas investigativas fueron aumentando enormemente la tensión por descalificar al gobierno de turno, que no lograba responder a las críticas de aumentar en la impunidad.

8. Salvat, Pablo. Entre otros autores. 2005. “Derechos humanos y reparación”, en publicación año 2004; pp13-14 Este autor siguiendo a Habermas, propone la alternativa de un juicio moral, sustentado en el Ethos nacional, donde la acción política debe instaurar un diálogo permanente.

9. Vid, clasificación del juicio moral según Kolberg, quién plantea una tipología de las responsabilidades y desarrollo del juicio moral. Conjuntamente, en el mismo sentido que Kolberg, se plantea Jonas y Kart Otto Apel, quienes destacan la ética de las convicciones y las responsabilidades universales, y por otro lado los asuntos públicos, que no sólo incumben al Estado, son un tema de construcción de discurso y diálogo permanente, orientados ha desentrañar comunitariamente el thelos de la realidad, que no actúa de manera separada del cuerpo social.