DOCUMENTOS SOBRE CALIFICACIONES EXONERADOS Y EX-PPS

ATENCION: MUY IMPORTANTE

Invitamos a los lectores de nuestra página a hacer click en el link que incluimos. Hemos lanzado una campaña internacional de recolección de firmas, con tal de presionar al gobierno de Bachelet, para que de una vez por todas, y antes de termine su período presidencial solucione definitivamente el problema pendiente de las indemnizaciones a los ex prisioneros políticos. http://www.propuestaddhh.com/

Osorno, 25 de febrero de 2008

Estimados compañeros:

Les adjunto dos documentos. En el de Garay al final se encontrarán con una respuesta de María Luisa Sepulveda que se repitió cada vez que trató casos dudosos. (Lo mismo me respondió cuando protesté por la calificación de los hermanos Rigoberto (ex diputado y delator confirmado) y Belarmino Cossio.

Con esto se demuestra que en el reconocimiento de la Comisión de la Valech fueron acogidos “moros y cristianos”; exactamente como ocurrió con los exonerados

Es decir, el trabajo de las distintas comisiones del gobierno, no fue correcto, lo que condujo a que se le ha quitado el peso a los hechos históricos.

En el segundo documento podrán ver la opinión de Don Jaime, que fuera Jefe de la Oficina Nacional del Retorno, responsable de la desaparición de los fondos del retorno aportados por el gobierno alemán; responsable del abuso o tráfico de vehículos de los falsos retornados que se aprovecharon de los beneficios.

Así nos podremos dar cuenta como estos caballeros salen del país a predicar falsas expectativas.

Si metieron las manos en Chile, ¡cómo será en los Organismos Internacionales.

Mario Gonzalez Cea (Osorno)

Coyunturapolitica.

Manuel Luis Rodríguez U. en 3 Diciembre 2008

Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, figura inscrito en el Informe Valech con el número 9.481. Se trata de uno de los 27.255 casos acogidos por la Comisión creada por Ricardo Lagos para determinar quiénes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura.

Su caso, sin embargo, tiene una peculiaridad: entre 1974 y 1975 integró un grupo similar al Comando Conjunto, que operó en la Base Naval de Talcahuano y -según consta en diversos testimonios judiciales- participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido por ex prisioneros de la base naval como uno de sus torturadores.

La historia parte en los primeros meses de 1974, el día en que Garay flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura. Ese día, el joven detective se convirtió en agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región. Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos, según ex presos que lo recuerdan.

“Él fue uno de mis torturadores”

El siquiatra Luis Peebles es uno de ellos. Peebles era secretario general del MIR en Concepción y fue detenido y llevado a la Base Naval en diciembre de 1974. “Él fue uno de mis torturadores directos”, dice Peebles, sobre Garay y recuerda que al principio de su detención “no sabía quién era”.

“Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo ví”, agrega el psiquiatra, aludiendo a que Garay era uno más de los integrantes del grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D’Arcangelis; los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic).

Luego de su período de detención en la Base Naval, Peebles fue enviado a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi y Tres y Cuatro Álamos. Fue expulsado del país en julio de 1975 y se exilió en Bélgica. Tres décadas después, el 21 de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. Dice que no lo reconoció hasta que empezó a hablar.

El encuentro ocurrió en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución de escena del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, también reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: Hugo González, José Cáceres, Víctor Donoso, Osvaldo Harnisch y Conrado Sesnic.

En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por efectivos de la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato, en febrero de 1975, de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del Golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay, quien participó en la reconstitución de escena en calidad de testigo.

La versión que dio a la Comisión Valech

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y pasó a retiro en septiembre de 1986.

Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del agente represivo que evocan los ex presos de la Base Naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina.

Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.

Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los “Valech”: una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada por el Informe Valech, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros de Pinochet.

Renato Czischke y Roberto Arriagada, dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción, cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él no fue apresado el 11 de septiembre y que nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Lo dicen porque ellos estaban en la prefectura el día del Golpe de Estado, siendo apresados y llevados a la Isla.

