MEMORIA 2014
Encuentros celebrados anteriormente:
I Encuentro Nacional: En Iquique, Mayo de 2004
II Encuentro Nacional: En Osorno, Octubre de 2004
III Encuentro Nacional: En Tomé, Enero de 2006
IV Encuentro Nacional: En Panguipulli, Enero de 2007
V Encuentro Nacional: En Río Negro, Enero de 2008
VI Encuentro Nacional: En Villarrica, Enero de 2009
VII Encuentro Nacional: En Puerto Montt, Febrero de 2010
VIII Encuentro Nacional: En Frutillar, Febrero de 2011
IX Encuentro Nacional: En Loncoche, Febrero de 2012
XI Encuentro Nacional: En Huellahue, Comuna de Panguipulli, Febrero de 2013
Estimadas autoridades, estimados amigas y amigos Estimados compañeras y compañeros: En nombre de la Directiva Nacional quiero saludar a todos y cada uno de los presentes, agradecer el enorme esfuerzo que han realizado por llegar hasta aquí. Estamos concientes del enorme desafío que representa para cada uno de nosotros, tanto en el ámbito económico y de la salud, acudir a nuestro llamado para hacerse presente en este magno y querido evento anual de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile. Vuestra presencia representa la vida y la esencia de esta organización, nos hace ser concientes que a pesar de todos los avatares, existimos, estamos presentes, unidos, persiguiendo el objetivo común que nos hemos trazado. Vuestra presencia también da fuerza y entereza a sus dirigentes para seguir buscando la justicia, aquella justicia que nos ha sido tan esquiva, pero que sin duda alcanzaremos. A propósito de esto quiero recordar una hermosa frase que nos regaló Budha que dice: “En el enfrentamiento entre el arroyo y la roca, el arroyo siempre gana, no por fuerza sino por persistencia”, así este suave arrollo es capaz de moldear la roca, para nosotros el injusto Estado de Chile representa la roca y nosotros representamos el arroyo, moldearemos la roca compañeros no tengan duda alguna de ello.
Hoy damos inicio al Décimo Primer Encuentro Nacional y quisiera antes que todo, agradecer a los compañeros de la Agrupación Cultural Pro- Derechos humanos de Tomé, principalmente a su Comisión Organizadora, representada por su presidenta, nuestra querida Compañera Tania Castillo y su Tesorero nuestro querido Compañero Juan Sandoval, por el esfuerzo realizado para hacer realidad esta reunión, gracias queridas y queridos compañeros.
Estimadas compañeras y compañeros, el desmoronamiento de las instituciones democráticas que los chilenos habíamos preservado durante largo tiempo representó una profunda regresión en nuestra forma de vivir. El derecho se convirtió en una palabra vacía. El régimen que encabezó Pinochet no dejó crimen por cometer.
Hace diez años nuestra organización, ante la evidente falta de voluntad política de los diversos gobiernos de la Concertación de abordar con seriedad el tema de la justicia que vienen exigiendo las víctimas de delitos de lesa humanidad como lo es la prisión política y la tortura, de dictar una nueva Ley de Reparación e Indemnización que interprete y respete la Legislación Internacional en el ámbito tanto penal como civil, determinó enfrentar al Estado acudiendo a los Tribunales de Justicia.
Nuestro Primer Encuentro Nacional en Iquique, de Mayo 2004, sirvió para reconocer que la reparación es un derecho fundamental de las víctimas y reconocer la urgencia de aunar criterios en materia de Reparación Integral a las víctimas de la prisión y tortura. Con mucha claridad concluimos que la indemnización es un derecho irrenunciable y que el Estado de Chile sigue en deuda con los ex prisioneros políticos de la dictadura militar de Pinochet.
El Segundo Encuentro celebrado en Octubre de 2004 fortaleció nuestra organización, clarificando nuestros objetivos. Sin embargo, nuestras aprensiones se vieron confirmadas al legislarse apresuradamente otorgando una reparación incompleta y exigua, austera y simbólica, que frustra nuestras expectativas y derechos.
La estrategia de lucha acordada en Osorno mantiene su vigencia: demandar judicialmente la indemnización que corresponde, pensando llegar a la Corte Interamericana.
En el Tercer Encuentro convocado en Tomé, en enero de 2006, analizamos el nuevo escenario luego de la elección presidencial. Acordamos insistir frente a la clase política que no admite mayor espera una digna solución legislativa.
