Los ex Prisioneros Políticos llamamos al Gobierno a cumplir con su compromiso en este periodo legislativo, independientemente de si se tramita el Veto presidencial o no. Nos parece evidente el riesgo de que, la burocracia del cogobierno en el Congreso, postergue de modo interminable la solución a estas reivindicaciones tan sentidas por miles de sobrevivientes del terrorismo de estado y sus familias.
DECLARACIÓN PÚBLICA
El martes 8 de septiembre el Senado de la República de Chile ratificó, de forma unánime, la aprobación del proyecto de ley que crea un Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile.
El proyecto aprobado mantiene también los 50 años de Impunidad y adiciona la homologación de víctimas con victimarios. La entidad creada es absolutamente dependiente del Estado, no cumple con los principios de Paris y no tiene capacidad real de cumplir con los objetivos para los que fue creado, este Instituto es una verdadera vergüenza para el país y constituye una burla para las víctimas de los Derechos Humanos. El Senado ha ratificado también su condición de herramienta al servicio de la oligarquía, de la impunidad, de la represión y de la injusticia.
El Secretariado Nacional de ex Presas y Presos Políticos de Chile y Familiares reitera su rechazo a un órgano que no podrá promover ni proteger los Derechos Humanos del único que los puede violar: el propio Estado.
La promesa de un veto presidencial aditivo, voladero de luces empleado por el Gobierno para neutralizar y dividir el movimiento de Derechos Humanos y aprobar su Instituto, es todavía sólo eso, una promesa. Por lo demás, la necesidad de elaborar este veto Presidencial revela dos cosas: que el propio INDH aprobado en el Parlamento es incapaz de cumplir un rol eficaz en materia de DD HH y que la reparación austera y simbólica otorgada por la administración Lagos fue absolutamente insuficiente.
El Secretariado Nacional espera que esta vez el gobierno SÍ cumpla su promesa para asegurar de forma permanente la atención PRAIS a todos los beneficiarios, para calificar a los menores que sufrieron prisión y tortura y para mejorar, aunque sea en un mínimo, la pensión a las viudas, y por qué no con efecto retroactivo. Además, efectivamente la ampliación del concepto de DD HH a todas las consideraciones contenidas en los tratados internacionales – incluidos los que Chile aún no ha ratificado – cubriría con un velo púdico las falencias estructurales de este Instituto. El Gobierno tiene 30 días, a contar de la aprobación en el Senado, para presentar dicho veto.
El Gobierno, -a través de su vocero oficial el Comando Unitario- ya anunció que ni en las Normas Transitorias del INDH ni en el Veto presidencial están contempladas las principales reivindicaciones de los ex PP, que son:
· el término de los 50 años de secreto sobre la identidad de los torturadores,
· la indemnización “justa y adecuada”,
· el aumento sustancial de la pensión que es inferior al sueldo mínimo y
· la compatibilidad de las pensiones de exonerados con las de ex prisioneros políticos.
El camino para resolver estos temas lo definió la misma Presidenta de la República al anunciar el envío al Parlamento de un proyecto de ley con los puntos que no se resolvieran con la aprobación del Instituto.
Los ex Prisioneros Políticos llamamos al Gobierno a cumplir con su compromiso en este periodo legislativo, independientemente de si se tramita el Veto presidencial o no. Nos parece evidente el riesgo de que, la burocracia del cogobierno en el Congreso, postergue de modo interminable la solución a estas reivindicaciones tan sentidas por miles de sobrevivientes del terrorismo de estado y sus familias.
Finalmente, el artículo 73 de la Constitución establece la atribución del Presidente para vetar cualquier proyecto de ley aprobado en el Congreso, siempre y cuando lo haga antes de los 30 días, que las observaciones tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto o hubieren sido consideradas en el mensaje respectivo. De cumplirse estas condiciones el veto sólo puede ser rechazado por los dos tercios (quórum calificado) en ambas Cámaras.
De esto se pueden concluir dos cosas: primero que la aprobación de los nuevos temas de Reparación dependen de la voluntad política de la Derecha y segundo que el Gobierno siempre ha contado con una herramienta poderosa para vencer la obstinación de la oposición que frena todas las iniciativas para avanzar en materias de DD HH y así mejorar la democracia y favorecer a los sectores más desposeídos y oprimidos de la sociedad chilena.
La pregunta es ¿por qué la Concertación no la ha usado? Y la respuesta es que simplemente no ha querido. Privilegia su compromiso, adquirido cuando recibió La Moneda de manos del Dictador, de cogobernar, de administrar eficientemente el modelo económico, de mantener el sistema binominal, de frenar el movimiento social y, de ser necesario, de reprimir a quienes osen poner en riesgo este equilibrio de poderes e intereses económicos.
Si la Concertación llegó al poder, y se mantiene en él, ha sido sobre las espaldas del Movimiento Popular, un mínimo de coherencia política sería usar recursos que la ley pone en sus manos para honrar los compromisos de su programa original de gobierno. En estos veinte años de transición Chile perdió una oportunidad histórica de democratizar nuestro país, de impulsar una economía solidaria, de emplear los recursos naturales para beneficio de su propio Pueblo, de cuidar el medio ambiente, de respetar los Derechos Humanos y de dignificar las víctimas de la dictadura.
POR VERDAD, JUSTICIA Y VERDADERA REPARACIÓN AHORA
Secretariado Nacional de ex Presas y Presos Políticos de Chile y Familiares
AGRUPACION NACIONAL DE EX PRESOS POLITICOS DE CHILE – ANEXPP CHILE
AGRUPACIÓN NACIONAL FAMILIARES DE EX-PP FALLECIDOS DE CHILE
UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE – UNExPP DE CHILE
Santiago 11 de Septiembre de 2009