Según el relato de Czischke, en la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla.

“En la época, Garay no estaba en la prefectura. Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría,” asegura Czischke. El relato de Arriagada, quien alcanzó a estar tres días en la Isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, es similar: nunca vio a Garay en el lugar.

“¿Podría haber otros más?”

La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año 2006 para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. “Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción”, dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975.

“Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?”, se pregunta Zott.

Imposible saberlo, explicó la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda, en una entrevista realizada en 2007 sobre este tema.

Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda dijo que desconocía qué documentos presentó Garay al Informe Valech y descartó que su caso ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003.

“No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención”, explicó y aseguró que “los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el Informe”.

Sepúlveda detalló que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales.

De todas formas, se manifestó abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. “El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas”.

Pascale Bonnefoy Miralles

Una respuesta para “¿Quién es Arturo Garay González?”

1. Jeannette Antonin escribió

3 Diciembre 2008 a 21:26

Yo soy ex presa política. Me parece una aberración mayor que haya casos como estos: que los que fueron torturadores y carceleros, se encuentren haciendo uso de un beneficio otorgado para las victimas de violaciones a sus derechos humanos y que sufrieron prisión política y tortura. Así como hemos solicitado que se habrá el programa a quienes no pudieron en su momento, o no se decidieron a entregar su testimonio para formar parte del Informe Valech, debe establecerse una comisión para revisar si hay más casos como el denunciado. Igual cosa debe acontecer con muchos personajes del régimen militar de Pinochet que aparecen como exonerados políticos. Amén de esto, el gobierno o los gobiernos de la Concertación tendrán que asumir su propia responsabilidad. A los que realmente somos victimas se nos ha negado hasta ahora, tener verdaderos y legítimos derechos de una reparación digna y justa, y en cambio se nos ha dado sólo migajas o reparaciones simbólicas sin que nuestros hijos y nietos puedan percibir los beneficios que hoy podríamos tener como es el caso de becas educacionales. Eso sin contar con que al morir, la pensión Valech muere con nosotros. Fueron agentes del Estado chileno los que detuvieron, torturaron y mataron y las victimas de estos atropellos merecen del Estado la justa reparación de por vida, para ellos y sus descendientes. Es parte de la lección del NUNCA MAS.

Lanacion.cl Opinión Miércoles 25 de febrero de 2009

Por Jaime Esponda Fernández
A 10 años de la “Memoria del Silencio”

El rol de la ONU en la creación y gestión de la CEH obedeció a que, desde sus inicios, Naciones Unidas se involucró en el proceso, como moderadora de las conversaciones y mediante su Misión en Guatemala fue verificadora de los acuerdos.

Hoy, 25 de febrero, se cumplen diez años desde que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) emitió su informe final, titulado «Memoria del Silencio», referido al enfrentamiento armado interno sufrido por ese país entre 1962 y 1996, que deparó un total estimado de 200 mil víctimas fatales, de las cuales más de 80% pertenecían a los pueblos originarios.

Tal como ocurrió en otros países de la región, el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en el curso de las tratativas de paz que culminaron en 1996 con el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, recogieron, aunque a regañadientes, el clamor de la sociedad civil y la comunidad internacional de «conocer y hacer pública la verdad», como requisito indispensable para lograr la reconciliación del país. El objetivo principal asignado a la CEH fue investigar los hechos acaecidos en la guerra fratricida, a fin de ofrecer «elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido ( ) abarcando todos los factores, internos y externos» y, también, formular recomendaciones encaminadas a favorecer la paz y la concordia nacional.

El rol protagónico de la ONU en la creación y gestión de la CEH obedeció a que, desde sus inicios, Naciones Unidas se involucró en el proceso de paz, como moderadora de las conversaciones entre las partes y mediante su Misión en Guatemala (Minugua) fue verificadora de sucesivos acuerdos. El secretario general nombró como comisionado coordinador de la CEH a Christian Tomuschat, que a su vez designó a los dos comisionados de nacionalidad guatemalteca: Alfredo Balsells y Otilia Lux. Fue la ONU la que, mediando la cooperación internacional, sostuvo el funcionamiento y la gestión financiera de la CEH y de todo su personal de apoyo, bajo la responsabilidad de Fernando Castañón.