Se estableció como eje central de la política de la UNEXPP, el reconocimiento y derecho a una indemnización justa y adecuada a las víctimas de la prisión política, en armonía con los instrumentos internacionales de DD.HH., e incluso teniendo en cuenta la normativa constitucional chilena al respecto.
Por esta razón, se señala que una política de reparación consecuente con los tratados internacionales no puede sino velar por indemnizar todo daño causado producto de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que conlleva la prisión política. Se recalcó que estas exigencias de reparación son solamente el ejercicio del derecho legítimo que posee toda víctima de estos actos. Solicitar judicialmente las indemnizaciones pertinentes no es sinónimo de contrariar al gobierno de turno, sino que se trata simplemente de exigir al Estado chileno que cumpla con su responsabilidad.
Se escoge mantener la línea de movilización judicial como medio de presión para que se dicte una Ley de Indemnizaciones. Las demandas que se presentan para obtener indemnizaciones justas y adecuadas son la concreción de la vía judicial que hemos estado siguiendo. Se hace hincapié en las permanentes trabas que el CDE ha puesto a las demandas colectivas de las víctimas. Se explica que nuestro propósito es agotar las instancias jurisdiccionales nacionales para que, de producirse “denegación de justicia”, finalmente, sean las Cortes Internacionales quienes obliguen al Estado chileno a otorgarnos la indemnización justa y adecuada, correspondiente.
Se estableció la exigencia de Modificación sustantiva de la Ley 19.992: Se señaló que una reparación integral hace imperativo modificar los graves errores, falencias y omisiones de este cuerpo legal. Profundizando este punto, se reclama que se debe reparar a las víctimas por medio de indemnizaciones, y no solo mediante pensiones que no cumplen este fin.
Constituye un hecho gravísimo, además, que se haya establecido un verdadero encubrimiento oficial al decretar por 50 años el secreto sobre los antecedentes recogidos por la Comisión Valech y la información relativa a los nombres de los torturadores y los centros de detención en que actuaron.
Asimismo, se planteó que en el proyectado Instituto Nacional de Derechos Humanos se otorgue una representatividad relevante a las organizaciones de ex prisioneros políticos; y que es una inconsecuencia parcelar la investigación de la Verdad en plazos restringidos.
Se reafirmó la idea de que se legisle para un cambio del procedimiento de los juicios civiles que demandan la responsabilidad del Estado en el terreno que nos interesa, con el fin de evitar ceñirse a las normas del lato juicio de hacienda, y hacerlo en cambio bajo el procedimiento sumario, modificando para ello la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. La Justicia civil tiene procedimientos excesivamente engorrosos y que eternizan la espera de las víctimas que demandan reparación en graves violaciones a los derechos humanos esenciales. El objetivo es obtener mayor celeridad en la resolución de nuestras demandas. Se propone hacerles llegar nuestras propuestas a parlamentarios, haciéndoles ver el deber moral de legislar al respecto;
Prisión política y tortura: Se hace hincapié en hacer ver la prisión política y la tortura como elementos inseparables de una práctica represiva sistemática.
Se hace énfasis en la real dimensión que tuvo la prisión política en la persona de quienes la sufrieron, truncando proyectos de vida en el más amplio de sus sentidos, y dejando secuelas que no necesariamente son constatables mediante marcas físicas. De esta forma, no podemos sino asimilar la prisión política a una forma típica de tortura.
En el Cuarto Encuentro de Enero de 2007 celebrado en Panguipulli, provincia de Valdivia, reiteramos frente al Gobierno, la clase política y la ciudadanía, que no admite mayor espera una solución legislativa. Reclamar nuestro DERECHO no es una actitud meramente economicista, es una protesta fundada en la Justicia que se nos ha estado negando. Por eso, es necesario reaccionar con mayor fuerza, recordar que la Presidente Michelle Bachelet prometió que propiciaría todas las medidas de reencuentro y reparación que sean necesarias y que su gobierno seguiría apoyando a las víctimas y sus familiares. Concretamente, admitió que “si alguno de los programas de reparación presenta falencias o requiere perfeccionamientos, se mejorarán”.
