Los Ex Prisioneros Políticos y Torturados de la represión del dictador Pinochet tenemos derecho a una indemnización justa y adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes. Este derecho imprescriptible debe ser garantizado por el Estado en su legislación positiva. Sin embargo, Chile ha omitido cumplir con esta obligación fundamental y está violando flagrantemente los derechos humanos en desmedro de los intereses de las víctimas y sus familiares. Ello es parte de la IMPUNIDAD.
El estado de Chile solamente ha implementado magras medidas paliativas del enorme daño causado. La política de reparación ha sido mezquina y tardía. El modelo incluye exclusivamente medidas tendientes sólo a la «rehabilitación» mínima con una asistencia precaria en salud, con un beneficio educacional insuficiente o parcial, en previsión social con una pensión discriminatoria, inferior a un salario mínimo, sin efecto retroactivo alguno, declarada arbitrariamente incompatible con la pensión de exonerado, que recién a partir de 2010 accede a la viuda sobreviviente recortada a un 60%, pero se la niega al viudo y a la pareja con la que se tenga hijos.
Contrasta con la obligación internacional de que el Estado debe velar por que su legislación «garantice» a la víctima de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible.
Lamentablemente, entre las propias víctimas y sus familiares no existe claridad ni conciencia de todo esto, sobre sus verdaderos derechos. Por culpa de eso mismo, la desorientación es abismante. Resulta muy difícil mostrar el camino para quienes no saben para donde ir (o peor no aparecen dispuestos a salir de la apatía en que los sumió la represión o los terminó de hundir el desencanto de la transición negociada). De ahí también puede explicarse la escasa «movilización social» de los afectados y las divisiones que tanto daño nos han hecho. Po otra parte, los apetitos insanos por controlar el naciente movimiento de ex prisioneros políticos han multiplicado «orgánicas de papel» y han permitido el flagelo de los infiltrados, falsos ex prisioneros, y de personas inescrupulosas que persiguen aprovecharse de la buena fe o confianza de los compañeros.
Desgraciadamente, no hemos logrado crear una instancia de diálogo entre nosotros, son demasiados los intereses creados y nuestros recursos son demasiado limitados o escasos. Es por ello que la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, gestada a partir de 2003, optó por desarrollar la dura vía judicial exigiendo nuestro derecho fundamental a una indemnización, presentando las demandas civiles contra el Estado. Así, tenazmente, hemos perseverado en afrontar todos los obstáculos que nos opuso el Consejo de Defensa del Estado.
Primero, fue su oposición a que nuestras demandas puedan ser tramitadas en forma colectiva; costó muchísimo romper esa barrera. El hipócrita argumento del CDE en el fondo persigue que no tengamos acceso a la Justicia, pues saben que las víctimas carecen de recursos económicos para accionar en forma individual. Nuestro primer éxito se ha traducido pues en que actualmente tenemos en tramitación en tribunales demandas representando a tres mil cien compañeros.
Segundo, su estrategia ha sido desalentar nuestras expectativas con su alegación inmoral de prescripción extintiva del derecho a reparación, exigiendo la aplicación de normas del Código Civil chileno por sobre la normativa internacional y la propia Constitución Política. Hasta hace poco habían logrado imponer su tesis de la prescripción en los primeros juicios, pero ha sobrevenido nuestro segundo éxito parcial con la aceptación de la Cuarta demanda y la sentencia de primera instancia que declara inaplicable al caso las reglas de prescripción civil y en definitiva ACOGE las demandas de indemnización para un considerable número de nuestros compañeros. De hecho, ambas partes hemos de apelar; el Fisco jamás hasta ahora había perdido un juicio de esta naturaleza y pondrá todo su esfuerzo por revocar la sentencia. Nosotros tampoco, aunque vamos ganando, no podemos estar satisfechos puesto que apelando procuraremos corregir los errores y omisiones de la sentencia del Sr. Juez del 27º Juzgado de Santiago.
Tercero, el sistema judicial lento y engorroso más la actividad dilatoria de la contraparte, daban la idea que no tendríamos sentencia de término nunca antes de quince o veinte años. Pero, aquí viene el tercer éxito de nuestra vía judicial ya que nuestra primera demanda, iniciada el año 2002, ha sido ya fallada por la Corte Suprema a fines de 2010. La sentencia acoge la prescripción y nos niega justicia con violación de las normas de Derecho Internacional Humanitario. Es decir, finalmente, estamos en condiciones de acceder a la justicia internacional, donde se validará nuestro derecho.
Los hechos están demostrando que siempre hemos sido claros, consecuentes y guiados por la verdad. Nunca postulamos que sería fácil ni menos aún rápido, pero sí que tendríamos que hacer camino al andar.
En efecto se ha ido lento, pero “vamos andando” y hemos avanzado mucho más rápido de lo presupuestado. Sabemos que lo nuestro no puede esperar, es impaciente, puesto que todo ya nos viene tardío y para muchos demasiado tarde. Pero, podrá honestamente culparse a la UNExPP de la desgracia o siquiera reprochársenos que la dirigencia o el abogado sean faltos de la debida diligencia. ¡¡¡NO, COMPAÑEROS!!! Otros serán los que deberán pensar mejor y reflexionar para luego ofrecer sumarse a la tarea o presentar propuestas de caminos complementarios para avanzar todos juntos y vencer los obstáculos. Ojalá, imperen la cordura y la buena fe. Necesitamos la fuerza que ha de darnos la unidad de propósitos y la bendición que inspire un movimiento solidario que surja y se levante sanamente de las bases.
La solución política, por medio de una ley, se vislumbra bastante más factible ahora, cuando nuestra presión se expresa en logros en tribunales chilenos y la perspectiva del inminente reproche internacional a la justicia chilena
Estamos en condiciones de reavivar el entusiasmo, de ver con optimismo real que nos acercamos a mayores logros en pos del bienestar de nuestros compañeros y su familia. Así llegaremos a nuestro Octavo Encuentro Nacional.
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP
UNION DE EX PRISIONEROS POLITICOS DE CHILE
Soy un expreso torturado de Valparaíso y vivo con una pensión de miseria como muchos de nuestros compañeros en chile. He realizado una denuncia en los tribunales civiles de Valparaíso DDHH. Lo realicé totalmente solo, porque los abogados se quieren aprovechar del dolor de quienes fuimos vulnerados por la dictadura militar. Algunos piden de 25% al 50% por presentar la denuncia en los tribunales.
Muchos de nuestros compañeros han fallecido y eso le conviene al gobierno, porque seremos muchos menos en reclamar nuestros derechos. Es muy triste esta realidad.