El 15 de noviembre del 2019, a un mes de lo que los medios y los políticos denominaron como “estallido social”, pero que en realidad fue una revuelta popular, se anunció desde el Senado un Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución. El estamento de demasiado bien pagados políticos profesionales llegó a un acuerdo para “reestablecer el orden” por medio de escribir una nueva Constitución. La misma Constitución de 1980 que estos mismos profesionales de la política usaron por 30 años para gobernar el país, administrar el Estado y enriquecerse, mientras grandes sectores del pueblo permanecieron en la pobreza.
El pueblo en la calle dejó en claro que no quería más de este sistema mantenido y alimentado por estos mismos políticos profesionales de izquierda y derecha. En realidad, como lo dejó demostrado la administración de Sebastián Piñera, los presidentes y equipos de la centro izquierda fueron mucho más eficientes en administrar el modelo de Estado que dejó la dictadura de Pinochet. Estos sólo parcharon la espuria e ilegítima constitución del 80 y la vida siguió su curso.
Durante un mes de revuelta popular, donde explotó la rabia de los sectores más empobrecidos del pueblo y se contó con la solidaridad de vastos sectores de la sociedad, el gobierno fue incapaz de controlar la situación. El presidente declaró simplemente la guerra al pueblo en protesta. La represión policial y luego militar campeó en las calles, sólo que esta vez tuvieron que enfrentarse a jóvenes combatientes armados de piedras y barricadas incendiarias.
La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que “estar sentados acá es un esfuerzo de diálogo en un ambiente donde reinaba el miedo, la violencia y falta de paz. Por eso estamos agradecidos de haber sido parte de la construcción de un acuerdo para buscar respuestas y acuerdos de justicia social y para derrotar la violencia que se ha engendrado”, según lo consignó el boletín de informaciones del Senado de ese día. A renglón seguido, en el mismo boletín, se recoge la opinión del senador Álvaro Elizalde, PS, quién se apresuró a explicar, “serán los ciudadanos y ciudadanas quienes definirán si quieren una nueva Constitución y cuál es el mecanismo para generarla a través de dos alternativas: una convención mixta y convención constitucional que es equivalente a la asamblea constituyente”.
El pueblo en la calle demandaba Asamblea Constituyente. Los políticos reunidos sin consultar al pueblo ni a los movimientos sociales decidieron que lo mejor sería una convención constitucional que, dijeron muchos de esos políticos, es lo mismo que asamblea constituyente. Cuestión de palabras, decían. Convención constitucional es más aceptable a los políticos de la derecha capitalista, y en consecuencia igualmente aceptable para la centro izquierda capitalista.
Pero, no lo es. La Asamblea Constituyente debe ser soberana y no tiene por qué regirse por las reglas establecidas en la presente constitución ni los poderes del estado. En ese sentido se garantiza su autonomía. En cambio, esta convención constitucional permite el control de los mismos partidos que fueron y son cuestionados por la revuelta popular.
En el punto #10 del acuerdo ya se auto-aseguraron los honorables de que esto se diseñaría a la pinta de los que detentan (sí, apropiarse de manera indebida algo) el poder político. Dice, “Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una Comisión Técnica, que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta Comisión será paritaria entre la oposición y el oficialismo.”
Y, la Convención Constitucional, no es soberana, como lo establece el mismo documento porque la convención “no podrá alterar los quórum ni procedimientos en su funcionamiento y adopción de acuerdos.” Los quórum ya lo determinaron en el mismo acuerdo y será de dos tercios de sus miembros en ejercicio. La duración del ejercicio de escritura será de nueve meses para parir un engendro que deje satisfechos a los empresarios. Se puede prorrogar en 3 meses el plazo de funcionamiento.
El broche de oro es que después que este engendro sea ratificado en otro plebiscito, esta vez con sufragio universal obligatorio, éste será sometido a la aprobación del Congreso Nacional en pleno. Los firmante del acuerdo ese, comprometieron su aprobación.
Ahora deberemos concurrir a las urnas el 25 de octubre para votar en un plebiscito constitucional en el cual nada tuvimos que ver. Y si hay quienes piensan que esto ha de cambiar el sistema capitalista imperante, se equivoca. Por eso, quienes nos damos cuenta de cómo se cuecen las habas, debemos tener claro que habrá que seguir movilizándose. Los partidos abandonaron la consigna de Asamblea Constituyente, y sabemos por qué. El pueblo, sin embargo, no debe abandonar su propia demanda.
Sí, debemos concurrir a votar en el plebiscito por el APRUEBO en la papeleta 1. En la segunda papeleta, cada cual debe actuar en conciencia, ya sea votando por el mal menor, de la Convención Constitucional, mientras algunos/as marcarán AC (Asamblea Constituyente) en el mismo voto, para indicar que eso es lo que queremos.
Luego vendrá la competencia por la elección de Convencionales Constituyentes, lo que se dirimirá el 11 de abril del 2021. Este proceso también está diseñado para que esta contienda sea desigual para el pueblo y que se beneficien los partidos políticos, los mismos que el pueblo ha deslegitimizado con toda razón. Los movimientos sociales y los independientes tienen que salvar una serie de requisitos que se hacen más imposibles en tiempos de pandemia.
Las y los ex presos políticos sobrevivientes de la dictadura capitalista (1973-1989) concurriremos a este proceso sin mayores ilusiones, entendiendo cuáles son sus limitaciones y las trampas que se han puesto para que el pueblo trabajador no sea protagonista del mismo.
Como sea, lo único claro es que el pueblo debe seguir movilizado exigiendo sus demandas por una sociedad con un Estado solidario, protagonista en la economía, con defensa de los recursos naturales del país, promoviendo justicia social, con derechos claros en lo laboral, en la vivienda, en la educación, en la seguridad social, en la defensa del medio ambiente, los derechos de las mujeres, de los pueblos ancestrales, los derechos de la niñez y la vejez. La lucha, entonces seguirá, y tiene para rato.
Sí, pero estamos viejos, nos iremos al patio de los callaos con una pensión que no nos alcanza ni para en entierro.
Compañeros como bien escrito está, nosotros no escribimos este acuerdo, pero si podemos cambiar la constitución del dictador y poder terminar con la desigualdad que tantos años hemos sufrido. Fuerza compañeros la lucha no ha terminado.