Se estudió y aplaudió la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 21 de marzo de 2006. Dicha resolución de la ONU establece principios y directrices básicos para todos los Estados del Mundo referente al trato que deben recibir las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos en materia de acceso a una justicia rápida y eficaz para reclamar una reparación digna. En ella se establece claramente los diferentes rubros que comprende la reparación y en qué debe consistir y se explicitan concretamente los derechos a Restitución, Compensación, Indemnización, Rehabilitación, Garantías de No Repetición, etc. En mérito a ello se acordó preparar una propuesta de reforma procesal civil que favorezca a las víctimas y les permita acceso a un procedimiento rápido para hacer valer su derecho a una reparación completa, estableciendo categóricamente que el Estado no puede eximirse de reparar con el innoble pretexto de que ya ha transcurrido mucho tiempo desde que se cometieron los crímenes de lesa humanidad. Tales crímenes están fuera de toda prescripción que extinga la responsabilidad.
El objetivo del Quinto Encuentro, de enero de 2008 en Río Negro, fue precisamente reclamar y denunciar la postergación injustificada a las víctimas sobrevivientes de las prisiones de la dictadura. Denunciar, nacional e internacionalmente como se atropellan Tratados y Convenciones de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile. Estudiamos el modo de ampliar nuestras acciones de movilización en defensa de nuestros derechos. Desde el extranjero, esperábamos debía surgir también una solidaria presión internacional para que Chile respete sus compromisos en Derechos Humanos en orden a indemnizar en forma adecuada y justa a todas las victimas, como manda la Resolución 60/147 de la Asamblea de la ONU..
En Chile no debemos permanecer impávidos frente a cada nueva postergación de nuestras expectativas y derechos, sino denunciar cómo nuestro tema se ha ocultado deliberadamente, se nos ignora e incluso se afirma con desvergüenza por autoridades de Gobierno a los medios informativos que “Chile como ningún otro país ha reparado los perjuicios y los daños cometidos”. Estamos viendo sentencias de Cortes de Apelaciones que rechazan las demandas civiles interpuestas por familiares de las víctimas, aduciendo prescripción o acogiendo la excepción de incompetencia formulada por el Consejo de Defensa del Estado, en juicios que ya llevan más de 20 años de tramitación
Hay que activar nuestra presión nacional e internacionalmente para que se conozca el atropello a los derechos humanos que por omisión y negligencia han estado cometiendo los gobiernos post dictadura. La ley Valech fue fruto de un compromiso entre el presidente Lagos y el general Cheyre para cerrar el tema de la tortura con una reparación miserable a cambio del secreto del nombre de los torturadores por cincuenta años. En nuestro país gozan de plena impunidad los torturadores.
Nos declaramos en abierta crítica y cuestionamiento del modelo mezquino y discriminatorio de reparación.
En nuestro Sexto Encuentro en Villarrica de Enero de 2009, analizamos el modelo de reparación seguido por los gobiernos post- dictadura y elaboramos un voto político de rechazo a ese modelo injusto discriminatorio y excluyente, haciendo un emplazamiento a todos los órganos del estado a respetar el mandato constitucional (artículo 5º de la CP del E) que los obliga a cumplir los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en particular la Convención Internacional Contra la Tortura, que impone al Estado el deber de implementar el pago de una indemnización justa y adecuada como la reparación primordial y básica para todas las víctimas y sus familiares.
Hasta las últimas semanas solicitamos a la presidenta que mandara los proyectos de Derechos Humanos que requieren de iniciativa del Ejecutivo, ya que ella misma decía que gobernaría hasta el último día de su mandato. Quedo de manifiesto que no lo hizo, no estábamos en sus prioridades.
Las puertas de La Moneda permanecen aún cerradas para las decenas de miles de victimas de tortura. Las víctimas reclaman que los poderes del Estado no respetan las disposiciones de la Convención Internacional contra la Tortura. El modelo de reparación se basa en pensiones y nos niega el derecho a indemnización.
Desgraciadamente nuestras movilizaciones no tuvieron cobertura periodística aunque cumplimos la meta de superar los tres mil demandantes, sumadas todas nuestras demandas en tramitación. De estas entrevistas sólo podemos concluir que las gestiones políticas con estos personeros han sido poco alentadoras. No se logran compromisos. El enfoque del tema les resulta incómodo y actúan a la defensiva.
