INFORME A LOS DEMANDANTES
Considero oportuno entregar un informe del estado de nuestras gestiones o actividades y de los juicios en tramitación. Estoy próximo a viajar a Suecia por motivos de salud. Con mi esposa, tenemos pasaje a Estocolmo para el lunes 5 de Agosto; regresaremos a Santiago el lunes 4 de noviembre.
El jueves 11 de Julio en la mañana me presenté a la Corte de Apelaciones de Santiago preparado para alegar en la vista de la causa «Salgado y Otros con Fisco de Chile» (nuestra 3ra. demanda colectiva, iniciada en 2006). Era la séptima semana en que asistíamos con tal fin. Ese día, los ministros de la Cuarta Sala de la Corte resolvieron suspender la relación y remitir el expediente de regreso al 14° Juzgado Civil para que se complemente la sentencia de primera instancia, con el pronunciamiento sobre todas las excepciones y alegaciones planteadas en el juicio y, además, ordena le remitan toda la documentación de prueba. Ello significa que tardará algunos meses en esos trámites y notificaciones, antes de que vuelva a la Corte de Apelaciones y pueda aparecer otra vez en tabla para los alegatos.
Visita a los compañeros de la Región del Bío Bío. El viernes 12 de Julio, participé en la amplia reunión informativa citada en Chillán, con asistencia de más de 120 compañeros demandantes. Habían transcurrido casi cuatro años desde la última reunión en esa localidad. Fueron tres horas en que analizamos en detalle lo que ha sido nuestra lucha de tenaces trece años, dificultados y debilitados por las dañinas divisiones, en que nosotros hemos sostenido una invariable conducta unitaria con objetivos definidos, orientados en la defensa de lo que son nuestros derechos, tanto en el frente judicial como en la gestión y presión política, confiados en que será finalmente la justicia internacional la que nos dará razón, pero que debemos actuar en todos los frentes donde aparezca una posibilidad aunque sea remota la esperanza de lograr nuestros propósitos. Reiteramos el llamado a buscar la unidad del movimiento de derechos humanos. Luego, el sábado 13 nos reunimos en Tomé igualmente en una sesión de trabajo informativo y de análisis con más de 40 compañeros. Se consolidó el compromiso de realizar en esa localidad el 11° Encuentro Nacional de la UNExPP de Chile en los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero 2014. Fue una jornada agotadora pero fructífera. En verdad, no fue muy prudente ese largo viaje conduciendo mi automóvil cuando aún estoy convaleciente de la operación.
El jueves 18 de Julio participé activamente en el Seminario Internacional de Santiago «Acceso a la Justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos». Aproveché de evidenciar y reprochar al Estado de Chile que sea el país latinoamericano que menos busca soluciones amistosas con sus víctimas en la Comisión Interamericana y me referí al caso visto en Marzo por la Corte IDH en Medellín, del torturado compañero Leopoldo García Lucero, aún en el exilio. El abogado y Embajador chileno en Costa Rica, González, se limitó a replicar que Chile no puede financiar tratamientos de salud a personas que permanezcan en el extranjero y que así no aprovechan el Programa de Salud implementado por Chile para atender a las víctimas de la dictadura (ridículo). Desgraciadamente, el Seminario no permitía debate sobre temas particulares. Sin embargo, pude propiciarme una breve conversación con el Sr. Secretario de la Corte IDH, abogado Pablo Saavedra Alessandri, a quien le expuse la situación de nuestras demandas en Chile y las denuncias que hemos presentado a la Comisión IDH; al mismo tiempo le hice ver que esperábamos mucho de la Corte IDH y que lo que se resuelva en el caso del chileno torturado en dictadura sirva de precedente para ayudar a que los tomadores de decisión en el Gobierno de Chile resuelvan de una vez reparar justa y adecuadamente a las víctimas con respeto a la Convención contra la Tortura y el derecho Internacional Humanitario. El Sr. Saavedra me confidenció que la sentencia del caso García Lucero se conocerá en Septiembre. Quedó en evidencia que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (por falta de suficientes recursos) existe un problema grave de retardo en la atención de las miles de denuncias que se interponen anualmente, una demora promedio de cinco años; ello está perjudicando justamente el acceso a la justicia. En fin, es un tema bastante problemático y hay que estar consciente de las dificultades actuales.
Les recuerdo que nuestra Cuarta demanda colectiva, luego de mi alegato de Junio, sigue en espera de que se nos dé a conocer la sentencia de la Corte Suprema cuya redacción quedó a cargo de la Ministro Sra. Sandoval, quien está entre los miembros del más alto tribunal que siempre falla contra las indemnizaciones en derechos humanos, con el argumento de la prescripción. La sentencia de primera instancia nos había acogido la demanda en ese juicio, pero no favorecía sino a menos de la mitad de los demandantes y los montos determinados fluctuaban desde sólo 5 millones hasta 30 millones de pesos. Esa sentencia fue la primera que ordenó en Chile pagarnos una indemnización a los ex prisioneros políticos y que rechazó la alegación de prescripción. Un fallo negativo en esta cuarta demanda permitirá que denunciemos un nuevo caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se acumule a nuestras denuncias anteriores.
Nuestras denuncias antes presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están acumuladas en un solo expediente, en las oficinas de Washington, en espera de que se le dé curso. Necesitamos avanzar en el trámite de admisibilidad de las denuncias enviadas como ONG UNExPP de Chile, caso P-188-11 «Abarca y otros con Chile» (a cuyo expediente se han acumulado los casos P-262-12 «Aguilar y Otros con Chile» y P-735-12 «López con Chile»). Son los tres primeros juicios en que la Corte Suprema ha rechazado nuestras demandas civiles, aplicando la prescripción. Como antes he informado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adolece de extrema lentitud en el avance de los casos que cada vez en mayor número les son sometidos a su conocimiento. El acceso a la justicia internacional aparece colapsado con una larga lista de espera. Por ello debemos tomar con entusiasmo los avances o satisfacciones que vayamos alcanzando en tribunales chilenos.
