Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014-2018. CAPITULO DERECHOS HUMANOS

MICHELLE DERECHOS HUMANOS Chile de todos.
DERECHOS HUMANOS
Los Derechos Humanos deben ser el fundamento principal y eje articulador del accionar del Estado, tanto del Gobierno, de los poderes e instituciones del Estado y en especial de la actividad legislativa y las políticas públicas que se adopten. A su vez, los derechos humanos deben ser la base normativa mínima de una sociedad democrática, que permita la convivencia nacional en torno a principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia.

Adoptaremos todas las medidas necesarias para la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos resguardando y mejorando la institucionalidad ya alcanzada. Impulsaremos una nueva normativa que aplique los principios y tratados internacionales.
Asimismo se debe continuar con la exigencia de verdad, justicia y reparación en relación a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en dictadura, adecuando la normativa y los medios necesarios para tal objetivo. Al mismo tiempo, se deben desarrollar planes de educación y memoria histórica tendientes a desterrar definitivamente la posibilidad de que tan graves atentados a la vida y dignidad humana se repitan y a fomentar una cultura de la paz y la tolerancia.
El avance de la sociedad democrática y el empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas presentan nuevos desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos. La ciudadanía exige el término de los abusos y la satisfacción de necesidades individuales y sociales, reclamando equidad, calidad y derechos en materia de salud, vivienda digna, empleo, seguridad pública, educación, medio ambiente sano, el derecho al trabajo, a negociación colectiva, entre otros.
El Gobierno, en lo que le corresponde, debiera hacerse cargo de estas expresiones y exigencias, las que se deben abordar con una genuina visión de derechos humanos, con los deberes y obligaciones correspondientes, promoviendo el reconocimiento legal o constitucional en su caso.
Por tanto, enfrentamos desafíos no sólo en cuanto a las violaciones que se cometieron bajo la dictadura, sino también en cuanto a garantías para aquellos derechos surgidos en democracia.
Durante el Gobierno, adoptaremos una Política de Estado Explícita e Integral en Derechos Humanos, que contemple, a lo menos, los siguientes cuatro ejes: promoción y garantía de la vigencia integral de todos los derechos humanos; una institucionalidad adecuada para el diseño y monitoreo de esa Política de Estado; políticas públicas concebidas con “enfoque de derechos”; verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura, a sus familiares y a la sociedad toda.
Reconoceremos con el máximo valor en la Constitución, los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y, en especial, incorporaremos una norma que establezca que, en toda interpretación constitucional o legal, deben primar dichos tratados o convenciones. Estableceremos en forma expresa en la carta fundamental que los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, son delitos imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido y no susceptibles de amnistía, ni indulto general o particular.
Impulsaremos medidas legislativas y administrativas que impidan la impunidad en materia de DDHH, tales como impedir toda aplicación en los juicios sobre Crímenes de Lesa Humanidad del D.L. N°2.191, de Amnistía de 1978, y de las normas que regulan la prescripción en materia de delitos comunes o de la prescripción en materia de responsabilidades civiles.
Crearemos un sistema único de información relativa al estado y resultados de los procesos judiciales sobre Crímenes de Lesa Humanidad. Apoyaremos el mantenimiento de las instituciones de la sociedad civil de defensa y promoción de los derechos de las víctimas de los Crímenes de la Dictadura, especialmente de las que poseen una trayectoria histórica y simbólica en la materia.
Solicitaremos la designación de Jueces de dedicación exclusiva para los juicios por las graves violaciones a los derechos humanos y asignaremos recursos especiales al Poder Judicial para estos efectos. Fortaleceremos el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los departamentos de derechos humanos del Servicio Médico legal y la Policía de Investigaciones, a través de la designación de recursos humanos, tecnológicos y materiales.
Debemos fortalecer la institucionalidad existente. Esta hoy considera al Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Pero no resulta suficiente. Crearemos la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con dotación de recursos humanos y presupuestarios que permitan el trabajo de coordinación y ejecución en materia de derechos humanos.
Ampliaremos la presencia del INDH a nivel de regiones en forma gradual. Impulsaremos la creación de la Defensoría del Pueblo u Ombudsman.
Reformaremos la justicia militar, limitándola a sujetos militares, bienes jurídicos militares y en recintos militares. Reformaremos la Ley 18.314 para adecuarla a estándares internacionales en relación al derecho a un juicio justo.
Diseñaremos un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, para todos los niveles educacionales, que sea participativo y de formación integral.
Incentivaremos la investigación académica en temas de derechos humanos y memoria histórica. Promoveremos el desarrollo de materiales y estrategias didácticas en la enseñanza de los derechos humanos e incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones como herramienta de formación en los temas de los derechos humanos.
Fortaleceremos la educación de derechos humanos en todas las escuelas matrices y/o academias de las FF.AA., Carabineros y Policía de Investigaciones, elaborando una propuesta de actualización curricular que incorpore la formación en temas de derechos humanos desde su aspecto teórico y normativo, así como formación en los protocolos de actuación.
Promoveremos la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, de 1968 y ratificaremos el conjunto de tratados de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y OEA pendientes.
Adicionalmente, estableceremos legalmente las medidas destinadas a asegurar el cumplimiento y respeto en el país de las decisiones jurisdiccionales internacionales en materia de Derechos Humanos.
Adoptaremos medidas, legislativas si fueren necesarias, para reconocer el derecho de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares, a obtener reparaciones civiles de los victimarios y, en su caso, del Estado. Revisaremos las actuales leyes reparatorias. Asignaremos a una entidad estatal permanente que se haga cargo del reconocimiento, acogida, asistencia jurídica, social y de reparación para las víctimas de Crímenes de la Dictadura.
Desarrollaremos un programa sistemático y nacional de recuperación y conservación de testimonios de la memoria histórica de violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Desarrollaremos una política de recuperación de todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos, velando por su mantención básica y permanente. Desarrollaremos una estrategia específica para vincular a los sitios de memoria histórica con las nuevas generaciones.
Revisaremos lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los Derechos Humanos que tienen un periodo de 50 años para poder ser conocidos y revisados.
Adicionalmente, desarrollaremos una iniciativa legal para regular el derecho a reunión y revisaremos los reglamentos, protocolos y práctica de las Fuerzas Policiales para su adecuación a estándares internacionales.
La complejidad del mundo actual se plasma en el avance, reconocimiento y protección de nuevos derechos humanos. Los derechos de niños/as y adolescentes, sexuales y reproductivos, los derechos de los pueblos indígenas y los de la tercera edad, entre otros, constituyen un desafío y una prioridad para nuestro país en tanto buscan asegurar que aquellas personas que se encuentran en desventaja social en el acceso y goce de derechos, lo hagan en condiciones de igualdad y no discriminación.
En definitiva, adoptaremos un sistema integral de promoción y protección de los derechos humanos, que junto con hacerse cargo de las deudas aún pendientes con las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos del pasado, también fortalezca la garantía y respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.