Al igual que en los encuentros anteriores, en el VII Encuentro Nacional realizado en Puerto Montt, de Febrero de 2010, se discutió y deliberó hasta tomar los acuerdos que fijaron y trazaron el camino a seguir, de esta misma forma se nos entregó la pauta de cómo y de qué forma, se debería ejecutar esta tarea con el objetivo de seguir avanzando en este difícil y tortuoso camino de lograr se nos haga justicia.
El año 2010 fue un año especialmente difícil. La concertación pierde el gobierno y se va, dejando deudas no saldadas con el pueblo de Chile y muy especialmente con las víctimas de atropellos a los derechos humanos.
En todo caso, como Directivos tratamos de cumplir con las tareas acordadas y encomendadas en el 7º encuentro. Nos dimos la tarea de motivar a los compañeros para incentivar la recolección de firmas, a reorganizarse y a trabajar por nuestros objetivos.
Siempre hemos pretendido acelerar el trámite en la lucha por proteger nuestros intereses y el futuro de nuestras familias. Bien sabemos, el tiempo actúa en contra nuestra.
Por cierto, se ha solicitado infructuosamente audiencia con el Presidente Piñera. Estamos ante una nueva coyuntura política. Sin Unidad estaríamos completamente perdidos, por eso tenemos que ponernos la camiseta de los derechos humanos. Estamos llamados a enfrentar el futuro con otra visión.
No tenemos medios masivos de comunicación, pero tenemos que mandar un mensaje de esperanza, dado que las pruebas o desafíos, cuanto más difíciles, constituyen una oportunidad. La estrategia ha de ser conversar con todos y exigir nuestros derechos. No olvidemos que fue muy decepcionante y doloroso recibir el portazo en las narices. Sin una justa y legítima reparación, sin justicia, la llaga es por culpa de quienes se decían nuestros “compañeros”.
Hemos sido señeros en mostrar el camino con principios de autonomía y sin hegemonismos o banderías. Agotaremos todos los esfuerzos para concretar una férrea unidad. Objetivos definidos señalaron nuestro Norte.
En la búsqueda de apoyo se sostuvieron reuniones con algunos Parlamentarios, lamentablemente no hemos encontrado el compromiso que es necesario para darle un impulso a nuestra causa.
En el 7º Encuentro nacional nos hemos comprometido a estar en movilización permanente y eso significa que los dirigentes de cada una de las localidades tienen la obligación de activar sus orgánicas, de motivar a sus bases, de hacer llegar la información que permanentemente estamos enviando.
En nuestras orgánicas locales es donde debemos ir forjando nuestros líderes, incorporando a nuestra descendencia quienes serán los que levanten nuestras banderas cuando nosotros ya no lo podamos hacer por razones de salud o porque simplemente ya no estaremos en este mundo. El tiempo pasa y “no sólo pasa” sino que se va quedando en nosotros quitándonos la fuerza y la energía, pero no debemos rendirnos. Y cuando perdamos la fuerza física, la fuerza moral seguirá viva y eso lo transmitiremos como un ejemplo a las nuevas generaciones, que no tienen la suerte de tener muchos ejemplos de temple y coraje.
En el Octavo Encuentro de Frutillar, en Febrero de 2011, se tomaron los acuerdos que determinaron y fijaron la ruta a seguir y las tareas que se deberían abordar en pos de lograr nuestros objetivos.
El año 2011 comienza con un hecho histórico para nuestra organización, el envío en enero de nuestra primera denuncia, por la demanda del año 2002, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hecho muy significativo que viene a coronar un largo caminar en el que el Estado de Chile se hace merecedor de esta denuncia internacional por denegación de justicia.
Enfrentamos el año 2011 con el entusiasmo y compromiso que siempre nos ha caracterizado, con la convicción de que nuestros ideales y propósitos cuentan con la fuerza de la razón; sin embargo no fue un año exento de dificultades. Por un lado los problemas que se presentan en la vía jurídica como consecuencia del vergonzoso actuar del Consejo de Defensa del Estado para evitar pagar por nuestras justas demandas. La lucha judicial es una acción en contra de la impunidad, exigiendo justicia; es una acción en defensa de los derechos humanos y no sólo se levanta la voz por las 3100 personas que participan. Es la defensa de todas las víctimas de atropellos a sus derechos humanos, de todas los mártires de delitos de lesa humanidad, ocurridos durante la dictadura militar en nuestro país y, por qué no decirlo, sentar un precedente para la humanidad: que torturar y asesinar por razones políticas no puede ser para ningún Estado… gratis.
