Sorprende gratamente leer el reciente documento (que incluyo) del Comité Central del Partido Comunista de Chile respecto al proyecto sobre el Instituto de Derechos Humanos.
Al margen de las fundadas razones que se exponen para repudiar el proyecto de Instituto, resulta destacable su declaración de “apoyo al reclamo social para que el Estado de Chile asuma a plenitud las responsabilidades que le corresponde en cuanto al establecimiento de la verdad histórica, al juzgamiento de los culpables de delitos de lesa humanidad, a la protección permanente de los derechos de la persona humana y a la reparación justa a las víctimas».
Compartimos la objeción de que el proyecto de Instituto se crea con un concepto restringido de los derechos humanos, limitado sólo a aquellos reconocidos en los Tratados ratificados y vigentes (producto de la componenda Chadwick-Viera Gallo en el Senado). Ello desnaturaliza y le resta dinamismo a la entidad, al restarle la función de promover el desarrollo y progreso en DD.HH. Por otra parte, efectivamente, no se cumplen los Principios de Paris, en cuanto a la independencia y autonomía del Instituto dada la forma de integración y reparto del Consejo, designados y removidos por los diversos órganos del Estado.
Estamos conscientes de las graves urgencias de solución a problemas candentes y sensibles creados con la ley Valech.
Por ello, junto con repudiar el proyecto de Instituto, con mayor fuerza debemos insistir en que se dicte pronto una nueva ley de reparación que acoja las numerosas objeciones que merece el modelo basado en pensiones exiguas y excluyentes, a cambio de la impunidad de los torturadores.
Por cierto, nos parece sumamente notable lo declarado por el PC en el punto tercero, donde sus planteamientos son extremadamente coincidentes con lo ya largamente sostenido por nuestra UNIÓN DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS.
En efecto, el PC reitera la justeza de la lucha por lograr una adecuada reparación material a las víctimas de la tortura, de la prisión política, del exilio y del destierro, así como a los familiares de las víctimas, se trate de detenidos desaparecidos o de ejecutados por la dictadura. Debe abrirse paso cuanto antes a la reapertura de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.
La política correcta en esta materia es la exigencia de un órgano del Estado que se avoque a la calificación permanente de victimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura militar, primordialmente, victimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y privación ilegitima de libertad, y que reciba las denuncias por errores en la calificación.
Las reparaciones que exigimos son una obligación imperativa del Estado que tiene su origen en la ley, en los tratados internacionales y en la ética y la moral y por tanto no son materias que puedan ser tranzadas por eventuales apoyos a un proyecto que en lo esencial no satisface los legítimos anhelos de los tan cruelmente atropellados.
Resulta estimulante empezar a encontrar respuestas ajustadas al emplazamiento que se hace en nuestro Voto Político emanado del 6º Encuentro de Ex Prisioneros Políticos celebrado en Enero pasado en Villarrica. Esperamos que otros sectores políticos manifiesten también su decidido apoyo a nuestra lucha por objetivos tan nobles como los enunciados a favor del derecho de las víctimas y de la plena Justicia.
Así, con estos planteamientos tan claro, se abren mejores posibilidades para que nuevos vientos de UNIDAD impulsen la lucha por la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile.
Entonces, el llamado es a intensificar los esfuerzos desde la base para buscar caminos que conduzcan a fortalecer nuestra lucha
Fraternales saludos
Víctor Rosas Vergara
Abogado y Vicepresidente de la UNExPP de Chile
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Nota: Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro distinguido compañero Lenine Trotsky Hidalgo, cuyo funeral se efectuó el martes pasado en Santiago. Viejo militante del PC se habría sentido feliz si hubiera conocido el texto de la declaración de su Comité Central, que con suma claridad y firmeza asume las reivindicaciones económicas de las víctimas de la dictadura y su familia.
