DECLARACIÓN PÚBLICA
Voto político aprobado en el 6º Encuentro de Ex Prisioneros Políticos de Chile, en Villarrica del 23 al 25 de enero de 2009.
Denunciamos ante la opinión pública que el modelo de Reparación a las víctimas muestra tales imperfecciones, que en pocas palabras cabe decir que es absolutamente desechable por inapropiado y altamente injusto. El deficiente modelo de reparaciones elegido es responsabilidad de los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; pero, de ello debe hacerse cargo toda la clase política, sin excepciones. Se ha producido un grave problema de país que se oculta a la opinión pública nacional e internacional.
Denunciamos que el modelo ha generado un repudiable esquema con enormes desigualdades en el trato y en los resultados. Un sistema elitista y de parias. Gráficamente, observamos que ha creado una escala de víctimas entre primera y séptima clase. Los de primera, segunda y tercera clase son aquellos casos en que familiares de Detenidos Desaparecidos o Ejecutados Políticos han obtenido “indemnizaciones”, ya sea de (1ª) más de un millón de dólares; de (2ª) entre medio millón y un millón de dólares o de (3ª) menos de medio millón de dólares. Pasan a ser, en este esquema, víctimas de cuarta clase aquellos familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos que no acceden a indemnización y deben resignarse a percibir sólo los beneficios que les otorgan las leyes 19.123 y 19.980. Son de quinta clase, los prisioneros políticos y torturados reconocidos en la Comisión Valech y que perciben los escuálidos beneficios que otorga la ley 19.992. Resultan de sexta clase, aquellos que únicamente han sido favorecidos con una modesta suma por la Fundación Allende de España. En séptima clase quedan aquellas víctimas excluidas del sistema como los familiares de los ex prisioneros fallecidos, reparación simbólica, y todos aquellos que no han podido siquiera acreditarse, al no abrirse “permanentemente” las comisiones calificadoras o de reconocimiento de víctimas.
POR TANTO,
Hacemos un llamado a la actual Presidenta de la República a aprovechar el último año de su mandato para sentar unas bases firmes que permitan a las generaciones venideras seguir encarando el pasado y garantizando el respeto por los derechos humanos en el futuro, como le planteó Amnesty International en su Memorándum. La conducta del Estado por omisión de normas internacionales se ha expresado en negación de sus derechos a las víctimas. El país ha promovido la elaboración de principios jurídicos internacionales relativos a los remedios y a las reparaciones para las víctimas de violaciones graves de derechos humanos reconocidos internacionalmente (Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU, 21.03.2006); es un claro ejemplo de incoherencia entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su nula aplicación en el ámbito nacional. Resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y rinda cuentas ante la ciudadanía de sus compromisos con los derechos humanos. El mero reconocimiento público de las violaciones cometidas en el pasado es insuficiente si no va acompañado de un esfuerzo concentrado por poner fin a la impunidad que hoy sigue vigente, por proporcionar la justicia debida a las víctimas y por emprender reformas procesales y políticas que sienten las bases para garantizar que no se volverán a cometer violaciones similares en el futuro. Para ello es necesario que la Presidenta Bachelet rectifique radicalmente el modelo de reparación a todas las víctimas en que se cumpla con el mandato de garantizar en la ley el derecho a indemnización justa y adecuada que corresponde a las víctimas (Art. 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes)
Emplazamos a los órganos del Estado a cumplir con el deber que les impone el inc. 2º del Art. 5º de la Constitución Política del Estado, esto es, respetar y promover los derechos humanos garantizados por la Constitución así como los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, como es el caso de la citada Convención contra la Tortura. Les instamos a interesarse y respaldar las propuestas legales de la UNExPP de Chile: reforma procesal que crea el juicio especial de reparación en derechos humanos y ley de indemnización para víctimas de prisión política y tortura
Emplazamos a los dirigentes de todos los partidos políticos y particularmente a cada uno de los candidatos presidenciales a expresar en su programa de gobierno el compromiso con los derechos humanos y, en especial, a cumplir con las reparaciones a las víctimas de la dictadura. Los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de víctimas estaremos atentos y expectantes a sus propuestas. El desencanto y frustración pueden ser muy malos consejeros al momento de emitir nuestros votos, que pueden ser realmente decisivos.
Con toda seriedad les instamos a dar prueba de su compromiso de respetar plenamente y sin demora las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deben demostrar su compromiso de respetar todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes y que están firmemente arraigados en el derecho internacional, Chile debe ratificar y aplicar los principales tratados internacionales y regionales de derechos humanos. Si no emprenden estas acciones, las promesas políticas de respeto por los derechos de los habitantes de Chile serán promesas vacías.
La ratificación y la implementación de estos tratados, como por ejemplo crear una institución de derechos humanos autónoma conforme con los Principios de París, son el medio de que dispone el Estado para romper nítidamente con sus nefastas acciones del pasado, al mismo tiempo, reconocer que no ha dado respuesta al sufrimiento de numerosas víctimas y para demostrar su actual y futuro compromiso de resarcir tales daños. De este modo, Chile podrá contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar estas prácticas en el futuro.
UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE
Miriam Díaz Tejeda Nelly Cárcamo Vargas Víctor Rosas Vergara Mario González Esparza
Tesorera Presidente Vicepresidente Secretario
Juan S. Sandoval Torres Eduardo Riquelme Rodríguez Julio Gómez Celis
Director Director Director
Voto político aprobado en el 6º Encuentro de Ex Prisioneros Políticos de Chile, en Villarrica del 23 al 25 de enero de 2009.