Somos una organización de Derechos Humanos que tiene una importante tarea social y política en defensa de los derechos de las víctimas de la dictadura. Por lo tanto todos los que la suscribimos y decidimos participar en ella tenemos la obligación moral de apoyar esta causa de todas las formas y en todos los ámbitos; económicamente y manteniendo vivas las organizaciones en cada una de las localidades, reuniéndose e informando, educando a sus bases, y respondiendo cada vez que los directivos piden la colaboración y la contribución de las orgánicas y de sus bases.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara propusimos acuerdos de pedir al Presidente de la República que patrocine el proyecto de ley de indemnización que propone la UNExPP y legislar para que los juicios de reparación en violaciones de derechos humanos sean de trámite breve, como el juicio sumario, y que el Estado al ser demandado se abstenga de alegar prescripción.
Con los dirigentes de la Agrupación Histórica, con quienes constituimos el “Secretariado Nacional de ex Prisioneros Políticos y Familiares de Chile”, nos ocupamos de hacer un seguimiento del proyecto de “ley Bustos”, iniciativa aprobada en 2009 por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional.
Nos preocupaba que nada se supiera de su estado o trámite en el Senado, mientras tanto en la sala penal de la Corte Suprema imperaba la tesis de la “justicia con clemencia” para favorecer a feroces criminales con rebajas de condena.
Cumpliendo con acuerdo del Secretariado Nacional de Ex Prisioneros Políticos de Chile, el jueves 28 de Julio de 2011 fue presentada nuestra querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables, por la muerte violenta, provocada, que reviste caracteres de delito cometido en contra del Presidente de la República Salvador Allende Gossens. Comparecimos con el ánimo de cooperar al pleno esclarecimiento de los hechos y circunstancias que rodearon la muerte del Presidente de Chile, Dr. Salvador Allende. Nuestro deber ciudadano es cooperar con la acción de la Justicia. La UNExPP de Chile y el Secretariado Nacional, al impulsar esta querella, estamos asumiendo nuestra responsabilidad en la búsqueda de la Verdad y el establecimiento de la auténtica Memoria Histórica.
La segunda demanda, iniciada en 2005, culminó con otra sentencia negativa de la Corte Suprema, con cobro de costas judiciales en contra nuestra. Lo positivo es que ya hemos enviado a Washington nuestra segunda denuncia contra Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación de la Convención Americana y la Convención Interamericana de Prevención de la Tortura. Acusamos a Chile de valerse de disposiciones internas, como la prescripción, violatorias y opuestas a la normativa internacional, para negarnos el pago de la indemnización que demandamos. Que, además, Chile no ha ordenado investigación alguna para perseguir los crímenes de tortura que fueron conocidos por la Comisión Valech y el Gobierno en 2003 – 2004, se mantiene vigente el Decreto Ley de Amnistía y peor aún se declaró por ley 19.992 el secreto por 50 años de los antecedentes entregados por las víctimas, es decir el encubrimiento oficial de los crímenes de tortura. Solicitamos que esta segunda denuncia se acumule a la anterior que se presentó en febrero de 2011.
En el 9º Encuentro de los Ex Prisioneros Políticos de Chile de febrero de 2012 en Loncoche reiteramos un sincero y responsable llamado a la unidad de todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Reiteramos que “Los Ex Prisioneros Políticos y Torturados de la represión del dictador Pinochet tienen derecho a una indemnización justa y adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes. Chile ha omitido cumplir con esta obligación fundamental y está violando flagrantemente los derechos humanos en desmedro de los intereses de las víctimas y sus familiares. Ello es parte de la IMPUNIDAD”. Esta es la razón que nos mueve a seguir adelante, esperamos contar con el compromiso renovado y entusiasta de nuestras bases y de nuestros dirigentes. Debe quedar claro que si no luchamos por nuestros derechos… nadie lo hará por nosotros.
En Loncoche analizamos lo realizado, evaluamos y planificamos las tareas a realizar durante el año 2012. En esa ocasión después de revisar nuestro caminar pudimos sentirnos satisfechos de ver, a pesar de todas las dificultades que debemos enfrentar, el avance lento pero seguro que ha tenido nuestra lucha judicial, lo que nos llevó a reafirmar el camino elegido.
