La ceguera de las complacidas autoridades lleva a que se auto convenzan de que Chile ha cumplido con las víctimas….lo que está absolutamente alejado de la amarga realidad que experimentan los ex prisioneros políticos y su familia.
Nuestras demandas civiles, a más de un medio de presión, son testimonio patente del descontento frente al modelo incompleto de reparación, pero pone en evidencia la maliciosa lentitud de la justicia civil y la perversa inmoralidad con que actúa el Fisco representado por el Consejo de Defensa del Estado, poniendo reparos a la forma colectiva de nuestras demandas y luego usar la viciada alegación de prescripción para eximir al Estado de responder por sus actos lesivos para la humanidad toda.
El nuevo trauma que experimentamos al recurrir a nuestros tribunales nacionales pone de manifiesto la urgencia de crear el juicio especial de reparación en Derechos humanos, de acuerdo a los principios y directrices básicos establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 60/147 de marzo de 2006. Como proponemos: juicio sumario y sin que el Estado pueda alegar prescripción ante crímenes de lesa humanidad.
Es bueno que tengamos siempre presente y recordemo0s nuestro voto político aprobado en el último Encuentro Nacional de Villarrica.
Allí denunciamos ante la opinión pública el modelo de reparación insuficiente seguido por los gobiernos post dictadura y avalado por toda la clase política. Que dicho modelo fomenta la desigualdad al crear víctimas de primera a séptima clase.
Explicamos que mientras no se cumpla con la obligación del Estado de garantizar en la ley chilena a las víctimas de tortura «el derecho a una indemnización justa y adecuada» (como manda el art. 14 de la Convención Internacional contra la Tortura), nuestro país seguirá violando por omisión sus deberes constitucionales.
De ello son responsables todos los órganos del Estado, tanto Ejecutivo, como Legislativo y Judicial.
La ceguera de las complacidas autoridades lleva a que se auto convenzan de que Chile ha cumplido con las víctimas….lo que está absolutamente alejado de la amarga realidad que experimentan los ex prisioneros políticos y su familia.
Luego de largos y penosos años de espera y lucha infructuosa, muy tardíamente, viene el mea culpa del ex presidente Lagos en su mensaje al país en agosto de 2003 («No hay mañana sin ayer»). Las esperanzas fueron frustradas, pues la mezquindad y desprecio caracterizan su política miserable y tardía de reparación; que el propio Lagos definió como «austera y simbólica».
La ley 19.992 es una burla trágica, que entrega un mero paliativo para algunos de los más abandonados compañeros sobrevivientes, puesto que esa pensión «reparatoria» no es para todos tampoco ya que discrimina a los que junto con perder su libertad al mismo tiempo perdieron su trabajo (exonerados políticos) y los ha forzado a renunciar a una de las dos míseras pensiones. Para enmascarar la vergüenza del monto de la pensión reparatoria se presenta engañosamente en la ley con la cifra anual.
Hasta hoy, las empobrecidas viudas de los compañeros fallecidos han sido privadas de ese mínimo beneficio, que ahora se pretende empezar a pagar el 2010 sin efecto retroactivo y recortado en un cuarenta por ciento.
A cambio de esas migajas se «encubrió oficialmente» a los victimarios al imponer el secreto más estricto a los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, para impedir el desfile ante la Justicia de los miles de torturadores uniformados. El Estado obstaculizó en vez de impulsar la acción de Tribunales.
Ante este desolador panorama se requiere intensificar los esfuerzos por hacer claridad (empezando por las propias víctimas), avanzar con decisión hacia mayores niveles de unidad con definición de objetivos precisos.
Dado que la política estatal fomenta la impunidad, con más razón necesitamos exigir la indemnización que se nos adeuda por el Estado. Así, teniendo recursos propios los ex prisioneros y familiares podremos financiar los costos de promover querellas criminales contra nuestros verdugos.
Nuestras demandas civiles, a más de un medio de presión, son testimonio patente del descontento frente al modelo incompleto de reparación, pero pone en evidencia la maliciosa lentitud de la justicia civil y la perversa inmoralidad con que actúa el Fisco representado por el Consejo de Defensa del Estado, poniendo reparos a la forma colectiva de nuestras demandas y luego usar la viciada alegación de prescripción para eximir al Estado de responder por sus actos lesivos para la humanidad toda.
El nuevo trauma que experimentamos al recurrir a nuestros tribunales nacionales pone de manifiesto la urgencia de crear el juicio especial de reparación en Derechos humanos, de acuerdo a los principios y directrices básicos establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 60/147 de marzo de 2006. Como proponemos: juicio sumario y sin que el Estado pueda alegar prescripción ante crímenes de lesa humanidad.
Nuestra propuesta exige que nos movilicemos para mostrar la adhesión ciudadana a estos postulados de una justicia ágil y rápida, accesible a las víctimas y familiares.
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP de Chile
“UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE”