DENUNCIAN IMPUNIDAD SOTERRADA PARA CRÍMENES DE LA DICTADURA

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) expresó esta preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) denunció ante la CIDH que el poder judicial garantiza una “impunidad soterrada” a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, expresó esta preocupación en una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington hasta el próximo viernes.

Según Pizarro, los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos mientras gobernó la junta militar presidida por Augusto Pinochet han visto avanzar a las autoridades del país “en temas simbólicos y en temas de memoria”, pero “no en los temas más importantes: el enjuiciamiento y la cárcel para los culpables”.

Pizarro aseguró que, en las últimas dos décadas, los distintos Gobiernos “han buscado formas de instalar una impunidad disfrazada y soterrada en el poder judicial”.

Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior aseguró que la Corte Suprema “está vulnerando acuerdos internacionales en nombre del Estado de Chile”.

Fernández acusó a esta instancia de seguir una normativa “de corte garantista” que trata la desaparición forzada de personas como secuestro y prevé la prescripción gradual de “crímenes que son de lesa humanidad y no deberían prescribir nunca”.

La abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Naomi Roth-Arriaza recordó que la aplicación de la media prescripción en casos de crímenes contra la humanidad viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pidió a la CIDH que interceda para que se desarrolle legislación al respecto.

El representante del Estado en la audiencia, Alejandro Salinas, aseguró que el Gobierno “no desconoce” los hechos planteados por las peticionarias, y que ha impulsado una medida para incorporar al Código Penal la no prescripción de estos crímenes, que ha quedado en manos del Congreso.

Salinas subrayó que los casos de prescripción de delitos deben interpretarse como “circunstancias propias de un proceso de transición complejo”, y que las decisiones de la Corte Suprema “no reflejan un marco de impunidad total”, puesto que la tendencia de los tribunales se dirige “siempre a la sanción de los crímenes”.

Las peticionarias de la audiencia solicitaron a la CIDH que lleve a cabo un estudio especial del tema y, si fuera necesario, una visita a Chile, para exigir al Estado información sobre la persistencia del decreto ley de amnistía y pedir que se regule la aplicación de la media prescripción.
EFE

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