LAS CUENTAS DEL GOBIERNO

El Presidente Lagos afirmó que el esfuerzo del Estado no era menor en materia de utilización de recursos públicos para reparaciones a víctimas de atropellos a los derechos humanos. 

Refiriéndose a los ex prisioneros políticos y torturados señaló que el costo anual se calculaba en US $ 70.000.000:-.(Setenta millones de dólares). Para representar la magnitud del esfuerzo estatal señaló que eso en diez años significaba un gasto de US $ 700.000.000:- (setecientos millones de dólares), lo que importa un costo total estimado para treinta años de US $ 2.100.000.000:- (dos mil cien millones de dólares)  y comparó esa cifra con el costo de una carretera  Santiago-Puerto Montt.    Al margen de la exactitud que sus cuentas, analizando el costo de sus miserables pensiones, salta a la vista que la fórmula propuesta es equivocada y denota un mal criterio de quien administra fondos o recursos del Estado.
Es un hecho que la exigua pensión de reparación que hizo aprobar acelerada e irreflexivamente al Congreso Nacional ha despertado una unánime reprobación entre las víctimas, que expresan masivamente su repudio al ver de esa manera burladas sus legítimas expectativas y derechos.
Con el mismo gasto que el Presidente calculó para sus pensiones, o sea, un costo de US $ 2.100.000.000.-, era perfectamente posible financiar el pago de una indemnización de un promedio de US$ 70.000:- (aproximadamente $40.000.000) para cada una de las cerca de 30.000 personas calificadas por la Comisión Valech.  Esa sería una forma muy diferente de administrar las platas del Estado y que se acercaría a las pretensiones o propuestas de reparación  sugeridas por todas las organizaciones de ex prisioneros políticos.  Con una indemnización de ese monto hasta podría acercarse a cumplir con el mandato de la convención contra la Tortura que obliga al Estado de Chile a garantizar en su legislación la reparación a las víctimas y el “derecho a una indemnización justa y adecuada”    
Hemos sostenido que debe pagarse una indemnización y los recursos provengan de crédito externo.  El pago de dicha deuda podrá servirse a treinta años plazo con los mismos US$ 70.000.000:- anuales que se han presupuestado para financiar la Ley 19.992 sobre Pensión de Reparación y Bono.  Esa cuenta debió sacarla el Gobierno, pero….
                                       Víctor Rosas Vergara, abogado,
      Presidente de la Unión de ex Prisioneros Políticos de Chile  (UNExPP)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *