PATRICIA SILVA FALTA A LA VERDAD EN COMISIÓN DE HACIENDA

En relación con la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, surgen evidencias del impacto que produjo el fallo de los compañeros de la Isla Dawson. Es interesante darse cuenta como la Señora Patricia Silva ya sea con “intención o por omisión” falta a la verdad. Nos podemos dar cuenta que no cambia su modus operandi. Al igual como se desinformaba a las autoridades, parlamentarios y a la opinión pública que se habían levantado todas las huelgas, mientras ellas estaban lejos de terminarse; así hoy ella habla de un fallo en que la Corte Suprema condena al Estado a pagar una indemnización de 10 millones, (Fallo de Tejas verdes) como si fuera el único fallo, sin embargo omite el dictado en el caso de un estudiante de Talca, representado por el abogado Boris Paredes donde se condena al Estado a pagar una indemnización de 25 millones.

Y cuando se refiere al último fallo por la demanda civil de ex prisioneros de la Isla Dawson, dice textual: “pero con fecha 14 de septiembre del presente año la referida Corte resolvió otorgar una indemnización de $150.000.000 a una víctima confinada a Isla Dawson, lo que ha cambiado el escenario de la negociación”. Es público que no se trata de una sola víctima sino que son 31. Es importante reflexionar frente a estos “detalles” ya que nos dicen mucho de lo que ellos sienten o piensan, pero no quieren evidenciar. La derrota proporcionada al CDE con este último importante fallo es de proporciones y al parecer la Señora Silva la reduce a una persona para minimizar la vergüenza de la derrota en la Justicia de quienes tienen la vergonzosa e inhumana labor de negarnos el derecho a una indemnización justa y adecuada, de acuerdo al daño causado a las víctimas de prisión política y tortura. El CDE podría hacer otra cosa si el Gobierno tomara la decisión de responder como lo haría un deudor decente: reconocer la deuda y pagarla.

Es absolutamente interesante ver cómo perciben y presienten que las cosas no serán en adelante tan fáciles desde que el Gobierno recibiera la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el 05 de mayo del presente año. Saben y están informados de las eficaces acciones realizadas por nuestra organización tanto a nivel nacional como internacional. Tienen claro además que quienes dirigen esta organización no aceptarán jamás negociar en contra de los intereses de las víctimas. Pero les resulta fácil ante tanta necesidad y miseria que sobrellevan nuestros compañeros (de la cual ellos tienen absoluta conciencia) usar esa realidad para aprovecharse y chantajear a otros dirigentes para llevarlos a la tesis del “peor es nada”, tesis que no encontrará eco en los dirigentes de nuestra organización. Saben que somos capaces de hacer una lectura correcta de los acontecimientos y que somos capaces de contrarrestar, reaccionar y darnos cuenta de cualquier argucia que quisieran usar para nuevamente burlarse de las víctimas.

Nos llama además la atención cómo la señora Silva, veladamente intenta pautear y entregar recomendaciones a la Excelentísima Corte Suprema de que “unifique los montos a pagar por indemnización en estas materias, ojalá en una cifra parecida a la que actualmente el Gobierno ofrece de $10.000.000. Se olvida la Señora Silva que ya no estamos en Dictadura y que es una falta de respeto que estén tratando de influir en sus fallos. Los Señores Ministros pueden unificar su criterio también otorgando en justicia a todas las víctimas 150 millones ya que, independientemente de donde se hubieren encontrado los compañeros o en manos de quien hayan estado, los padecimientos por la prisión y las torturas no difieren de lo que vivieron nuestros compañeros de la Isla Dawson.

Saludamos las atinadas reflexiones de algunos de los miembros de la Comisión de Hacienda del Senado, por ejemplo las del Honorable Senador señor Montes quien sostuvo que el daño producido por las violaciones a los derechos humanos afecta no sólo a la víctima directa sino que también a su familia, reconociendo que no se la ha considerado como debiera ser. Con respecto a esto no podemos dejar de decir que lo que la Señora Silva (y los demás representantes encargados de negociar) no quieren entender es que para que una indemnización tenga ese carácter deberá ser, en caso de fallecimiento de la Víctima directa, traspasada a sus hijos y demás herederos y en un cien por ciento y no en un sesenta por ciento como es en el caso de la conyugue “con libreta”, discriminando al conyugue y a las y los convivientes con quienes las compañeras y compañeros vivieron muchos años y criaron hijos. Sin embargo no se les considera. El Estado no puede pretender aprovecharse de la muerte biológica de la víctima. Ello es moral y jurídicamente inaceptable y repudiable.

Nuestra experiencia con los juicios civiles tramitados con el procedimiento de juicio de Hacienda nos permite concluir que no es éste el mejor ni más rápido camino para alcanzar justicia, dado que se prolonga por cerca de ocho años y el Consejo de Defensa del Estado goza de privilegios y ventajas. Es por eso que hemos tomado la decisión de realizar judicialmente una decisiva campaña CONTRA LA IMPUNIDAD, por lo que estamos invitando a nuestros compañeros y compañeras a participar en la campaña de fichaje y refichaje para presentar querellas criminales a nivel nacional. Vemos que será mucho más práctico y eficaz ahora litigar ante los jueces especiales para causas de Derechos Humanos; en efecto, se cuenta con jueces de dedicación exclusiva que son competentes para atender también las querellas por TORTURA. Para esta tarea requeriremos del máximo de colaboración de las víctimas y la asistencia de profesionales del derecho en diversas regiones del país. Estamos convencidos que es esto lo que corresponde HACER AHORA.

De ese modo se remediará también parte del enorme daño provocado con el Secreto u ocultamiento de los antecedentes y fichas entregadas a la Comisión Valech Esta embestida la daremos en respuesta al encubrimiento oficial del crimen de tortura y a la nula acción e intención del Estado de investigar y perseguir la responsabilidad de los torturadores.
Por último es importante entiendan que nuestra organización NUNCA ESTARÁ DISPONIBLE para aceptar indemnizaciones que se pretenda financiar queriendo gastar sólo el sencillo de la chauchera o con el “RASPADO DE LA OLLA”. Si insiste el Gobierno en no dar las soluciones de acuerdo al mandato de los acuerdos internacionales suscritos SIEMPRE SABREMOS QUE ES LO QUE HAY QUE HACER PARA OBLIGAR A CHILE A RESPONDER EN JUSTICIA Y CON RESPETO por las compañeras y compañeros.

SIN CLAUDICACIONES NI VACILACIÓN, seguiremos en la lucha por verdad, justicia y reparación….

Nelly Cárcamo Vargas
Presidente Nacional de la UNExPP de Chile