Para todas las personas que asistieron, hace una década, al Teatro Nacional es inolvidable el momento en que Christian Tomuschat, al entregar del informe final, leyó el siguiente párrafo: «Agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya», es decir, realizados «con la intención de destruir total o parcialmente a dichos grupos». Ésta fue, sin duda, la conclusión más impactante del informe, basada en una investigación que estableció que «en varias regiones del país, el Ejército identificó a los mayas como grupo afín a la guerrilla», fuertemente influido por prejuicios racistas evidenciados en la circunstancia de que «el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a un determinado grupo étnico». Dicha identificación se tradujo en «el exterminio masivo de comunidades mayas inermes», incluidos niños, mujeres y ancianos, «aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado». Se trata de las 626 masacres atribuidas por la CEH al Ejército de Guatemala.

En general, la comisión documentó violaciones de derechos humanos que afectaron a un total de 42 mil 275 víctimas. De éstas 23 mil 671 corresponden a ejecuciones arbitrarias y 6 mil 159 a casos de desaparición forzada a manos del Ejército. En cuanto corresponde a la guerrilla, el informe consignó que le fue atribuible 3% de las violaciones, destacando 32 masacres, entre cuyas víctimas también aparecen mujeres y niños, ejecuciones arbitrarias y reclutamiento forzado de menores. Sobre la base de sus conclusiones y de acuerdo con su mandato, la CEH presentó recomendaciones al Gobierno. En relación con la persecución de las responsabilidades penales derivadas de las violaciones de derechos humanos y actos de genocidio, si bien tales conclusiones y recomendaciones no revisten carácter vinculante -lo cual ha sido hasta hoy motivo de crítica por personas ligadas a la defensa de los derechos humanos- la comisión fue muy clara en señalar al Estado su obligación de hacer efectivas dichas responsabilidades, «persiguiendo, enjuiciando y castigando» los crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado, en particular, «los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala».

Respecto de las medidas de reparación a las víctimas y a sus familiares, la comisión recomendó al Gobierno poner en marcha un programa que comprendiese «medidas individuales y colectivas inspiradas en principios de equidad, participación social y respeto de la identidad cultural», entre las cuales, desde luego, se prioriza el resarcimiento material, mediante indemnizaciones y, específicamente, la restitución de tierras a los indígenas, sin perjuicio de las correspondientes medidas de rehabilitación y reparación sicosocial, moral y simbólica. Interesante fue la recomendación de que el Estado costease estas medidas, «poniendo en marcha la reforma tributaria globalmente progresiva y establecida en los Acuerdos de Paz» y mediante «una reorientación de los gastos de inversión social y la disminución de los gastos militares».

Trascendiendo las derivaciones directas de los casos particulares, el informe postula la «primacía del poder civil» sobre el militar y, en consecuencia, recomienda introducir profundas reformas de inspiración democrática a la legislación y a la doctrina militar, de acuerdo con «criterios jurídicos, morales y doctrinales acordes con la Constitución de la República y las reformas de la misma derivadas del cumplimiento de los Acuerdos de Paz». En seguida, abordando «una de las causas históricas del enfrentamiento armado», se aborda también el fenómeno del racismo y la exclusión de los pueblos indígenas, para cuya superación la Comisión insta a que se cumpla en su integridad el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que, en 1999, ya había enterado cuatro años de vigencia. Por último, haciendo tácita referencia a otra de las causas del enfrentamiento armado, la CEH recomendó al Gobierno realizar «con urgencia una reforma fiscal justa, equitativa y globalmente progresiva» que, por lo demás, estaba ya contemplada en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que las partes suscribieron el 6 de mayo de 1996.

* Abogado chileno, ex director de Investigaciones de la CEH y ex jefe del Área Derechos Humanos de la Misión de la ONU en Guatemala