Hace algunos días atrás me desplazaba por el centro de la ciudad de Osorno y me encontré con un grupo de jóvenes que portaban unos carteles, ignoro, más bien no logré saber la causa que originaba su protesta, pero creo que no es importante saber el porqué protestaban ya que lo que se podía leer en sus carteles, se puede aplicar a muchas situaciones que a diario ocurren en nuestra singular democracia; “la justicia es para aquellos que pueden pagarla”.
Lamenté en ese momento haber ido conduciendo ya que esto impidió haberles manifestado a aquellos valientes jóvenes que compartía plenamente lo que ellos estaban en ese momento comunicando a la comunidad.
Es más les habría manifestado que es doloroso vivir en un país que se considera un ejemplo de democracia, donde supuestamente están garantizados los derechos de sus habitantes y sin embargo tenemos que asistir al triste espectáculo que sigue ofreciendo el poder judicial. Muchos chilenos piensan que ya se había superado esa negra etapa en la cual este poder del estado “impartió” denegación, indiferencia y complicidad, cometiendo las más grandes aberraciones judiciales ocurridas en la historia de nuestro país. Hoy tenemos en el poder judicial, algunos jueces que representan absolutamente lo que este poder del estado fue en la época de la dictadura, por lo tanto su actuar no podemos esperar sea diferente, más aún cuando sienten el respaldo político que le da legitimidad a sus fallos.
Si, la justicia es para aquellos que pueden pagarla. Una frase muy asertiva, que queda al descubierto en dos hechos recientes, el primero cuando se asesina por encargo a un joven de una familia acomodada como es el caso de Diego Schmidt-Hebbel, donde hemos visto con qué fuerza se ha condenado a la autora intelectual y al autor material del asesinato en parte respaldándose en la conmoción pública que causó este reprochable hecho. En segundo lugar las condenas que se están pidiendo para los comuneros mapuches “que supuestamente” atentaron contra un fiscal. Es importante aclarar que no resultó ni herido ni estuvo su vida en riesgo por lesiones, es decir no se le quitó la vida a nadie, sin pruebas fehacientes, sin embargo se les está solicitando 25 años de prisión a los comuneros inculpados.
Cómo contrastan estos hechos con el reciente y escandaloso fallo de la Corte Suprema que condena a cinco, cuatro y tres años a militares que asesinaron en forma salvaje y fuera de toda legalidad a nueve ex prisioneros políticos y torturados, quienes fueron sacados de la cárcel con el objetivo de asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos.
Estos jueces se preocupan de aplicar penas simbólicas, de tal modo de “cumplir” con su obligación de condenar a estos asesinos pero cuidando que las penas aplicadas les permitan cumplirlas en sus casas, con todas las garantías y tranquilidad que ofrece la impunidad regalada. Esta situación es sin duda una falta de respeto, una nueva bofetada en la cara, un nuevo acto de injusticia para todas y cada una de las víctimas de atropellos a sus derechos humanos y para sus organizaciones. Es sin duda alguna una vergüenza; y una confirmación de que si bien es cierto el dictador Pinochet está muerto, hay muchos que se encargan de seguir aplicando la justicia que él quisiera y preocupándose de que su obra no desaparezca y no sea parte del pasado, sino parte del presente.
Nelly Cárcamo V.
Presidenta Nacional de la UNExPP de Chile