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EL PARTIDO COMUNISTA Y EL PROYECTO SOBRE INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS
El Partido Comunista de Chile, con el propósito de despejar toda duda en esta materia, considera necesario reiterar brevemente su ya conocida opinión en relación al proyecto de ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
PRIMERO:
El Partido Comunista ha demostrado por largos años su consecuencia apoyando con fuerza el reclamo social para que el Estado asuma a plenitud las responsabilidades que le corresponde en cuanto al establecimiento de la verdad histórica, al juzgamiento de los culpables de delitos de lesa humanidad, a la protección permanente de los derechos de la persona humana y a la reparación justa a las víctimas.
Desentenderse de esta responsabilidad contribuye a la impunidad y al olvido.
Por consiguiente,
somos partícipes de la idea de que el Estado instituya las formas concretas para cumplir dicho papel, sin que ello menoscabe ni en lo más mínimo el papel protagónico de la lucha del pueblo por sus derechos, la movilización social y en particular la acción de las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones de víctimas y de familiares de las víctimas.
SEGUNDO: Dicho lo anterior, los comunistas chilenos señalamos que ese propósito no lo cumple el actual proyecto sobre creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al cual nos oponemos por poderosas razones. Desde luego porque
es inaceptable que el proyecto entienda que los derechos humanos se reducen sólo a aquellos reconocidos por los tratados internacionales ratificados por los órganos competentes de nuestro país, en circunstancias que la propia Corte Suprema de Chile ha sostenido que son derechos humanos también aquellos contenidos en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en los llamados principios generales del Derecho Internacional y en el Derecho Humanitario Internacional.
El proyecto no reconoce facultades al Estado para intervenir activamente en el juzgamiento de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de la dictadura militar.
Tal pasividad llevó a decir con razón al fallecido parlamentario socialista, compañero Juan Bustos, que un instituto así sería una suerte de museo.
Y en cuanto a
las facultades persecutorias hacia el futuro, el proyecto excluye la tortura y la prisión ilegal, lo que es inaceptable.
Esta no es sólo opinión de los comunistas. Así por ejemplo, el Informe Anual de DDHH elaborado por la Universidad Diego Portales, señala “…el Instituto carecerá de legitimación activa en materia de derechos económicos, sociales y culturales, su aprobación en nada atenuará los graves problemas de acceso a la justicia
tratándose de derechos que no son de naturaleza civil y política, como los de los pueblos indígenas.” De modo similar opinan las agrupaciones de familiares de las víctimas y entidades de DDHH.
El proyecto debe asegurar además la continuidad y ampliación del Programa de Derechos Humanos dependiente del Ministerio del Interior, institucionalizándolo plenamente y eliminando sus actuales limitaciones. Ello no está contemplado en la propuesta pendiente en el Congreso.
En estricto rigor, el proyecto más que crear un Instituto crea una institucionalidad en materia de derechos humanos. Una Presidencia, un Consejo y una Asamblea General de socios constituida por los diversos organismos de DDHH que se inscriban en los registros del Instituto.
Esto no es sino un intento de cooptación del movimiento social por un órgano del Estado, lo que no aceptaremos.
De otra parte,la propia integración del Consejo que contiene el proyecto no asegura su debida independencia y autonomía.
TERCERO: Al mismo tiempo,
el Partido reitera la justeza de la lucha por lograr una adecuada reparación material a las víctimas de la tortura, de la prisión política, del exilio y del destierro, así como a los familiares de las víctimas, se trate de detenidos desaparecidos o de ejecutados por la dictadura. Debe abrirse paso cuanto antes a la reapertura de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.
La política correcta en esta materia es la exigencia de un órgano del Estado que se avoque a la calificación permanente de victimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura militar, primordialmente, victimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y privación ilegitima de libertad, y que reciba las denuncias por errores en la calificación.
Las reparaciones que exigimos son una obligación imperativa del Estado que tiene su origen en la ley, en los tratados internacionales y en la ética y la moral y por tanto no son materias que puedan ser tranzadas por eventuales apoyos a un proyecto que en lo esencial no satisface los legítimos anhelos de los tan cruelmente atropellados.
COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
Santiago, 12 de marzo de 2009