El sábado, 22 de abril 2023, organizaciones de derechos humanos de Magallanes, se reunieron con el Ministro de Justicia, Luis Cordero Vega y la Seremi de Justicia y DDHH, Michelle Peutat. Esta reunión-desayuno se llevó a cabo por iniciativa del Ministro y la Seremi, lo que fue positivamente valorado por las y los asistentes. De hecho, se subrayó que es la primera vez que los dirigentes de organizaciones de DDHH en la región logran reunirse con un Ministro de Justicia.
Se llamó la atención a temas que afectan directamente a ex presos y presas de la dictadura cívico-militar en Magallanes, y se informó también cómo el Gobierno Regional ha desarrollado proyectos de apoyo a esta comunidad en salud y en vivienda, siendo tal vez una acción única en el país. Naturalmente, estas medidas han surgido a raíz de medidas de presión como la huelga de hambre que mantuvo el ex preso político Manuel Aguilante en dos oportunidades, abril de 2015 y enero de 2018, y constantes labores de educación y demandas de parte de ex presos/as políticos.
En el terreno jurídico, el representante de la Unión de Ex Presos Políticos de Chile, volvió a entregarle el petitorio de la UNExPP que fuese ya hecho llegar al Presidente precisamente en Abril de 2022, a raíz del cual éste los derivó a reunirse con la entonces Sub Secretaria de DDHH, Haydee Oberreuter. El representante resaltó que al menos uno de los puntos del petitorio parece estar por cumplirse, esto es que el gobierno exprese su voluntad de resolver amistosamente alrededor de 3.000 denuncias ante el Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por demandas rechazadas por la Corte Suprema entre 2005 y 2015. Luego del 2015 las cortes asumieron el concepto que los crímenes de lesa humanidad y de tortura no prescribían y se empezó a fallar en favor de los demandantes. Sin embargo, aquellos casos previamente rechazados no fueron revertidos, aduciendose el estado el concepto de cosa juzgada.
Recientemente la Corte Suprema ha decidido que se rechaza el alegato de cosa juzgada por la primacía del derecho internacional y por la naturaleza de los crímenes juzgados. Sin embargo, algunos abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), tanto en región como en Santiago, han vuelto a la carga en su defensa a levantar los argumentos de prescripción, de cosa juzgada, y, en caso de no prosperar en esos alegatos, de reducir indemnizaciones en base a servicios prestados en salud por parte del PRAIS y las pensiones de reparación Valech.
El Ministro Cordero se comprometió a reunirse con el recientemente designado Presidente del CDE, Raúl Letelier Wartenberg, para evaluar la posición de los alegatos de abogados del CDE sobre esta materia y en lo posible corregirla, ajustándola a derecho, más aun cuando la misma Corte Suprema ya ha fallado desestimando dichos recursos de casación.
El Ministro se refirió también a los esfuerzos que hace el gobierno en un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y la formación de una comisión permanente para ver casos de violaciones de derechos humanos. Igualmente se refirió a la determinación del Presidente Boric de restaurar el edificio de Colón 636, cuyo incendio intencional quedó en la impunidad.
El petitorio entregado al Ministro Cordero incluye los siguientes puntos:
1.- Nueva ley de reparación, que contemple Indemnización justa y adecuada, evitando la judicialización en la búsqueda de reparación. La justicia tarda y es onerosa, no resulta pareja para todos los tribunales, irroga gastos y pago de honorarios. En cambio una ley general resulta ser igual y definitiva para todos/as.
2.- Procurar para las víctimas sobrevivientes, acceso a una justicia rápida y eficaz para obtener reparación. Promover un acuerdo amistoso para los casos denunciados ante la CIDH. Implementar las disposiciones de la Resolución 60-147 de Naciones Unidas y la de Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obligan a dar un tratamiento, expedito y preferencial a los juicios presentados por ellos/as.
El estado debe hacerse parte y proporcionar asistencia jurídica para la presentación de querellas criminales en contra de los torturadores, derogando así el artículo 15 de la ley 19.992, además anular el Decreto Ley de Amnistía de la dictadura.
3.- Implementar una Comisión Permanente para la recepción de antecedentes para el reconocimiento y calificación de personas que fueron víctimas y en el futuro sean vulneradas en sus DD.HH.
4.- Reparación en salud, estableciendo dentro del protocolo de atención del Servicio de Salud la atención prioritaria de los usuarios PRAIS, garantizar el respeto a la transversalidad del daño más allá de la tercera generación, garantizar atención oportuna y de calidad, eliminar el pago del 7% por previsión de salud a los usuarios que trabajen y posibilitar la compra de bonos FONASA sin costo adicional.
5.- Compatibilidad de las pensiones reparatorias Valech y de Exonerado, homologación del monto de las pensiones reparatorias con los de la pensión Rettig. La pensión Valech no debe ser considerada como un ingreso tributable, y no debe estar sujeta al pago de impuestos, cómo lo es hoy.
Pensión de viudez de un 100% del valor que recibía el titular, y en el caso del fallecimiento de una titular, su viudo reciba viudez, en las mismas condiciones que lo hace una viuda. Considerar a todos los que reciben pensiones reparatorias, como acreedores a recibir los beneficios que otorgue el Estado a los grupos más vulnerables, llámese, bono de invierno, IFE o PGU etc.
6.- La beca de estudios Valech debe ser otorgada a todos los/as hijos/as y nietos/as, sin limitación para evitar que el titular tenga que discriminar entre sus descendientes. Esta beca debe homologarse con la beca estatal, que cubre el valor total de la carrera y otorga mensualmente una beca de alimentación, independientemente si la usa el titular o sus descendientes.
7.- En relación a la vivienda, debe entregarse un beneficio en forma de subsidio habitacional a todas las víctimas reconocidas, sin necesidad de Ficha Social. Que el reconocimiento cómo víctima de atropellos a sus DD.HH, reemplace dicha ficha. Que el subsidio pueda ser usado para adquirir una vivienda para quienes no la tienen o para aquellos que tengan una vivienda, la puedan mejorar.
8.- Eliminar efectivamente el Decreto Ley de Amnistía, garantizar la preservación de la memoria para contrarrestar el negacionismo y la impunidad. Respetar y aplicar todos los ejes que se contemplan cómo garantías de no repetición e imprescriptibilidad.
22 opiniones en “ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE MAGALLANES SE REUNEN CON EL MINISTRO DE JUSTICIA”