Con alegría, con entusiasmo, convencidos de tener la RAZÓN de nuestro lado inauguramos hoy un nuevo evento. Así como en Loncoche celebrábamos el triunfo parcial de nuestra 4ª Demanda, nuestro Décimo Encuentro Nacional nos encuentra, con otros avances significativos en nuestra lucha judicial. Contamos con tres demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de 758 compañeros las que han sido acumuladas, lo que representa un gran avance ya que significa ganar tiempo con respecto de las dos últimas denuncias enviadas.
Hoy cuando enfrentamos nuestro Décimo Primer encuentro, podemos mostrar avances importantes en fallos judiciales de la quinta Demanda y de la demanda de los compañeros detenidos en la Isla Dawson, incluidos por cierto en el informe jurídico.
También debemos celebrar, los avances que hemos podido hacer en cuanto a ampliar nuestras relaciones con otras importantes Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos tales como REDRESS, con la cual hemos asumido el compromiso de apoyarnos mutuamente en la defensa de las víctimas sobrevivientes de la tortura. Esto refleja un nuevo posicionamiento en el ámbito internacional.
Todo este avance se da como producto de la confianza y el convencimiento que nos da la certeza de nuestros argumentos y postulados. En el ámbito político hemos seguido trabajando en pos de lograr que se haga una nueva ley de reparación que corrija en forma definitiva las falencias de la Ley 19.992.
Queridos compañeros, hoy nos encontramos frente a un contexto histórico importante, pierde la elección la derecha y gana la Candidata de la Nueva Mayoría, el compromiso de Michelle Bachelet está definido en el capítulo de Derechos Humanos. Allí declara “hacerse cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos del pasado”. Hemos podido establecer que es un muy buen programa de derechos humanos, si es que verdaderamente es acompañado de convicción e intención real de llevarlo acabo. Es aquí donde tenemos nosotros la palabra, debemos presionar para que este programa se cumpla, tenemos “20 años de razones para dudar”.
De ahí que es cada día más urgente trabajar todos juntos CON CLARIDAD para que nuestros derechos sean reconocidos y garantizados en la legislación, como manda entre otras la Convención contra la Tortura. Más que nunca se requiere de una real UNIDAD de todas las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas, constituyendo un frente común para enfrentar las iniquidades e inconsecuencias. En materia de reparación será indispensable que todos los sectores perjudicados exijamos que la ley chilena establezca la imprescriptibilidad de las acciones judiciales por crímenes de guerra o de lesa humanidad y se facilite a toda víctima o sus familiares acceso una justicia rápida y eficaz para obtener una real e idónea reparación.
Consideramos que la movilización es una herramienta central para lograr nuestros objetivos. Por lo tanto es de suma importancia que las organizaciones tomen en cuenta los siguientes aspectos: Fortalecer cada una de las Organizaciones existentes dentro y fuera del País a través de la comunicación e información permanente, creando equipos de trabajo dentro de cada una de las orgánicas de acuerdo a las áreas definidas en éste y otros encuentros. Crear organización en todos aquellos lugares donde no existen aún e invitar a todos los compañeros EXPP a incorporarse a nuestra lucha.
En el cumplimiento de las tareas con respecto a nuestras organizaciones de base, informo que durante este año hemos realizado reuniones con diversas organizaciones de base tales como, Río Negro, Puerto Montt, Loncoche, Los Lagos, Panguipulli y Neltume.
Estimados compañeros, como ustedes pueden apreciar el camino que hemos recorrido durante todos estos años, ha sido largo y tortuoso, hemos tenido que enfrentar al Consejo de Defensa del Estado con toda su maquinaria de poder; hemos tenido que en muchas ocasiones, enfrentar la desconfianza y la desidia inclusive de nuestros pares, sin embargo esto no ha significado para nosotros bajar los brazos, al contrario hemos asumido esta tarea con decisión, con entereza, con DIGNIDAD. No estamos dispuestos a aceptar dádivas ni limosnas sino que seguiremos exigiendo nuestro derecho, “no pedimos un poco de plata para quedarnos callados, sino que exigimos aquello que la humanidad ha establecido como obligación de los estados que han violado en forma sistemática los DD.HH”. Por esta razón los insto a seguir adelante, así como dijera nuestro querido Presidente Salvador Allende “La historia es nuestra, la hacen los pueblos”.
Hasta la victoria siempre!!!
Nelly Cárcamo Vargas
Tomé, febrero de 2014