El modelo de reparación implementado por los gobiernos post dictadura ha omitido cumplir con la obligación de garantizar en la legislación chilena el «derecho a una indemnización justa y adecuada», como ordena la Convención Internacional contra la Tortura y en cambio ha dispuesto medidas paliativas de reparación basadas en magras pensiones que se aplican discriminatoria y excluyentemente, lo que fuerza a los afectados a recurrir a la decisión de la Justicia para reclamar la indemnización.
Esta mañana, lunes 26 de abril, fuimos cordialmente recibidos en audiencia por el Excmo. Sr. Presidente de la Corte Suprema don Milton Iván Juica Arancibia. Me acompañó mi asistente el jurista don Carlos Francisco Reyes Sánchez. La audiencia se prolongó por algo más de 20 minutos; fue muy deferente con nuestra organización y comprensivo de las dificultades que afrontamos en la vía judicial por nuestros derechos como víctimas de la represión.
Le hicimos ver nuestra inquietud por la lentitud de la justicia y nuestra crítica particularmente respecto del procedimiento de hacienda; que por ello hemos preparado una propuesta legal para que los juicios de reparación por violaciones graves a los derechos humanos sean de trámite como juicio sumario.
Explicamos que en nuestro país no se ha acatado la Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU que establece los Principios y Directrices Básicos respecto al acceso a la Justicia de víctimas de atropellos humanos para obtener reparación integral.
Que el modelo de reparación implementado por los gobiernos post dictadura ha omitido cumplir con la obligación de asegurar en la legislación chilena el «derecho a una indemnización justa y adecuada», como ordena la Convención Internacional contra la Tortura y en cambio han dispuesto medidas paliativas de reparación basadas en magras pensiones que se aplican discriminatoria y excluyentemente, lo que fuerza a los afectados a recurrir a la decisión de la Justicia para reclamar la indemnización.
De como, ante alegación del CDE sobre improcedencia de nuestras demandas en forma colectiva, algunos tribunales han denegado acceso a la Justicia a personas que por lo general carecen de recursos para enfrentar individualmente en juicio al Estado. Que, sin embargo, nuestra organización ha superado esa barrera y tenemos en tramitación demandas en representación de más de tres mil ex prisioneros políticos, aunque en los casos que se ha llegado a sentencia se ha aplicado la prescripción extintiva para denegar nuestras demandas, pero ya tenemos dos procesos en trámite de casación de fondo para que se anulen tales fallos y se acojan nuestras demandas. Se comprometió a que administrativamente la Corte agilizará el curso de las causas para que se pongan pronto en tabla.
Le explicamos la difícil situación que viven los demandantes tras tan larga espera por que se reconozcan sus derechos, pero que con las esperanzas que se abren con reciente jurisprudencia y las expectativas que asignamos a su gestión por modernizar la justicia desde su alto cargo nos sentimos estimulados a redoblar los esfuerzos en la vía democrática que hemos elegido para defender nuestros intereses, unidos en una organización de víctimas y familiares con prescindencia de diferencias políticas poniendo como escudo el derecho internacional humanitario en defensa de los derechos humanos.
Le hice entrega de un ejemplar de la citada Resolución 60/147 de 2006, con párrafos especialmente subrayados por mí, donde se señalan los principios referentes al trato que la justicia debe tener para con las víctimas o su familia cuando exijan su derecho a reparación. Le solicitamos que, cuando la ocasión se presente, entregue su opinión favorable a nuestra tesis de modificar el procedimiento en los juicios por reparación en Derechos humanos.
Naturalmente, desde su alta investidura, no pudo anticipar una opinión que pudiera arriesgar inhabilitarlo en los juicios que pueden llegar a su conocimiento y resolución más adelante. Pero confieso mi satisfacción por la acogida y la forma profesional como nos escuchó y atendió nuestras inquietudes. Adjunto fotografía de la ocasión en su despacho del Palacio de Tribunales.
Opino que será muy positivo que también el Secretariado de Ex Prisioneros Políticos y Familiares solicite igualmente una nueva audiencia con el Sr. Ministro Juica, Presidente de la Excma. Corte Suprema. En una ocasión de esa naturaleza deberán participar los dirigentes más representativos de nuestras orgánicas.
Fraternales saludos
Víctor Rosas Vergara, Abogado y Vicepresidente de la UNExPP