La causa de los compañeros de Isla Dawson, con sentencia que nos acoge la demanda en primera instancia, recién el 17 de Julio ha ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, para conocer del recurso interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado. Las gestiones para un arreglo amistoso (conciliación) se han retardado con el ambiente político tan convulsionado.
Tenemos una muy grata y estimulante noticia que entregarles respecto a nuestra última demanda colectiva, la Quinta, iniciada en el año 2009 ante el 25° Juzgado Civil de Santiago. En efecto, el 23 de Julio me he notificado de la sentencia definitiva de primera instancia dictada ayer por la Sra. Juez doña Susana Rodríguez Muñoz.
Es un sorprendente éxito judicial, aunque debemos lamentar que se rechazó la demanda indemnizatoria por los 70 familiares de compañeros fallecidos, en que el Consejo de Defensa del Estado alegó falta de legitimación activa para demandar el daño moral, y de 17 demandantes no reconocidos por la Comisión Valech. Lo transcendente es que la sentencia rechaza las otras alegaciones, excepciones o defensas del Fisco relativas a que se habría pagado la deuda o que ella estuviera prescrita o que no existiera responsabilidad objetiva del Estado. El daño moral debe ser acreditado pero se considera válidas las pruebas acompañadas, especialmente el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El Estado chileno estimaba la indemnización demandada como un «monto exagerado». Lo importante es que la sentencia, por concepto de daño moral, acoge la demanda interpuesta respecto de 659 demandantes (seiscientos cincuenta y nueve) por la suma única y total para cada uno de ellos de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos), prudencialmente.
Es seguro que el Fisco, tendrá que apelar pidiendo que la Corte revoque este fallo. Se trata de una condena al Estado de Chile por más de sesenta y cinco millones de dólares. Nosotros, en la segunda instancia abogaremos por la confirmación de la sentencia, con declaración de que se corrige el fallo en el sentido de acoger también la demanda en favor de los 70 familiares, viudas o hijos, que deben ser considerados víctimas y reparados.
Este nuevo éxito judicial tendrá la virtud de influir muy positivamente en las futuras negociaciones que sostengamos, para que en Chile se legisle de una vez estableciendo el derecho a una indemnización justa y adecuada en favor de todas las víctimas de prisión política y tortura reconocidas. Deseamos que esta noticia sea tomada con moderación, en lo que realmente vale; pero confiamos que traerá una luz de alegría y re encanto hasta para nuestros más desesperanzados compañeros y juntos aplaudamos la constancia con que hemos estado llevando adelante nuestra desigual lucha en el ámbito judicial. No cabe duda, estamos progresando y seguiremos avanzando. Igualmente, este respetuoso y claro reconocimiento a las víctimas en la sentencia judicial constituye ya una forma de reparación moral.
La sentencia dictada por la Sra. Juez del 25° Juzgado Civil de Santiago es muy valiosa para la causa de todos los ex prisioneros políticos. No es aún una sentencia de término de juicio, dado que el Consejo de Defensa del Estado apelará y el pleito continuará en su segunda instancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Sabemos también que la mayoría de los ministros de la Corte Suprema todavía es negativa para las víctimas que pretenden reparación y que rechazan las demandas civiles con la alegación de prescripción. Sin embargo, en las negociaciones políticas del futuro mediato podremos argumentar que es muy factible que la justicia chilena ordene al Estado de Chile, en una sentencia de término, que nos pague indemnización y la prueba de que ello es posible será justamente esta sentencia. Para tales negociaciones nos veremos así fortalecidos, pues podremos demostrar que ciertamente el Estado de Chile puede ser verdaderamente forzado a pagar una indemnización a las víctimas y que antes de que ello ocurra sería más razonable que se dicte la ley que proponemos.
Nuestra responsabilidad como dirigentes obliga a que mantengamos la cabeza fría y que ningún desatino o vacilación nos vaya a hacer tropezar en nuestros intentos por reivindicar para nuestros compañeros que se les garantice en la ley el derecho a una indemnización que sea justa y adecuada. También estamos conscientes que es muy difícil alcanzar la unanimidad, que todos estemos de acuerdo en lo mismo. Como saben, hay algunos que todavía se declaran negativos a demandar al Estado.
Como sabemos, aún no hemos logrado constituir un poderoso órgano de presión, como quisiéramos y necesitamos, para imponer al Estado nuestras condiciones. Nuestra Organización es débil y carente de aptitudes para una lucha masiva. Y ello se debe no sólo a la falta de unidad en el movimiento o a las divisiones que fraccionan y debilitan el accionar. Las víctimas de prisión política y tortura se han vuelto extremadamente pasivas, inmovilizadas, sumidos en la pobreza, la enfermedad, la vejez, la desesperanza o el abandono. Por eso es que cualquier logro o avance quisiéramos magnificarlo para en alguna forma iluminar con una sonrisa de esperanza sus oscuras vidas.
Reciban un muy cariñoso saludo con mi agradecimiento a quienes han confiado en el camino que hemos estado mostrando en estos largos años de lucha. Hacemos un nuevo llamado a fortalecer nuestra ONG UNExPP y la unidad de todas las víctimas.
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP
Santiago, 2 de Agosto de 2013